- La Policía cree que trató de 'blanquear' fondos desviándolos a Chile
FRAUDE
EN LA FORMACIÓN
Buscan el dinero de los cursos de Ojeda en
un banco luxemburgués
- La Policía cree que trató de 'blanquear' fondos desviándolos a Chile
- El juez ordenó el bloqueo de las cuentas, pero ya estaban sin saldo
El juez de Cádiz que imputó al ex consejero Ángel Ojeda por
las ayudas de la Junta a su entramado de fundaciones y empresas para formar a
los ex trabajadores de Delphi ordenó el bloqueo y embargo preventivo de las cuentas que aquél tenía
en un banco luxemburgués para evitar la posible evasión de fondos. Cuando se cursó la orden, las cuentas estaban ya sin saldo.
Así lo acordó el titular del Juzgado de Instrucción 2 de
Cádiz, Miguel Ángel López Marchena, en un auto dictado el pasado 10 de febrero
en el que accedía a la petición del Ministerio Fiscal, tras conocer
un informe elaborado por la Unidad Central contra Delincuencia Económica y
Fiscal (UCDEF) de la Policía Nacional en
el que se describía una «operativa sospechosa» para el desvío de fondos por
parte de la red empresarial de Ojeda.
El pasado 21 de agosto, la Unidad Central de Inteligencia
Criminal informó a los investigadores del caso de la existencia de cuentas
corrientes y de valores a nombre de siete empresas controladas por el ex
consejero andaluz de Hacienda -Prescal SL, Itisa Inspecciones Técnicas
Internacionales SA, Quality&International Aeronautical Services SL, Prescal
Prevención SL, Educanet SL, Agrupación de Ingenierías Aeronáuticas SL y
Agrupación de Empresas Aeronáuticas de Andalucía SL- en la sucursal española
del EFG Bank de Luxemburgo y que se abrieron en mayo de 2011.
Fondo de inversión
Según detalla la UCDEF en un informe fechado el 17 de
septiembre de 2014, al que ha tenido acceso EL MUNDO de Andalucía, cada una de
esas sociedades mantenía una cuenta abierta en dicha entidad financiera por importes
que llegaron a oscilar entre los 306.000 y 1.614.000 euros, hasta un total de
4.252.000 euros. Esas cantidades se destinaron a un fondo de inversión de
capital variable denominado A&G Global Sicav Durganvan Fund y gestionado
por A&G Luxembourg AM SA.
Meses después, en marzo de 2012, el total de las
participaciones en dicho fondo de inversión (4,25 millones de euros) se pignoró
para garantizar un crédito ante la misma entidad a favor de Prescal SL por 3,8
millones para financiar su proceso de expansión internacional.
La Policía ha rastreado los movimientos y ha constatado que,
de esos 3,8 millones, la mitad se inyectó a su filial chilena en dos
transferencias: una de 1,1 millones realizada el 26 de mayo de 2014 y otra de
800.000 euros el 10 de julio del mismo año, semanas antes de la detención de
Ojeda cuando veraneaba en su casa de Sanlúcar de Barrameda.
Los investigadores policiales creen que esos fondos
fraccionados a nombre de las diversas empresas del grupo e invertidos en
un fondo de inversión en una entidad financiera «con un
sistema bancario cuanto menos opaco» tendrían como fin presuntamente «ocultar y
posiblemente tratar de blanquear» los beneficios obtenidos con las subvenciones
concedidas por la Junta para cursos de formación.
Atendiendo a las fechas de las transferencias a Chile, los agentes de
la UCDEF sospechan que Ojeda trataba de ejecutar una «evasión» de los fondos
que controlaba en España o terceros países «a fin de ponerlos a salvo de una
posible investigación contra su persona, sus empresas o sus bienes».
El último movimiento en las cuentas abiertas en el banco
luxemburgués tuvo lugar el 29 de agosto de 2014, tres semanas después de su
puesta en libertad con cargos. Ese día se ejecutó el reembolso de las últimas
participaciones que mantenía en el citado fondo de inversión por 300.000 euros,
transfiriéndose el dinero a una cuenta de Prescal en el Banco Popular.
Frente a la tesis de la Policía, la defensa del ex consejero
-dirigida por el abogado Juan Carlos Alférez- explicó en un escrito presentado
en el juzgado gaditano el pasado 19 de noviembre que la apertura de un depósito
en el EFG Bank obedecía a razones «exclusivamente empresariales», dada la
previsión de que entrara en vigor un euro a dos velocidades -«el euro norte y
el euro latino»- y de las «ventajosas condiciones financieras» que ofrecía esta
entidad.
El ex consejero defendió que el fondo se abrió «con total
transparencia» y que el dinero procedía de «las operaciones de tesorería y
circulantes propios y normales de las actividades de las empresas», que
impartió formación subvencionada por la Junta y prestó servicios a numerosas
empresas privadas.
«El dinero nunca salió de España, pues, si bien inicialmente
tuvo un depósito legal en el extranjero, llegó a España inmediatamente a través
del préstamo. La operación fue totalmente transparente y legítima, y bajo la
estricta aplicación de la normativa bancaria y legal nacional», mantuvo Ojeda
en su escrito.
El antiguo consejero detalló que, a mediados del pasado año,
optó por cancelar tanto el depósito como el crédito garantizado por éste «al
cambiar las circunstancias financieras» y que el dinero se dedicó «a las
actividades operativas normales del grupo de empresas». «Nada se ha ocultado,
todo tiene perfecto acomodo en la más estricta y normal actuación dentro del
marco legislativo de aplicación», agregó.
Ojeda sostiene que movió 72 millones de euros entre ayudas
de la Junta y facturación a empresas privadas entre 1996 y 2007 y que,
aplicando un beneficio industrial del 15%, «tiene plena y perfecta explicación»
haber ganado los tres millones de euros transferidos a Chile en su proceso de
internacionalización.
A petición de la UCDEF, el Juzgado de Instrucción 2 de Cádiz
también libró a finales de enero mandamientos al Banco Popular, Banco
Santander, BBVA y Caixabank para que aportaran a los investigadores toda la
información existente en sus archivos sobre las cuentas bancarias a nombre de
las empresas de Ojeda, aunque ya estén canceladas. Los agentes trataban
así de seguir el rastro del dinero manejado por el entramado del ex consejero,
en gran parte procedente de fondos públicos.
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