- El Alto Tribunal Andaluz indaga si la Junta incumplió la Ley de Minas en la expropiación de los derechos
- La empresa Qbis reclamó la explotación en 2011
La demandante no sólo reprocha a la Junta de Andalucía su actuación, sino que también critica al Gobierno central que avalase el concurso después de presentar, en un primer momento, un recurso de inconstitucionalidad en la misma línea argumental que plantea la demanda al TSJA.
Ni la Junta podía reservarse los derechos de la mina, insiste la demandante, ni el Gobierno central -que sí tenía competencias- lo hizo. En definitiva, Qbis manifiesta que la explotación de Aznalcóllar no podía sacarse a concurso, porque le correspondía a esta empresa.
Se vulneró, resalta la demanda, tanto la Constitución Española como la Ley de Minas.
«La convocatoria del concurso es ilegal», dijeron fuentes de Qbis Resources, que se mostraron convencidas de que en su día será declarado nulo, lo que supondrá que la Administración andaluza tenga que asumir indemnizaciones «millonarias».
«Las actuales noticias sobre la adjudicación -apostilla esta empresa- son sólo la punta del iceberg de la trama de la reapertura de Aznalcóllar, cuyas últimas consecuencias tardarán en aparecer». Lo harán, añade, cuando «la Justicia acabe su labor, que no ha hecho más que empezar». El TSJA también investiga desde marzo el concurso de Aznalcóllar
http://www.elmundo.es/andalucia/2015/05/22/555ed4ed46163f0d7c8b456b.html
El TSJA también investiga desde marzo el concurso de Aznalcóllar
- El Alto Tribunal Andaluz indaga si la Junta incumplió la Ley de Minas en la expropiación de los derechos
- La empresa Qbis reclamó la explotación en 2011
Las irregularidades en el concurso de adjudicación de la mina de Aznalcóllar podrían ser más y podrían ser anteriores a las que investiga la juez Patricia Fernández a raíz de la denuncia interpuesta por la empresa Emerita Resources. Si la tramitación del concurso estuvo presidida, en palabras de la magistrada, por una «absoluta falta de rigor», el mismo origen del procedimiento llevado a cabo por la Junta de Andalucía pudo estar viciado.
Eso es lo que investiga el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que mantiene abierto un proceso judicial desde el pasado mes de marzo, aunque en el ámbito de la jurisdicción contencioso administrativa, acerca, precisamente, de supuestas irregularidades anteriores en el tiempo a la misma convocatoria del concurso adjudicado, en medio de numerosas sospechas, al grupo cordobés Magtel.
De acuerdo con la documentación a la que ha tenido acceso EL MUNDO de Andalucía, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal andaluz admitió a trámite hace dos meses una demanda interpuesta el 30 de diciembre de 2014 por la empresa Qbis Resources S.L., con sede en España pero de capital australiano, que impugna la propia convocatoria del concurso al entender que éste se basa en un presupuesto que no es real: que los derechos de investigación y explotación de yacimiento de Aznalcóllar pertenecen a la Administración autonómica.
Un mes después, en abril, el TSJA se ratificó en la admisión de trámite de la demanda y rechazó los intentos de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo -que ha llevado el peso del polémico concurso- por cerrar esta vía judicial.
Sostiene Qbis Resources en su demanda que, en realidad, dicho derechos le pertenecen en virtud de la petición que formalmente presentó en el año 2011, cuando la posibilidad de reabrir la mina protagonista del mayor desastre ambiental de Andalucía aún no estaba en la agenda política del PSOE.
Se basa la demandante en dos cuestiones clave. La primera, que la Junta de Andalucía no tiene competencias para reservarse los derechos mineros de Aznalcóllar, unas competencias que, añade, son exclusivos del Gobierno central, por lo que el decreto dictado por el ejecutivo de Susana Díaz en 2013 sería «inconstitucional».
En segundo lugar, señala Qbis que la Junta ignoró el «derecho de preferencia» en la investigación y explotación minera que prevé la vigente Ley de Minas y, en virtud de la cual, correspondería este derecho a la empresa.
Tanto es así, que Qbis Resources, al amparo de la Ley de Minas, solicitó el permiso de investigación en octubre de 2011 y para ello presentó los correspondientes proyectos técnicos, el informe de impacto ambiental y la acreditación de la solvencia técnica y financiera, además de abonar las tasas.Aunque la Junta de Andalucía no se dio por enterada y nunca llegó a contestar.
La demandante no sólo reprocha a la Junta de Andalucía su actuación, sino que también critica al Gobierno central que avalase el concurso después de presentar, en un primer momento, un recurso de inconstitucionalidad en la misma línea argumental que plantea la demanda al TSJA.
Ni la Junta podía reservarse los derechos de la mina, insiste la demandante, ni el Gobierno central -que sí tenía competencias- lo hizo. En definitiva, Qbis manifiesta que la explotación de Aznalcóllar no podía sacarse a concurso, porque le correspondía a esta empresa.
Se vulneró, resalta la demanda, tanto la Constitución Española como la Ley de Minas.
«La convocatoria del concurso es ilegal», dijeron fuentes de Qbis Resources, que se mostraron convencidas de que en su día será declarado nulo, lo que supondrá que la Administración andaluza tenga que asumir indemnizaciones «millonarias».
«Las actuales noticias sobre la adjudicación -apostilla esta empresa- son sólo la punta del iceberg de la trama de la reapertura de Aznalcóllar, cuyas últimas consecuencias tardarán en aparecer». Lo harán, añade, cuando «la Justicia acabe su labor, que no ha hecho más que empezar».
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