De risa, prosigue el circo = Dos ex viceconsejeros sostienen que los consejillos no tomaban decisiones políticas. Menuda falacia, políticos “convertidos” en técnicos por designación regía y “varita mágica” del Consejo de Gobierno, - art. 27.2f) de la Ley 9/2007, Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía- que no exige la condición de funcionario, para ocupar el cargo de Viceconsejero, y permite por criterios políticos asumir la jefatura de personal de las Consejerías = Dios mío, ¿En manos de quien estamos....?

• Dos ex altos cargos avalan la teoría de Zarrías sobre su función en los ERE

Y este modelo, de designación política, discrecional y “por varíta mágica”, para convertirla en “técnica”,  es el que se instaura y repite en la Administración juntera instrumental y paralela; porque en Andalucía para mandar vale cualquiera, solo basta que lo decida  “discrecionalmente” el Régimen. -¿La Junta colabora con quien colabora?-.

http://politica.elpais.com/politica/2015/05/05/actualidad/1430831254_211469.html

Dos ex altos cargos avalan la teoría de Zarrías sobre su función en los ERE

• Dos ex viceconsejeros sostienen que los consejillos no tomaban decisiones políticas

 Dos ex altos cargos andaluces han sostenido este jueves ante el magistrado que instruye el caso de los ERE en el Tribunal Supremo que la Comisión General de Viceconsejeros, los llamados consejillos, nunca debatió una decisión relacionada con las ayudas sociolaborales que en las que, presuntamente, se produjeron irregularidades. Los dos ex altos cargos han comparecido como testigos a petición de la defensa del exconsejero de la Presidencia Gaspar Zarrías, imputado por el alto tribunal y al que Mercedes Alaya señala por presidir la reunión semanal de viceconsejeros, en la que, según la juez, se aprobaron modificaciones presupuestarias y otros asuntos relacionados con las ayudas.

El instructor Alberto Jorge Barreiro interrogó como testigos a Luis García Garrido, consejero de Obras Públicas en el último Gobierno de Manuel Chaves, pero que estaba citado, sobre todo, por su papel como viceconsejero de este departamento entre 2000 y 2008; y a José María Oliver Pozo, que fue secretario general técnico de la Consejería de la Presidencia y secretario de los consejillos. Los dos ex altos cargos, que no están imputados por Alaya, comparecieron como testigos a petición de la defensa del exconsejero de la Presidencia Gaspar Zarrías, imputado por el alto tribunal y al que Mercedes Alaya señala por presidir la reunión semanal de viceconsejeros, en la que, según su versión, se aprobaron asuntos relacionados con las ayudas.

Como ya argumentara Zarrías en su declaración ante Barreriro, los dos exviceconsejeros recalcaron que en los consejillosno había debate político, sino técnico. Y en el caso de las modificaciones presupuestarias, como las que se emplearon para alimentar el fondo de los ERE, nunca se discutían en estas reuniones porque era un tema interno de cada consejería, según las fuentes consultadas. En el caso de las modificaciones presupuestarias, como las que se emplearon para alimentar el fondo de los ERE, sostuvieron que nunca se discutían en estas reuniones porque era un tema interno de cada consejería. García Garrido y Oliver aseguraron que Zarrías nunca intentó imponer un criterio sobre el resto de miembros de la comisión para agilizar las ayudas a determinadas empresas.

Ambos explicaron también que las transferencias de financiación, el instrumento mediante el que se pagaban las ayudas y que Alaya cree “ilegal”, es “habitual” en las Administraciones y que nunca hubo polémica sobre estas en la Junta.

Parte del interrogatorio al segundo testigo, José María Oliver Pozo, que fue secretario general técnico de la Consejería de la Presidencia y secretario de la Comisión General de Viceconsejeros, se ha centrado en conocer por qué nunca se aprobó un proyecto de decreto para regular las ayudas sociolaborales que estuvo en varias ocasiones sobre la mesa de los consejillos pero no salió adelante. Oliver ha explicado que el proyecto nunca llegó a debatirse y, pasado un año, fue devuelto a la consejería de Empleo, la que lo había impulsado. Esta situación es, según el ex alto cargo, relativamente frecuente con proyectos normativos.