La independencia de las Administraciones
Públicas y de sus funcionarios frente a vaivenes
políticos, cambios en los cargos de designación directa y en sus responsables
últimos, es el mayor garante con el que cuenta nuestro sistema para
garantizar su correcto funcionamiento, al margen de injerencias externas e intereses ilegítimos.
En este contexto, un funcionariado bien preparado e independiente es un arma destacada y
primordial en la lucha contra el lastre que supone para este país la
corrupción.
Por lo tanto factores como la capacitación,
la profesionalidad y la independencia en su labor en servicio de la estructura
administrativa del Estado y del ciudadano, les convierte en garantes no solo del funcionamiento
cotidiano sino del mantenimiento futuro de dicha estructura. En consecuencia, han de articularse medidas efectivas
para evitar injerencias y presiones políticas, así como para la protección de
todos aquellos que desde su actuación honesta como
funcionarios decidan denunciar una irregularidad que afecte a los
ciudadanos y los bienes públicos.
Los gobiernos de uno u
otro signo pasan pero los funcionarios permanecen; limitarles
en sus funciones es un derroche que no podemos ni debemos permitir.
En
Andalucía, ¿por qué y para que se crea la Administración paralela? = supongo
que todo el mundo ¿se lo imagina....? ¿Es o no es el brazo ejecutor del Régimen y donde se
producen todos los fraudes?
¿Y que es la Ley de Reordenación del Sector Público? = ¿Cambiar las cosas para seguir haciendo lo mismo?
La independencia de los funcionarios, clave en la lucha
contra la corrupción
La oferta de Empleo Público para el año
2015 publicada en el BOE el día 23 de marzo supone
un claro cambio de tendencia con respecto a los últimos años, en los que los recortes presupuestarios derivados de la
situación económica frenaron considerablemente el número de plazas convocadas.
Las cifras generales bastan por sí mismas para evidenciar dicho cambio:
se convocan 11.250 plazas, 7.416 nuevas y 3.834 de promoción interna. Las
nuevas multiplican por más de cuatro las convocadas en 2014, mientras que las
de promoción interna crecen un 79%.
Llama la atención además la promulgación por el Real Decreto-Ley 3/2015
de una convocatoria extraordinaria referida, entre otros aspectos, a la lucha
contra el fraude fiscal (294 plazas) y laboral (150 plazas).
Desde distintos sectores de la ciudadanía y
ante la lacra de la corrupción que viene asomando a
los medios de forma continua desde hace varios años, se venía reclamando
de forma insistente al Ejecutivo un reforzamiento de los medios necesarios para
combatir esa suerte de plaga que padece España. Es una
respuesta, pero no parece que vaya a ser suficiente ya que según la OCDE
nuestro país es el que menos inspectores de Hacienda tiene por cada mil
habitantes.
Función de servicio público
Esta convocatoria será
sin duda bien recibida por todos aquellos que estén interesados en preparar
oposiciones para iniciar una carrera como funcionario en cualquiera de las
distintas administraciones. Y aunque la perspectiva de un trabajo fijo sea un
acicate importante también lo ha de ser el desarrollar una
carrera cuyo objetivo último es el servicio público, con todo lo que ello
representa.
La independencia de las Administraciones
Públicas y de sus funcionarios frente a vaivenes políticos, cambios en los
cargos de designación directa y en sus responsables últimos, es el mayor
garante con el que cuenta nuestro sistema para garantizar su correcto
funcionamiento, al margen
de injerencias externas e intereses ilegítimos. En este contexto, un
funcionariado bien preparado e independiente es un arma destacada y primordial en la lucha contra el
lastre que supone para este país la corrupción.
Por lo tanto factores como la capacitación,
la profesionalidad y la independencia en su labor en servicio de la estructura
administrativa del Estado y del ciudadano, les convierte en garantes no solo del funcionamiento
cotidiano sino del mantenimiento futuro de dicha estructura. En
consecuencia, han de articularse medidas efectivas para evitar injerencias y
presiones políticas, así como para la protección de todos aquellos que desde su
actuación honesta como funcionarios decidan denunciar una irregularidad que
afecte a los ciudadanos y los bienes públicos.
Actualmente se vuelve a
valorar mucho el trabajo realizado por los empleados públicos, a los que se les
atribuyó innumerables tópicos, a menudo tan negativos como injustos. Basta
pensar en la labor de los trabajadores de la sanidad, la educación y la
seguridad, que constituyen un alto porcentaje del funcionariado español y
aunque puedan existir (como en cualquier organización) excepciones puntuales, lo cierto es que el nivel de nuestros funcionarios es sobresaliente. Ahora bien, sin un funcionariado independiente y honesto,
ajeno a los vaivenes políticos, parece improbable su funcionamiento. Los
gobiernos de uno u otro signo pasan pero los funcionarios permanecen; limitarles
en sus funciones es un derroche que no podemos ni debemos permitir.
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