- Teresa Florido, presunta autora de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, admite que firmaba gastos provenientes de un consorcio de la Junta que podrían ser irregulares.
- Florido reconoce que durante su gestión en la Junta existió un descuadre en los presupuestos de un millón de euros y que las irregularidades no tenían fin
La exdirectora general de la Junta firmaba sobre los cursos
sin saber si era legal
Teresa Florido, presunta autora de
delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, admite que
firmaba gastos provenientes de un consorcio de la Junta que podrían ser
irregulares
La
exdirectora general de Formación para el Empleo de la Junta estampaba su firma
y no sabía si lo que rubricaba era legal o no. Teresa Florido, cuñada de Ángel Ojeda,
exconsejero de Hacienda de la Junta de Andalucía con José Rodríguez de la
Borbolla detenido en agosto de 2014 en la trama de los cursos de formación,
admite que firmaba gastos provenientes de un consorcio de la Junta que podrían
ser irregulares, según consta en su declaración ante el Grupo de Delincuencia
Económica de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.
Florido,
presunta autora de delitos de prevaricación y malversación de caudales
públicos, reconoce que durante su
gestión en la Junta como alto cargo en esta materia (de junio de 2011 a octubre de 2013) existió un descuadre
en los presupuestos de un millón de euros. Y que las irregularidades no tenían
fin. “Había
más, pero no me puedo acordar”, confesó Florido, que durante cuatro años fue
concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla. Natural de Chipiona (Cádiz),
ahora ocupa plaza como técnico en el SAS (Servicio Andaluz de Salud).
En
su declaración también confirma que la justificación de las ayudas en los
consorcios carecía de control alguno. “En un
principio sólo detecté que había algunas facturas no legibles. Cuando se empezó
a analizar expediente por expediente encontré que había multitud de gastos que
eran no subvencionables”, destacó la exdirectiva de la Junta, tras excusarse que ante la “magnitud de la documentación que
se le pasaba a su firma” obligaba que se incluyera también la rúbrica del jefe
de servicio, “para saber que había sido revisada por este”.
Esta
justificación de Florido surge tras los problemas detectados en Formades
(Consorcio Centro Andaluz de Formación Medioambiental para el Desarrollo
Sostenible), donde era presidenta, como
ella misma confesó ante la Guardia Civil: los contratos no
cumplían la normativa en cuanto a la obligatoriedad de solicitar tres
presupuestos cuando no sobrepasaba la suma del contrato menor. Y en los contratos en los que no se pedían las
cuentas, siempre se adjudicaban al hijo
de la entonces directora gerente, Ana María Orihuela. También cree que la persona que ejercía las labores de
limpieza en el consorcio era su cuñaba. Había incluso más contratos de este
tipo con terceros.
El
desajuste interno se extendía de modo interno. En la Dirección General de Formación para el Empleo que
capitaneaba Florido no existía un
servicio de gestión que controlase la efectiva realización de las acciones
formativas. Ningún funcionario
las ejecutaba y esa inspección se hacía desde las propias direcciones
provinciales, según la declaración de la ex alto cargo de la Junta de
Andalucía.
Nadie controlaba las
facturas
Las cifras de la estructura dirigida
por la cuñada de Ojeda dan muestra, una vez más, del descontrol en la
Administración autonómica andaluza en el fraude de los cursos de formación. El presupuesto en 2011
alcanzó una cifra de entre 700 y 800 millones de euros. El volumen de los
expedientes fue de 20.000. ¿Quiénes
componían la unidad de justificación de estas ayudas? Apenas
una funcionaria y “siete u ocho
personas contratadas como personal laboral”, explicó.
Hasta
2010 nadie controlaba las facturas. A
partir de ese año fue cuando se aceptó por parte de la Intervención General de
la Junta de Andalucía y de los verificadores de los fondos europeos la
presentación por parte del beneficiario del informe del auditor, que era la
persona que decía “que había comprobado las facturas y que eran correctas”, como argumentó Florido
ante la Guardia Civil.
La exresponsable de Formación para el
Empleo también subraya que un técnico de su departamento detectó
“irregularidades” en el proceso de justificación de las subvenciones otorgadas
a UGT-A del año 2012. Fue una técnico quien alertó de que el informe del auditor no
coincidía con los gastos presentados.
“Se solicitó toda la documentación y efectivamente se comprobó que los gastos
justificados no se correspondían con los verdaderamente subvencionables y
tampoco con el informe del auditor”, señaló Florido.
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