miércoles, 27 de mayo de 2015

El fraude de los ERE estaba 'casi a la vista', dice el fiscal del Supremo; ¿una barbaridad que nadie hiciera nada? = es simple y claro “la Junta colabora con quien colabora” y si actúas, vienen las consecuencias, ver enlaces, la “maldad del Régimen” + editorial “ A vuelta de página. Alaya o la soledad en el laberinto”; Cómo se explican las maniobras judiciales para apartar a la Ilma. Juez Alaya de las 3 macrocausas que instruye contra la Junta?. Conclusión: Andalucía es un Régimen; permitir su continuidad inadmisible.

El magistrado instructor considera una «contradicción sustancial» del interventor que reconozca que había «riesgo» de menoscabo de fondos y no emitiera informe de actuación.

Manuel Gómez (derecha) llega al Supremo para declarar el pasado 28 de...

El fiscal del Tribunal Supremo considera que el fraude de los ERE estaba «casi a la vista» y consideró una «barbaridad» que la Junta otorgara ayudas 'específicas e incondicionadas' y que «nadie» hiciera «nada».




 Mas de lo mismo;  la Andalucía del "Régimen", con hechos...



¿Qué me dice el fiscal del fraude monumental al Empleo Público, Admón.. paralela e instrumental, y del dictado de Ley de Reordenación del Sector Público que pretende la consolidación de la Administración clientelar del Régimen andaluz, que cuesta al erario público más de 5.000 millones,  y que se mantiene “sine die” en Andalucía? ¿ Que me dice de que estén sustituyendo a la Administración constitucional y legítima de base constitucional, “profesional” y preferentemente funcionarial,  por una Aministración publica regional, con diseño “ad hoc”, clientelar, partidista y política, de base privada y sistema de acceso privado e irregular, por y para el sostenimiento del “Régimen andaluz”  .....? Esto ocurre a la vista de todos,  es vox populi, y desde las instituciones y desde la oposición no se actúa ni protege el interés general....¿Por qué todos, los que están obligados a actuar y cobran un salario público de las instituciones,  lo permiten, miran hacia otro lado y callan...? ¿Porque todos el dinero vuela, y se flexibilizan los controles, en la Administración clientelar juntera,  una vez sale del control de los funcionarios y de la Administración legítima? ¿Porque todos los fraudes aparencen en los entes instrumentales y paralelos; empresas públicas, IDEA, INVERCARIA; FAFFE, EREs (SAE), Consorcios (ALPES)....?





CASO ERE.

El fraude de los ERE estaba 'casi a la vista', dice el fiscal del Supremo.

  •  El magistrado instructor considera una «contradicción sustancial» del interventor que reconozca que había «riesgo» de menoscabo de fondos y no emitiera informe de actuación

 Manuel Gómez (derecha) llega al Supremo para declarar el pasado 28 de...

El fiscal del Tribunal Supremo considera que el fraude de los ERE estaba «casi a la vista» y consideró una «barbaridad» que la Junta otorgara ayudas 'específicas e incondicionadas' y que «nadie» hiciera «nada».

«Decir que no hay menoscabo [de fondos públicos]... Está casi, casi a la vista», reprochó el Ministerio Público al ex interventor general Manuel Gómez Martínez cuando éste declaró como imputado ante el alto tribunal el pasado 28 de abril en la causa contra los cinco aforados: los ex consejeros José Antonio Viera, Gaspar Zarrías, Mar Moreno y los citados Chaves y Griñán. Manuel Gómez solicitó comparecer tras conocer el contenido de las declaraciones de los dos últimos ex presidentes autonómicos, lo que también pidieron el Ministerio Público y la acusación popular que ejerce Manos Limpias.

En su interrogatorio, el fiscal hizo diversas preguntas al compareciente para tratar de conocer las razones por las que éste no llegó nunca a emitir informe de actuación, recurso que tiene la Intervención General en caso de apreciar menoscabo de fondos durante su labor de control. La no emisión de ese informe de actuación es a lo que se aferran Chaves y Griñán para justificar que no se adoptaran medidas en su momento.

Gómez Martínez insistió en que el informe de actuación «no era procedente», que el argumento del informe de actuación es una mera «excusa» y que los reiterados informes en los que la Intervención ponía de manifiesto irregularidades en la gestión del programa presupuestario 31L o fondo de reptiles llegaron «hasta tres miembros del Gobierno». En su opinión, en esos documentos se ponían de manifiesto circunstancias «lo suficientemente relevantes como para que ellos hubieran tomado medidas».

El interventor sostuvo que el fraude de los ERE no se entiende sin tener en cuenta que la Junta «tomó la decisión» de aprobar en el año 2000 un decreto «que le otorgara discrecionalidad absoluta para conceder subvenciones a trabajadores de empresas en crisis, sin límites presupuestarios y sin control de la Intervención». Manuel Gómez defendió que el hecho de que se llevara el borrador de norma hasta a tres reuniones de viceconsejeros delata que se trataba «de una iniciativa de la Presidencia de la Junta de Andalucía y del Gobierno en su conjunto», al tiempo que recordó que si no se aprobó fue por que la Intervención «calificó de ilegal dicha pretensión».

El representante del Ministerio Público coincidió con el interventor en que éste no podía fiscalizar desfavorablemente las modificaciones presupuestarias porque no había expediente de gasto, pero en cambio considera que sí había órdenes de pago «que podían haber sido fiscalizadas».

A este respecto, el fiscal citó parte del contenido genérico de los convenios -como el correspondiente a la subvención otorgada al Ayuntamiento de Los Palacios- que firmaba la Consejería de Empleo con IDEA para que este organismo público materializara el pago de ayudas 'específica e incondicionadas'.

«Esto es una barbaridad y nadie hace nada, ni usted tampoco (...) Esto no sé si es normal, yo creo que es inadmisible», reprochó el Ministerio Público. Y añadió: «¿No conlleva esa concesión ya directamente en sí un menoscabo de fondos públicos?».

Ante esta pregunta, el imputado recordó que la ley obliga a «cualquier interventor» que detecte un caso de menoscabo a ponerlo en conocimiento del consejero de Hacienda. Por ello, si hubiera sido «realmente un fraude», cualquier persona «con facultades» lo habría hecho y no se hizo. «No había elementos para emitir un informe de actuación por causa de menoscabo», recalcó.

En su turno, el magistrado instructor también incidió sobre la cuestión del informe de actuación. Alberto Jorge Barreiro defendió que para que se aprecie posible menoscabo de fondos basta un «mero riesgo» (a futuro) y no un «daño efectivo» (pasado).


En este punto, el juez llamó la atención sobre la «contradicción» en la que incurre Manuel Gómez: éste reconoció ante Alaya en 2013 que la forma en que la Dirección General de Trabajo de gestionar las ayudas entrañaba un «riesgo» pero no emitió informe de actuación. «No voy a incidirle más en el tema, simplemente quería ponerle de manifiesto una contradicción que considero sustancial en todas sus tesis», apostilló.

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