- La Confederación del Guadalquivir se lo advirtió ya en febrero de 2014
- La directora de Minas respondió el mismo día que resolvió el concurso investigado
CASO AZNALCÓLLAR.
La Junta sabía que no había agua un año antes de adjudicar
Aznalcóllar
- La Confederación del Guadalquivir se lo advirtió ya en febrero de 2014
- La directora de Minas respondió el mismo día que resolvió el concurso investigado
El 25 de febrero de 2015 la
Dirección General de Industria, Energía y Minas adjudicó los derechos de
explotación de la mina de Aznalcóllar al consorcio formado por Minorbis (filial
de Magtel) y la multinacional Grupo Mexico por un periodo de 30 años. Lo hizo a
sabiendas de que la extracción de mineral era poco menos que inviable porque no
había agua disponible para el procesamiento del metal obtenido.
La Junta de Andalucía no sólo conocía el problema del agua el
día que adjudicó la mina, sino desde un año antes. Así lo acredita la documentación oficial a la que ha tenido
acceso EL MUNDO de Andalucía y que demuestra que la Administración autonómica
pudo ocultar información durante el procedimiento administrativo que derivó en
la adjudicación del yacimiento.
La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) remitió
el 19 de febrero de 2014 un oficio a la Consejería de Economía, Innovación,
Ciencia y Empleo firmado por el comisario de Aguas, Rafael Álvarez, en el que
éste advertía de que el agua del embalse
del río Agrio -con la que funcionó la mina de Aznalcóllar hasta su cierre por
el desastre ambiental de 1998- ya no estaba disponible al haber sido asignada a
otros usos, tanto industriales como energéticos y agrícolas.
En el oficio, el comisario de Aguas de la CHG explica a la Junta
que el Ministerio de Medio Ambiente anuló el 8 de abril de 2005 los derechos de
uso de las aguas del Agrio a favor de Boliden Apirsa, la multinacional sueca que tenía la concesión de la mina de
Aznalcóllar cuando se rompió la balsa de residuos y se produjo el vertido
tóxico que llegó a amenazar al Parque de Doñana.
Iniciativa de la
CHG
En ese mismo acto, Medio Ambiente revirtió a la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir la presa y las instalaciones
adyacentes y en virtud del Plan Hidrológico de la Demarcación del Guadalquivir,
de 2013, se asignó el agua a otros usos.
El escrito lo remitió la CHG por
iniciativa propia tras tener conocimiento de la convocatoria del concurso y sin
que la Junta andaluza se hubiese interesado siquiera previamente por la
situación de los recursos hídricos necesarios para reabrir la mina.
De hecho, la CHG no recibió la primera noticia del gobierno
de Susana Díaz hasta el mismo día en que resolvió el concurso que actualmente
investiga el Juzgado de Instrucción 3 de Sevilla.
Ese día, el 25 de febrero pasado, la directora general de
Minas, María José Asensio -a la que la
juez Patricia Fernández señala como la máxima responsable de las irregularidades
en el concurso- envía una carta
a la CHG en la que se limita a solicitar «colaboración sobre cualquier
circunstancia que deba ser considerada en el ámbito de las competencias que su
institución tiene atribuidas».
En especial se refiere al cambio de titularidad de la
autorización de vertido otorgada por la Confederación. De la disponibilidad de recursos hídricos Asensio no dice ni
una sola palabra.
La que sí aportó una
solución a la falta de agua fue la empresa Emerita Resources -la otra aspirante a la mina que llevó
ante los tribunales el concurso- que contaba con el visto bueno de la propia
CHG y que
consistía en ampliar el embalse del Agrio.
En relación a este asunto, Ecologistas en Acción denunció
ayer que el «aparente olvido» de la Junta al licitar la mina sin que haya agua
disponible «demuestra la prepotencia» del Gobierno andaluz y el «afán
electoralista» de este concurso minero internacional.
El responsable de minas de Ecologistas en Acción, Antonio
Ramos, denunció que esta circunstancia evidencia, en su opinión, que la Junta
«ha apostado una vez más por la política de hechos consumados» en este concurso
minero, un «proyecto irrealizable» impulsado «por puro afán electoralista y que
juega con la ilusión de toda una comarca».
Para Ramos, a las «irregularidades» en el concurso, que
investiga un juzgado sevillano, «habría que añadir la principal y es que se ha fomentado la puesta en marcha de un proyecto
inviable por falta de uno de los recursos clave: el agua».
Por su parte, la consejera de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio en funciones, María Jesús Serrano, pidió ayer prudencia a la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir» a la hora de valorar si hay agua
suficiente para explotar la mina de Aznalcóllar, informa Mª Amelia Brenes.
«Hay que ser prudente y cautelosos en este tema», señaló a
preguntas de los periodistas de Jaén, asegurando que «no se puede frenar el
desarrollo de una comarca, la oportunidad de generar empleo, de esta forma y a
la ligera». Recordó, asimismo, que «lo único que se ha hecho es una
adjudicación de los derechos mineros, que además está suspendida porque así lo
ha determinado la presidenta».
«Ellos son los competentes en la cuenca del Guadalquivir y
tendrán que estudiar, cuando se presente el proyecto de ejecución y de
explotación, cuáles son los recursos que necesita, porque hasta ahora mismo no
se ha presentado», insistió.
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