Empezó a denunciar en 2005 las “irregularidades” que observaba en su trabajo contra la pesca de inmaduros de pez espada. Sufrió acoso laboral de sus jefes. Ahora lo quiere contar con detalle.
La Andalucía imposible....
http://www.elconfidencial.com/espana/andalucia/2015-04-26/paloma-la-funcionaria-quijote-contra-las-ayudas-ilegales-al-campo_782858/
LA OFICINA ANTIFRAUDE HA ABIERTO INVESTIGACIÓN
Paloma, la funcionaria ‘Quijote’ contra las ayudas ilegales al campo
Empezó a denunciar en 2005 las “irregularidades” que observaba en su trabajo contra la pesca de inmaduros de pez espada. Sufrió acoso laboral de sus jefes. Ahora lo quiere contar con detalle
Paloma Coiduras, ingeniera agrónoma de carrera, consiguió en 2003 un puesto como jefa de departamento de inspección pesquera de la Junta de Andalucía en Almería. “Allí sucedieron muchas cosas”, relata a El Confidencial esta funcionaria. Es una Quijote contra las ayudas ilegales al campo y denuncia cómo se tramitaban los expedientes sancionadores pesqueros. Sufrió acoso laboral de sus jefes. Tras varios reveses judiciales, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) decidió investigar el asunto. Ahora lo quiere contar con detalle.
Coiduras, de 61 años, empezó a denunciar en 2005 al entonces consejero de Agricultura y Pesca de la Junta, Isaías Pérez Saldaña, las “irregularidades” que observaba en su trabajo contra la pesca de inmaduros de pez espada con un tamaño inferior a los 120 centímetros y una talla mínima para el atún de 6,7 kilos o 70 centímetros. Según su denuncia, el delegado de Agricultura en Almería “conocía la vigencia” de la normativa sobre esta talla.
En el escrito presentado por la funcionaria ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) el pasado 12 de marzo se expresa que la secretaria general de la delegación de Agricultura participó de manera “directa” en las irregularidades “colaborando con el delegado de Almería en que no se iniciaran expedientes sancionadores a ciertos pescadores mientras que a otros se les estaba sancionando; era una persona directamente interesada en tapar las irregularidades que informé al consejero”.
La ley del silencio se hizo evidente. Le abrieron expediente disciplinario y los cargos y funcionarios pertenecientes a la Dirección General de Pesca que investigaron el asunto eran “perfectos conocedores de la norma y de que se estaba sancionando por este motivo; sin embargo, eludieron su obligación de vigilar su cumplimiento, de informar de la verdad en el expediente disciplinario y de exigir responsabilidades a los funcionarios responsables”.
Coiduras consiguió, durante uno de los juicios que ya se han celebrado, el respaldo de varios compañeros. “La vimos sufrir. La fastidiaron a base de bien y todo por denunciar la venta de inmaduros de pez espada. No queríamos tolerar que pasara. Lo hicimos mientras los compañeros de Almería se callaban porque no tenían la plaza fija y el delegado podría quitar el puesto de trabajo según una cláusula del contrato que tenían”, señalan a este diario distintas fuentes consultadas de la inspección de Pesca de la Junta de Andalucía y el Ministerio de Agricultura.
El calvario de Coiduras empezó en enero de 2006 cuando le abrieron un expediente disciplinario que en este momento está pendiente de sentencia de apelación del TSJA. En mayo de 2006 interpuso una querella por prevaricación y omisión del deber de perseguir delito. En 2008 se archivó la denuncia “existiendo pruebas evidentes de los delitos”. En mayo de 2009, “acosada y marginada” abandonó Almería rumbo a Valencia, aunque en comisión de servicio a un puesto base en la Generalitat de Valencia. Perdió su jefatura del departamento tras 20 años de funcionaria.
El acoso fue un “accidente laboral”
La primera alegría judicial llegó en 2010. Una sentencia de la sala de lo social del TSJA reconoció el presunto acoso laboral como “accidente laboral”. En su etapa en Valencia también observó irregularidades en subvenciones de la Unión Europea a organizaciones de productores derivadas a fincas e infraestructuras de regadío de comunidades de regantes de Andalucía gestionadas por la Generalitat valenciana.
En 2013, 2014 y 2015 compareció y realizó diversas denuncias ante la Fiscalía de Valencia por irregularidades con fondos de desarrollo rural que originaron hasta cinco diligencias previas de la que dos continúan abiertas y otras tres se han remitido a la OLAF. “En 2013, a consecuencia de mis denuncias y oposición a la corrupción, no me renovaron la comisión de servicio..., por lo que tuve que reincorporarme a Almería”, señala Coiduras.
La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude sí abrió una investigación el 3 de marzo de 2014 por sus denuncias de las subvenciones a las organizaciones de productores, “parte de ellas en fincas en Andalucía”. Se trataba de las subvenciones con el fondo agrario FEAGA gestionadas por la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana a la empresa Giner Export implantada en Huelva, socio de la Organización de Productores de Frutas y Hortalizas Ginero y Asociados con sede social en Beniflá (Valencia) “para la realización de diversas obras de infraestructuras de regadíos y puesta en marcha de la finca Montepinos para el cultivo de cítricos en Huelva”.
Andévalo Minero, la "beneficiaria real"
Según la denuncia presentada por la funcionaria en realidad fue la Comunidad de Regantes Andévalo Minero “la beneficiaria real de las subvenciones” que figuran en las resoluciones de aprobación y pago de los programas operativos. Un informe del director general de Planificación y Dominio Público Hidráulico de la Junta de Andalucía “da certeza sobre los hechos denunciados de graves irregularidades relativas a la falsedad de la titularidad del beneficiario de la subvención”. La Junta de Andalucía no respondió a este diario sobre este asunto que denuncia la empleada pública. Paloma Coiduras, que fue presidenta de una asociación agrícola en Almería, quiere “justicia y que se sepa toda la verdad”. Ahora se dispone a entrar en política como cabeza de lista a la Generalitat por el partido Units per València, escindido de UV Opció Nacionalista Valenciana.
Coiduras, de 61 años, empezó a denunciar en 2005 al entonces consejero de Agricultura y Pesca de la Junta, Isaías Pérez Saldaña, las “irregularidades” que observaba en su trabajo contra la pesca de inmaduros de pez espada con un tamaño inferior a los 120 centímetros y una talla mínima para el atún de 6,7 kilos o 70 centímetros. Según su denuncia, el delegado de Agricultura en Almería “conocía la vigencia” de la normativa sobre esta talla.
En el escrito presentado por la funcionaria ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) el pasado 12 de marzo se expresa que la secretaria general de la delegación de Agricultura participó de manera “directa” en las irregularidades “colaborando con el delegado de Almería en que no se iniciaran expedientes sancionadores a ciertos pescadores mientras que a otros se les estaba sancionando; era una persona directamente interesada en tapar las irregularidades que informé al consejero”.
La ley del silencio se hizo evidente. Le abrieron expediente disciplinario y los cargos y funcionarios pertenecientes a la Dirección General de Pesca que investigaron el asunto eran “perfectos conocedores de la norma y de que se estaba sancionando por este motivo; sin embargo, eludieron su obligación de vigilar su cumplimiento, de informar de la verdad en el expediente disciplinario y de exigir responsabilidades a los funcionarios responsables”.
Coiduras consiguió, durante uno de los juicios que ya se han celebrado, el respaldo de varios compañeros. “La vimos sufrir. La fastidiaron a base de bien y todo por denunciar la venta de inmaduros de pez espada. No queríamos tolerar que pasara. Lo hicimos mientras los compañeros de Almería se callaban porque no tenían la plaza fija y el delegado podría quitar el puesto de trabajo según una cláusula del contrato que tenían”, señalan a este diario distintas fuentes consultadas de la inspección de Pesca de la Junta de Andalucía y el Ministerio de Agricultura.
El calvario de Coiduras empezó en enero de 2006 cuando le abrieron un expediente disciplinario que en este momento está pendiente de sentencia de apelación del TSJA. En mayo de 2006 interpuso una querella por prevaricación y omisión del deber de perseguir delito. En 2008 se archivó la denuncia “existiendo pruebas evidentes de los delitos”. En mayo de 2009, “acosada y marginada” abandonó Almería rumbo a Valencia, aunque en comisión de servicio a un puesto base en la Generalitat de Valencia. Perdió su jefatura del departamento tras 20 años de funcionaria.
El acoso fue un “accidente laboral”
La primera alegría judicial llegó en 2010. Una sentencia de la sala de lo social del TSJA reconoció el presunto acoso laboral como “accidente laboral”. En su etapa en Valencia también observó irregularidades en subvenciones de la Unión Europea a organizaciones de productores derivadas a fincas e infraestructuras de regadío de comunidades de regantes de Andalucía gestionadas por la Generalitat valenciana.
En 2013, 2014 y 2015 compareció y realizó diversas denuncias ante la Fiscalía de Valencia por irregularidades con fondos de desarrollo rural que originaron hasta cinco diligencias previas de la que dos continúan abiertas y otras tres se han remitido a la OLAF. “En 2013, a consecuencia de mis denuncias y oposición a la corrupción, no me renovaron la comisión de servicio..., por lo que tuve que reincorporarme a Almería”, señala Coiduras.
La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude sí abrió una investigación el 3 de marzo de 2014 por sus denuncias de las subvenciones a las organizaciones de productores, “parte de ellas en fincas en Andalucía”. Se trataba de las subvenciones con el fondo agrario FEAGA gestionadas por la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana a la empresa Giner Export implantada en Huelva, socio de la Organización de Productores de Frutas y Hortalizas Ginero y Asociados con sede social en Beniflá (Valencia) “para la realización de diversas obras de infraestructuras de regadíos y puesta en marcha de la finca Montepinos para el cultivo de cítricos en Huelva”.
Andévalo Minero, la "beneficiaria real"
Según la denuncia presentada por la funcionaria en realidad fue la Comunidad de Regantes Andévalo Minero “la beneficiaria real de las subvenciones” que figuran en las resoluciones de aprobación y pago de los programas operativos. Un informe del director general de Planificación y Dominio Público Hidráulico de la Junta de Andalucía “da certeza sobre los hechos denunciados de graves irregularidades relativas a la falsedad de la titularidad del beneficiario de la subvención”. La Junta de Andalucía no respondió a este diario sobre este asunto que denuncia la empleada pública. Paloma Coiduras, que fue presidenta de una asociación agrícola en Almería, quiere “justicia y que se sepa toda la verdad”. Ahora se dispone a entrar en política como cabeza de lista a la Generalitat por el partido Units per València, escindido de UV Opció Nacionalista Valenciana.
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