- La Junta adjudicó la mina a sabiendas de que las firmas no eran originales
AZNALCÓLLAR.
'Nuevas revelaciones
La Policía
sospecha que la firma del Grupo México fue falsificada
- La Junta adjudicó la mina a
sabiendas de que las firmas no eran originales
El Gobierno de Susana
Díaz adjudicó los derechos de explotación de la mina de Aznalcóllar (Sevilla)
el pasado mes de marzo a sabiendas no sólo de que la adjudicataria incumplía los
requisitos que ella misma había establecido -según
la juez-, sino que, además,
estaba al tanto de que en el proyecto ganador presentado por Minorbis-Grupo
México podía haber documentos falsificados.
Así lo refleja el informe de la Brigada de Policía Judicial
del Cuerpo Nacional de Policía de Sevilla remitido al Juzgado de Instrucción
número 3 el pasado 23 de abril, en el que los investigadores
ponen en duda la autenticidad de parte de la documentación presentada por la
filial del grupo cordobés Magtel, con estrechos vínculos con los sucesivos
gobiernos socialistas. En concreto, de
los escritos con los que la adjudicataria acreditó su alianza con la
multinacional mexicana que debía aportar la experiencia y la capacidad de la
que la empresa española carece.
El atestado -en el que se ha basado la juez Patricia
Fernández para concluir que la Junta no observó "ningún rigor" en el
concurso- arroja serias dudas sobre el supuesto consorcio internacional al que
la Administración andaluza ha concedido la explotación de Aznalcóllar los
próximos 30 años.
El informe, al que ha tenido acceso EL MUNDO, se basa, entre
otras cosas, en las propias sospechas de la comisión técnica
que valoró las propuestas y que hizo constar sus "dudas" acerca de la
originalidad de las firmas del supuesto representante del Grupo México en este
proyecto.
Así lo reflejan los técnicos
designados por la Junta de Andalucía en las actas correspondientes al 12 de
mayo de 2014 acerca de las respuesta recibidas por la adjudicataria a los
requerimientos que ya le
habían efectuado ante los incumplimientos detectados en una fase previa,
incluida, precisamente, la teórica alianza entre la cordobesa Magtel y la
mexicana.
La comisión técnica llegó a reclamar a Minorbis una ratificación de los
documentos en los que aparecían las firmas de cuya originalidad dudaba, pero -destacan los investigadores en su informe- dicha ratificación no
llegó jamás a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo,
a la que Susana Díaz encomendó el concurso de
Aznalcóllar.
Otras
irregularidades
A las sospechas de una supuesta falsificación de las firmas
suma la Policía Nacional otras irregularidades en el proyecto que acrecientan
las dudas sobre la presencia real de Grupo México en el mismo. Como que no se cumpla la exigencia de aportar el informe
expedido por la Oficina Consular de España en México respecto a la capacidad de
la multinacional minera. O que no se satisfaga el requerimiento de detallar el
compromiso de inversión de cada una de las partes.
Visto todo lo anterior, los investigadores se muestran convencidos de que Magtel no
contaba con el respaldo de la multinacional mexicana cuando se presentó al
concurso y tampoco cuando lo ganó. Dice literalmente la Policía Nacional que
"no puede entenderse de ninguna manera que el Grupo México respalde
económica, financiera y técnicamente a Minorbis".
En esta línea, la Policía resalta cómo la
Dirección General de Minas, responsable
directa del concurso minero, pasó por alto todos estos incumplimientos de la
oferta de Magtel,
una magnanimidad que no mostró con otra de las
aspirantes, la empresa belga-australiana Nyrstar, a la que sí apartó del
proceso.
En cuanto a la objetividad de la
comisión técnica que valoró las propuestas, el atestado policial hace un profundo análisis que forma
parte de las actuaciones judiciales en marcha. Y las conclusiones no son, ni
mucho menos, positivas.
Los investigadores
reflejan cómo en no pocas ocasiones realizaron valoraciones irregulares
que, siempre, beneficiaron a Magtel.
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