- Muchos expedientes pudieron prescribir en el mero traslado de Economía a Educación
- Griñán aceleró el traspaso tras animar Guerrero a Alaya a investigar la formación
FRAUDE
DE LA FORMACIÓN
Los 'agujeros
negros' del fraude
- Muchos expedientes pudieron prescribir en el mero traslado de Economía a Educación
- Griñán aceleró el traspaso tras animar Guerrero a Alaya a investigar la formación
Si
hay una actuación sospechosa en la gestión de la Junta de Andalucía durante la
pasada legislatura es el modo en que el bipartito afrontó el escándalo del
fraude masivo de las ayudas para la formación profesional.
Y es que, aunque tanto los socialistas como Izquierda Unida
presumieron durante los tres últimos años de luchar de la mano contra la
corrupción, la gestión de estas subvenciones -que deberían haber contribuido a
reducir la tasa de desempleo en plena crisis económica- ha sido tan deficitaria
que hasta IU se lo recriminó abiertamente al PSOE antes de que Susana Díaz
rompiera el pacto y adelantara las urnas.
Una pregunta continúa en el aire: ¿qué
hizo, cómo reaccionó el Gobierno de Díaz cuando en junio de 2014 se le comunicó
por parte de las intervenciones provinciales de la Junta que se había producido
«menoscabo de los fondos públicos» en la gestión de las ayudas otorgadas por la
antigua Consejería de Empleo?
La presidenta en funciones dio la callada por respuesta en
los dos debates televisados de la pasada campaña electoral cuando la interpeló
al respecto el líder del PP andaluz, Juan Manuel Moreno. Menos
de 48 horas después del recuento de las urnas, la juez Mercedes Alaya ordenaba
la detención de 16 cargos de la Junta en el marco de la operación Barrado, que
precisamente se justifica en esos demoledores ocho informes de la Intervención
sobre los que impera el mutismo oficial.
El último en pronunciarse al respecto ha sido el portavoz
del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez. Al ser cuestionado tras el 22-M
sobre si se han llegado a elevar en algún momento a la Fiscalía o a los
distintos juzgados que investigan en paralelo el presunto fraude, o sobre si ha
habido una depuración interna de responsabilidades, Vázquez se limitó a repetir la respuesta utilizada por
Susana Díaz para lidiar con el escándalo de los ERE: «Lo que ha hecho de
manera escrupulosa la Junta ha sido seguir las indicaciones de los distintos
informes, todas y cada una de las indicaciones».
Silencio sobre la
cantidad reclamada
Lo que realmente hizo
la Junta antes de la cita electoral del 22 de marzo fue mantener un silencio
sepulcral sobre las advertencias de las intervenciones provinciales. Aunque se remitieron también copias a la
Consejería de Educación, Cultura y Deporte que dirige Luciano Alonso, sólo la
Consejería de Hacienda y Administración Pública admitió a principios de año
estar en posesión de los informes. Sin embargo, para negarse a explicar el
destino de los mismos, el departamento encabezado por María Jesús Montero apeló
a que aún estaba abierto un «periodo de alegaciones».
EL MUNDO ha informado también de que la Intervención ha
estado trabajando durante las últimas semanas en el preceptivo informe de actuación. Es en los 15 día siguientes a su presentación cuando el
Gobierno andaluz debe manifestar «su conformidad o disconformidad» con su
contenido según el artículo 12 del decreto 9/1999, de 19 de enero, sobre
régimen presupuestario, financiero, de control y contable de las empresas de la
Junta. O sea, que ahora es cuando realmente se podrá cumplir escrupulosamente
con las indicaciones o alegar en plazo.
Hay más agujeros negros
en la actuación de la Junta. Luciano
Alonso emplazó a los periodistas a preguntarle al respecto «al día siguiente»
del 22-M (para no «interferir» en las elecciones), pero la Consejería de Educación
guarda bajo siete llaves tanto la cifra de dinero que está reclamando
-y la que haya podido recuperar- a través de los
expedientes firmes de reintegro iniciados como la identidad de aquellos
beneficiarios de ayudas que no las han justificado en tiempo y forma. Y eso que
se supone que la Junta es la interesada en demostrar
el «bulo» del fraude milmillonario, contra lo que estima la Policía Nacional
o lo que se colige del testimonio ante la Guardia Civil del ex director general
de Formación Carlos Cañavate, cuyo cese es otro misterio sin resolver.
Igualmente queda por justificar la larga travesía
administrativa que han vivido las montañas de subvenciones. Obviando los últimos traslados a los
tribunales ordenados por la autoridad judicial, los expedientes han sobrevivido a al
menos siete mudanzas en esta década. La
más llamativa sin duda aconteció con ocasión del traspaso de las competencias
de formación de la antigua Consejería de Empleo a la de Educación: desde abril
de 2013 las cajas atestadas con la documentación de las ayudas se limitaron a
acumular polvo hasta que, ya en 2014, se transfirieron los funcionarios
encargados de su custodia y revisión: ¿cuántas subvenciones sin justificar
pudieron prescribir en ese ínterin?
Pero hay, si cabe, una pregunta más inquietante: ¿es pura casualidad que se acelerara con un decreto-ley ese traspaso de
competencias nada más declarar Javier Guerrero ante la juez Alaya que él desde
la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social «movía unos 54 millones de
euros al año» del 'fondo de reptiles', pero que «era una parte muy pequeña del
presupuesto comparada con la parte destinada a la Dirección General de
Formación y Empleo, que era de unos 290 millones de euros»?
Guerrero destapa la caja de los
truenos el miércoles 20 marzo de 2013. El 24 de marzo era Domingo de Ramos y
resulta que Griñán mueve pieza al acabar la Semana Santa: el martes 2 de abril
de 2013.
¿Qué razones de urgencia sobrevinieron para desarrollar una reforma estructural
que llevaba ralentizada desde mayo de 2012? El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, se
limitó a desmentir la relación causa-efecto de la declaración del ex director
general: «Ustedes de esas palabras del señor Guerrero, ¿intepretan que estaba
hablando de irregularidades? Yo no. Lo que dijo es que las cantidades eran
diferentes, una mayor y otra menor. ¿Qué tiene que ver eso? El señor Guerrero
no ha dicho absolutamente nada. En cualquier
caso, el que tenga una sombra de sospecha que vaya a los tribunales», dijo Vázquez. Paradojas de la vida, la Junta acabó personada en la
causa.
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