El magistrado instructor considera una «contradicción sustancial» del interventor que reconozca que había «riesgo» de menoscabo de fondos y no emitiera informe de actuación.
El fiscal del Tribunal Supremo considera que el fraude de los ERE estaba «casi a la vista» y consideró una «barbaridad» que la Junta otorgara ayudas 'específicas e incondicionadas' y que «nadie» hiciera «nada».
Mas de lo mismo; la Andalucía del "Régimen", con hechos...
¿Qué me dice el fiscal del fraude
monumental al Empleo Público, Admón.. paralela e instrumental, y del dictado de
Ley de Reordenación del Sector Público que pretende la consolidación de la
Administración clientelar del Régimen andaluz, que cuesta al erario público más
de 5.000 millones, y que se mantiene
“sine die” en Andalucía? ¿ Que me dice de que estén sustituyendo a la
Administración constitucional y legítima de base constitucional, “profesional”
y preferentemente funcionarial, por una
Aministración publica regional, con diseño “ad hoc”, clientelar, partidista y
política, de base privada y sistema de acceso privado e irregular, por y para
el sostenimiento del “Régimen andaluz”
.....? Esto ocurre a la vista de todos,
es vox populi, y desde las instituciones y desde la oposición no se
actúa ni protege el interés general....¿Por qué todos, los que están obligados
a actuar y cobran un salario público de las instituciones, lo permiten, miran hacia otro lado y
callan...? ¿Porque todos el dinero vuela, y se flexibilizan los controles, en la Administración clientelar juntera, una vez sale del control de los funcionarios y de la Administración legítima? ¿Porque todos los fraudes aparencen en los entes instrumentales y paralelos; empresas públicas, IDEA, INVERCARIA; FAFFE, EREs (SAE), Consorcios (ALPES)....?
CASO ERE.
El fraude de los
ERE estaba 'casi a la vista', dice el fiscal del Supremo.
- El magistrado instructor considera una «contradicción sustancial» del interventor que reconozca que había «riesgo» de menoscabo de fondos y no emitiera informe de actuación
El fiscal del Tribunal Supremo
considera que el fraude de los ERE estaba «casi a la vista» y consideró
una «barbaridad» que la Junta otorgara ayudas 'específicas e incondicionadas'
y que «nadie» hiciera «nada».
«Decir que no hay menoscabo [de fondos públicos]... Está
casi, casi a la vista», reprochó
el Ministerio Público al ex interventor general Manuel Gómez Martínez cuando
éste declaró como imputado ante el alto tribunal el pasado 28 de abril en la
causa contra los cinco aforados: los ex consejeros José Antonio Viera, Gaspar
Zarrías, Mar Moreno y los citados Chaves y Griñán. Manuel Gómez solicitó
comparecer tras conocer el contenido de las declaraciones de los dos últimos ex
presidentes autonómicos, lo que también pidieron el Ministerio Público y la
acusación popular que ejerce Manos Limpias.
En su interrogatorio, el fiscal hizo diversas preguntas al
compareciente para tratar de conocer las razones por las que éste no llegó
nunca a emitir informe de actuación, recurso
que tiene la Intervención General en caso de apreciar menoscabo de fondos
durante su labor de control. La no emisión de ese informe de actuación es a lo
que se aferran Chaves y Griñán para justificar que no se adoptaran medidas en
su momento.
Gómez Martínez insistió en que el informe de actuación «no
era procedente», que el argumento del informe de actuación es una mera «excusa»
y que los reiterados informes en los que la Intervención ponía de manifiesto
irregularidades en la gestión del programa presupuestario 31L o fondo de reptiles llegaron «hasta tres miembros del
Gobierno». En
su opinión, en esos documentos se ponían de manifiesto circunstancias «lo
suficientemente relevantes como para que ellos hubieran tomado medidas».
El interventor sostuvo que el
fraude de los ERE no se entiende sin tener en cuenta que la
Junta «tomó la decisión» de aprobar en el año 2000 un decreto «que le otorgara
discrecionalidad absoluta para conceder subvenciones a trabajadores de empresas
en crisis, sin límites presupuestarios y sin control de la Intervención».
Manuel Gómez defendió que el hecho de que se
llevara el borrador de norma hasta a tres reuniones de viceconsejeros delata
que se trataba «de una iniciativa de la Presidencia de la Junta de Andalucía y
del Gobierno en su conjunto», al tiempo que recordó que si no se aprobó fue por
que la Intervención «calificó de ilegal dicha pretensión».
El representante del Ministerio Público coincidió con el
interventor en que éste no podía fiscalizar desfavorablemente las
modificaciones presupuestarias porque no había expediente de gasto, pero en
cambio considera que sí
había órdenes de pago «que podían haber sido fiscalizadas».
A este respecto, el fiscal citó parte del
contenido genérico de los convenios -como
el correspondiente a la subvención otorgada al Ayuntamiento de Los Palacios-
que firmaba la Consejería de Empleo con IDEA para que este organismo público
materializara el pago de ayudas 'específica e incondicionadas'.
«Esto es una barbaridad y nadie hace nada, ni usted tampoco (...)
Esto no sé si es normal, yo creo que es inadmisible», reprochó el Ministerio
Público. Y añadió: «¿No conlleva esa
concesión ya directamente en sí un menoscabo de fondos públicos?».
Ante esta pregunta, el
imputado recordó que la ley obliga a «cualquier interventor» que detecte un
caso de menoscabo a ponerlo en conocimiento del consejero de Hacienda. Por ello, si hubiera sido «realmente un fraude»,
cualquier persona «con facultades» lo habría hecho y no se hizo. «No había
elementos para emitir un informe de actuación por causa de menoscabo», recalcó.
En su turno, el magistrado instructor también incidió sobre
la cuestión del informe de actuación. Alberto Jorge Barreiro defendió que para
que se aprecie posible menoscabo de fondos basta un «mero riesgo» (a futuro) y
no un «daño efectivo» (pasado).
En este punto, el juez llamó la atención sobre la
«contradicción» en la que incurre Manuel Gómez: éste reconoció ante Alaya en
2013 que la forma en que la Dirección General de Trabajo de gestionar las
ayudas entrañaba un «riesgo» pero no emitió informe de actuación. «No voy a
incidirle más en el tema, simplemente quería ponerle de manifiesto una
contradicción que considero sustancial en todas sus tesis», apostilló.
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