- Indicios de malversación contra el líder de CCOO-A DE Andalucía, Francisco Carbonero
La Guardia Civil ha encontrado «indicios suficientes» contra dirigentes políticos y sindicales por el ERE de la minería de Huelva, entre ellos el ex consejero de Empleo y actual diputado en el Congreso, José Antonio Viera; el secretario general de CCOO de Andalucía, Francisco Carbonero, y el ex secretario general de UGT de Andalucía Manuel Pastrana.
Nuevas revelaciones
Los ERE 'compraban
el favor popular'
- Indicios de malversación contra el líder de CCOO-A DE Andalucía, Francisco Carbonero
La Guardia Civil ha
encontrado «indicios suficientes» contra dirigentes políticos y sindicales por
el ERE de la minería de Huelva, entre ellos el ex consejero de Empleo y actual
diputado en el Congreso, José Antonio Viera; el secretario general de CCOO de
Andalucía, Francisco Carbonero, y el ex secretario general de UGT de Andalucía
Manuel Pastrana.
El equipo de Delitos Económicos y Tecnológicos de la Unidad
Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Huelva acusa a la Junta
de Andalucía de «comprar el favor popular» mediante el fondo de reptiles, «un
atajo que le permitía gastar los fondos públicos con un importante grado de
arbitrariedad».
Los agentes se muestran sorprendidos por las «innumerables
irregularidades» existentes en las prejubilaciones de la Faja Pirítica de
Huelva, uno de los ERE más numerosos y costosos de los financiados por la Junta
de Andalucía.
Les sorprende que
«se utilizaran unos procedimientos ilegales para la concesión de unas ayudas
que tenían su cabida legal, tal y como lo realizó la administración estatal».
En ese sentido, la Guardia Civil
desmonta uno de los argumentarios recurrentes para el PSOE, para el Gobierno
andaluz y para destacados imputados como Manuel Chaves, que se han defendido
alegando que en el ERE de la minería de Huelva, además de la Junta, participó
al 50% el Ministerio de Trabajo entonces del PP.
Para la Guardia Civil, la
actuación del Gobierno central fue escrupulosa, cumpliendo no solamente la ley sino los plazos de pago del
dinero comprometido, a pesar de haberse ceñido al «encorsetamiento» de la ley y no haber
dispuesto de un «atajo» como la Junta de Andalucía que, pese a ello, tardó
nueve años en pagar unos fondos que debería haber desembolsado en sólo tres,
debiendo correr con los correspondientes intereses de demora.
Los agentes concluyen que hay indicios de
prevaricación y malversación de fondos contra tres políticos. Además de
Viera, que fue consejero de Empleo y
Desarrollo Tecnológico cuando se firmaron los acuerdos y cuando la Junta
decidió «desmarcarse» del Ministerio de Trabajo en cuanto al cumplimiento de la
ley, implican a los ex directores
generales de Trabajo y Seguridad Social Javier Guerrero y Juan Márquez, todos
del PSOE.
También encuentra «indicios suficientes», en este caso sólo de un supuesto delito de malversación,
en los dirigentes de CCOO Francisco
Carbonero, Rafael Varea y Roberto Carmona, y en los de UGT Manuel Pastrana,
Daniel Soto, Salvador Mera y Luciano Gómez.
A éstos los pide imputar por dirigir la asociación de
prejubilados de la Faja Pirítica, que se constituyó con el propósito de
representar a los mineros en el proceso de tramitación y cobro de las ayudas y
que, según la Guardia Civil, se apropió del dinero de
las indemnizaciones de los mineros prejubilados, que debía haber servido para
abaratar el coste de sus rentas. También implica a dos mediadores ya imputados.
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