ABC resume los cuatro tipos de irregularidades encontradas por la Intervención General
1). Que la consejería de Empleo estaba haciendo un uso inadecuado de las transferencias de financiación. La Consejería de Hacienda no enmendó este error hasta 2014.
2) Que la tramitación de las subvenciones vulneraba las normas presupuestarias y comportaba que los expedientes de las ayudas no se fiscalizaran por un interventor.
3)Que la concesión de ayudas prescindía «de forma total y absoluta del procedimiento establecido». Dado que la Junta no realizaba una convocatoria pública de ayudas, las empresas de una única comarca, la Sierra Norte de Sevilla, pudieron recibir 56,4 millones de euros en subvenciones directas frente a los 29 repartidos en el resto de Andalucía. Las irregularidades llegaron a ser tan graves que en una auditoría notificada a Griñán en 2005, el interventor avisó de que todas las subvenciones podían ser nulas de pleno derecho.
4)Que la gestión disparatada del exdirector de Trabajo Francisco Javier Guerrero al repartir dinero puso en peligro la estabilidad presupuestaria de la Junta. Razón por la que Griñán actuó ampliando hasta en siete ocasiones la partida de los ERE.
El pobre interventor
INDIGNADO e imputado, que tiene guasa, el ex Interventor jefe de la Junta, Manuel Gómez, se ha rebelado como una furia y le ha pedido al Tribunal Supremo que, ya que oye con paciencia la sarta de obviedades y absurdos que le están contando los ex Presidentes, lo cite a él también que es, en realidad, el único que se sabe la cuenta y puede enseñar el pie. Es más, ha llegado incluso a calificar a Griñán y a Chaves de «indignos e indecentes» aparte de asegurar que se siente «avergonzado de ser andaluz» hasta el punto de que si fuera legalmente posible pediría su desnaturalización. Ni más ni menos estupefacto que cualquier andaluz con sentido común, a Manuel Gómez le saca de quicio que los responsables supremos del saqueo que aquí se ha producido aparezcan en escena «embozados en un inicuo aforamiento» para declarar ante la Justicia «un cúmulo de invenciones» tratando de esquivar sus responsabilidades con el mísero expediente de culpar a «los de abajo». Patético, como dicen ahora los niños, pero no me digan que, le hagan caso o no se lo hagan, ese probo funcionario no lleva más razón que un santo en cabrearse cuando oye decir a los barandas que si recibieron sus advertencias de ilegalidad ni siquiera las leyeron. Un Interventor de los de antes era una cosa muy seria, y casos hemos conocido en que -por velar por la legalidad del gasto, que es su función- hasta ministros ha habido que tuvieron que echarle la mano por el lomo con tal de no chocar con su figura.
El régimen autonómico ha logrado, como se ve, ningunearlos y eso es natural que indigne a un funcionario que, además, es una autoridad. Por eso reclama el nuestro personarse en el Supremo para instruir al juez -con mejor conocimiento de causa que nadie- sobre las circunstancias en que aquí se ha guisado esa olla podrida con cuyo coste -se habla en los sumarios de más de 800 millones de euros- casi se podría sacar a la comunidad de su lamentable postración. Por el fuero, más que por el huevo, sin duda, porque de sobra sabe el interventor Gómez que lo más probable es que, tanto los que se han llevado el manso como los que lo han consentido, salgan del apuro más o menos de rositas. ¡Qué vergüenza, ver a dos presidentes y medio gobierno en el banquillo! Menos mal que los parados andaluces, cuyos presupuestos de ayuda se han fumado estos famosos, no saben lo que sabe el Interventor. Si lo supieran, los actuales antisistema iban a ser una broma al lado de esa legión.
El Supremo estudia llamar a
declarar al ex Interventor que mandó 15 informes a la Junta
La respuesta de Manuel Gómez Martínez, ex interventor
general de la Junta de Andalucia a las declaraciones judiciales de los ex
presidentes Manuel Chaves, José Antonio Griñán y José Antonio Viera - afirmando
que actúan con indignidad, que se han inventado sus declaraciones y que envió
15 informes que no fueron leídos, entre otras cosas -,
han motivado que el
juez instructor del Tribunal Supremo, Albertdo Jorge Barreiro, esté estudiando
llamarlo a declarar en el caso de los ERE, en su parte instruida por el alto
tribunal.
Ha sido el sindicato Manos Limpias quien ha solicitado la
comparecencia de Gómez en el Supremo para «desmontar las falsas
declaraciones en sede judicial de José Antonio Viera, Chaves y Griñán».
Barreiro lo estudiará y tendrá la última palabra, informaron desde el Tribunal
a ABC.
Todos estos informes constan en el sumario de los ERRE
siendo aportados en su día por el ex Interventor Manuel Gómez, quien, en entrevista en Onda Cero, afirmó que lo declarado
especialmente por el ex presidente José Antonio Griñán es un "cúmulo de
invenciones y lo puedo demostrar".
Gómez manifestó además
su deseo de declarar ante el juez Barreiro para dar su versión de los hechos,
que es "bastante distinta a la de Manuel Chaves y José Antonio
Griñán". Asegura que hubo intención de los altos cargos de la
Junta de Andalucía de no estar al corriente de las advertencias que él emitía y
que todo se trataba de una decisión consciente de un Gobierno que quería que
ese programa presupuestario se gestionara de una manera, que comportaba que
"la Intervención General no pudiera fiscalizar la subvenciones".
Por ello, señala que fue a través de las auditorías que realizaba al Instituto de
Fomento de Andalucía (IFA) como se
detectó que había un área de gestión pública "sin control de la Intervención". Algo que dice que posteriormente fue comunicado a los
consejeros de Empleo, Hacienda e
Innovación.
Es más, el ex interventor aseguró que realizó informes de actuación,
algo que han negado
Chaves y Griñán, avisando del riesgo que acabó sucediendo. Dice que creía que
"la opinión pública debía saber que la versión que están dando no es la
correcta" y por ello acusa tanto a
Manuel Chaves como a José Antonio Griñán, de querer "echarme el muerto", ya que ve "completamente inverosímil que José
Antonio Griñán no estuviera informado de la existencia de esos informes".
En las auditorías de la
Intervencion se contienen hasta 15 «advertencias» de irregularidades en la
gestión de los ERE andaluces desde 2001 a 2009. En esas advertencias, se comunicaba a Griñán y a otros
miembros del Gobierno de Manuel Chaves que se había diseñado un procedimiento de
gestión de los ERE que entrañaba graves riesgos al escapar a los controles a
los que están sometidos los gastos realizados por las consejerías. Como es bien sabido,, Empleo utilizó a una agencia externa,
IDEA (antiguo IFA), para canalizar los pagos de las ayudas.
La Intervención General de la
Junta de Andalucía emitió cada año tres auditorías sobre la agencia pagadora de
los ERE. Al menos en quince
momentos, con ocasión de diferentes informes desde 2001 a 2009, apreció
irregularidades en los convenios firmados por la Consejería de Empleo e IDEA para
pagar ayudas.
En los documentos
constaba expresamente la expresión:
«Para que se dé traslado al consejero de Economía». Los recibieron también los consejeros de
Empleo y de Innovación, así como el director de IDEA.
ABC resume los cuatro tipos de irregularidades encontradas
por la Intervención General
1). Que la
consejería de Empleo estaba haciendo un uso inadecuado de las transferencias de
financiación. La Consejería de Hacienda
no enmendó este error hasta 2014.
2) Que la
tramitación de las subvenciones vulneraba las normas presupuestarias y
comportaba que los expedientes de las ayudas no se fiscalizaran por un
interventor.
3)Que la concesión de ayudas
prescindía «de forma total y absoluta del procedimiento establecido». Dado que la Junta no realizaba una convocatoria pública de
ayudas, las empresas de una única comarca, la Sierra Norte de Sevilla, pudieron
recibir 56,4 millones de euros en subvenciones directas frente a los 29
repartidos en el resto de Andalucía. Las irregularidades llegaron a ser tan
graves que en una auditoría notificada a
Griñán en 2005, el interventor avisó de que todas las subvenciones podían
ser nulas de pleno derecho.
4)Que la gestión disparatada del exdirector de Trabajo
Francisco Javier Guerrero al repartir dinero puso en peligro la estabilidad
presupuestaria de la Junta. Razón por la que Griñán actuó ampliando hasta en siete ocasiones la
partida de los ERE.
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