- PP, Ciudadanos y Podemos rompen las negociaciones hasta que se aclare el escándalo
- La presidenta frena la adjudicación
- Su equipo pone "la mano en el fuego" por su legalidad
Concurso
El 'caso
Aznalcóllar' dinamita la investidura de Susana Díaz
- PP, Ciudadanos y Podemos rompen las negociaciones hasta que se aclare el escándalo
- La presidenta frena la adjudicación
- Su equipo pone "la mano en el fuego" por su legalidad
La revelación por EL
MUNDO del demoledor auto judicial del caso Aznalcóllar, que resalta los
indicios de un amaño en el concurso minero fallado por la Junta de Andalucía el
pasado mes de febrero, ha dinamitado las negociaciones para la investidura como
presidenta de la socialista Susana Díaz. Ni
siquiera su anuncio de que ha ordenado paralizar temporalmente la adjudicación
satisfizo a los grupos de la oposición parlamentaria, que admiten que este
escándalo afecta al proceso para constituir el nuevo Gobierno andaluz.
La investidura de Susana Díaz está más en el aire que nunca. El PP directamente
se negaba ayer a sentarse con los socialistas hasta que la presidenta en
funciones no dé explicaciones al Parlamento. Podemos
exige "hechos" ante el "nuevo
bochorno", mientras Ciudadanos admite que, "sin duda", el caso Aznalcóllar
complica el desbloqueo parlamentario e Izquierda
Unida destaca que la adjudicación
"fraudulenta" se produjo a los tres días de expulsarlos Díaz del
Gobierno andaluz.
El líder de la oposición y presidente del PP andaluz, Juan Manuel
Moreno, fue quien anunció el plante al PSOE, invitando
a la dirigente socialista a dar explicaciones hoy mismo ante el Parlamento
aprovechando la tercera votación para la investidura en la Cámara. "Ya no puede esconderse ni mirar para otro lado: no estamos hablando de etapas pasadas ni de la gestión del
señor Chaves o el señor Griñán, han sido ella y su Administración quienes propiciaron ese
concurso público a escasas semanas de unas elecciones autonómicas", subrayó Moreno.
"Hasta que no sepamos qué
ha sucedido y tengamos transparencia e información, no es el momento oportuno para
seguir negociando», añadió el
máximo dirigente del PP andaluz, que emplazó a Díaz a explicar hoy mismo ante
el Parlamento "qué ha pasado con este concurso de las minas de
Aznalcóllar, por qué no ha habido rigor en los procedimientos
administrativos, por qué una vez más estamos bajo la
sospecha de irregularidades en esos procedimientos, por qué una vez más se
empieza a hablar de amigos del PSOE que salen beneficiados de concursos
públicos y por qué una vez más estamos ante una enorme sombra de duda en toda
la gestión socialista en la Junta de Andalucía".
Susana Díaz es tan consciente de la difícil tesitura política
en la que la deja el caso Aznalcóllar que, mientras los responsables de la Dirección General de Minas se afanaban
en dar explicaciones, anunciaba ayer mismo que ha "mandatado" al
consejero de Economía en funciones, José Sánchez Maldonado, para que
"paralice" con la ayuda de los servicios jurídicos "cualquier
concesión que esté bajo sospecha de cualquier juez".
"Es lo que tenemos que hacer siempre: en cualquier
procedimiento, cualquier concurso y cualquier causa", aseguró Díaz,
agregando su latiguillo favorito:
"Si al final del procedimiento resulta alguna ilegalidad o irregularidad,
no tengan duda de que haré como siempre: no me va a temblar el pulso y seré
implacable".
La Consejería de Economía trabaja ahora a marchas forzadas
para cumplir la contraorden de Díaz. No obstante, en este departamento de la
Junta están convencidos de que el procedimiento cuestionado por la juez de
Instrucción número 3 de Sevilla fue legal y transparente. Más allá, el
secretario general de Industria y Minas, Vicente Fernández, y la directora
general, María José Asensio, ponen "la mano en el fuego" por este
concurso "innovador".
Las irregularidades múltiples que ha encontrado la
magistrada instructora en el procedimiento -llega a afirmar que la Junta actuó
"sin ningún rigor"- sería fruto de que "no entiende" el
procedimiento por su "complejidad". Es "lógico", señalaron
los dos altos cargos del Gobierno en funciones de Díaz, que "surjan
dudas" que, en todo caso, los técnicos de la Junta resolverán sin
problema.
Fernández y Asensio, que comparecieron ante la prensa de
manera urgente, achacaron el durísimo contenido del auto dictado por la juez
Patricia Fernández a la precipitación de una investigación que,
destacaron, se encuentra en una fase muy inicial y en la que aún no se ha oído
a los especialistas de la Consejería de Economía que han diseñado y tramitado
el concurso para adjudicar los derechos mineros del yacimiento de Aznalcóllar.
"Entiendo que la documentación a que se refiere este
auto tiene una extraordinaria complejidad técnica; manejar eso es muy
complejo", manifestó la directora general de Minas. "De aquí a cuatro
o cinco días, cuando tenga la juez toda la información de los técnicos, las
cosas estarán mucho más claras", pronosticó.
Si la presidenta en funciones ha
decidido frenar la adjudicación ha sido "por prudencia", justificó el secretario general de
Industria, "para que todo sea lo más exquisito posible", pero no porque haya siquiera un
atisbo de duda acerca de la legalidad de todos y cada uno de los trámites.
"Esperemos que sea el mínimo tiempo
posible", confió Fernández.
La paralización, recalcó, es
completamente voluntaria, ya que el auto de la juez no la ordena.
Tanto Vicente Fernández como María José Asensio defendieron
que todos y cada uno de los incumplimientos del pliego de condiciones que la
magistrada atribuye a Minorbis-Grupo México -por los que apunta que no debería
haber superado ni la primera fase del concurso- no serían tales. La filial de
Magtel, insistieron, no sólo cumplía todos los requisitos, sino que presentó la
«mejor» oferta y por eso ganó. «No ha habido otro concurso con mayor
transparencia», enfatizó Vicente Fernández, que mostró su convencimiento de que
el caso será finalmente archivado.
La extraña llamada
En relación a la llamada que la denunciante, la empresa
Emerita Resources, dice que recibió en su sede del secretario general después
que se la anunciara el presidente de Magtel para demostrar que él iba a ganar
el concurso, Fernández no negó ayer que la realizara, aunque explicó que en aquellos
momentos se hablaba «con muchas empresas» pero
sólo para informarles del procedimiento y los requisitos, en ningún caso para
darles indicaciones. Y si, como dice Emerita, el representante de Magtel llegó
a presumir de que tenía la "llave" del concurso, a Fernández no le
consta y "no lo hubiese consentido".
Acerca de algunos de los incumplimientos que enumera la juez
en su auto, los dos altos cargos de la Junta sostienen que, por ejemplo,
Minorbis no tenía obligación de presentar las cuentas en el Registro Mercantil
y que el contrato con Grupo México tampoco era exigible en un primer momento.
De hecho, el consorcio ganador habría entregado esta misma semana toda la
documentación necesaria en el mismo momento en que han notificado oficialmente
la aceptación de la adjudicación.
Por lo que se refiere a la
vinculación de Magtel con el ex alto cargo de la Junta Andrés Luque, Vicente Fernández entiende que no hay
incompatibilidad en su contrato con el grupo cordobés y que, en cualquier caso,
ya estaba fuera cuando se presentó al concurso. "¿Qué relevancia tiene
esto?", cuestionó.
En cuanto al negro historial de
Grupo México -ha protagonizado el
mayor desastre medioambiental en la historia de aquel país-, Asensio afirmó que
prefirieron garantizar que no se dé un nuevo accidente como el de 1998 a
examinar el historial de las empresas que concurrían al proceso.
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