- FRAUDE EN LA FORMACIÓN La Junta engañó con certificados falsos a sus propios interventores El interventor de las agencias públicas declara ante Alaya que el SAE le aseguraba que los cursos pagados con subvenciones se habían hecho cuando no era cierto
- El Puerto de Huelva le pagó un máster de 11.000 euros a su presidentaDe Paz y el director 'invirtieron' en sí mismos el 98% de los fondos destinados a formación
- La Junta mantiene a la delegada que felicitó a los funcionarios por la victoria del PSOE El Gobierno andaluz anuncia que no repetirá como responsable de Educación
- Se investiga la gestión de la empresa pública GiahsaNueva denuncia por financiación ilegal de partidos en Huelva. La Fiscalía aporta a la causa nuevos testimonios sobre el destino de los fondos de la Mancomunidad de Aguas de la Costa de Huelva
- Un juez ordena el cese de un cargo hospitalario; delcara nula la convocatoria del SAS para una unidad de gestión clínica en el Reina Sofía de Córdoba; en las bases de la convocatoria no se contempla la obligatoriedad de los participantes en el proceso de ser personal estatutario con vinculación fija al sistema nacional de salud; ....¿¿???
FRAUDE EN LA
FORMACIÓN La Junta engañó con certificados falsos a sus propios interventores
- El interventor de las agencias públicas declara ante Alaya que el SAE le aseguraba que los cursos pagados con subvenciones se habían hecho cuando no era cierto
La Consejería de Empleo
engañó sistemáticamente a la Intervención de la propia Junta de Andalucía manteniendo
así vivo el presunto fraude en los cursos de formación durante los años y
evitando que fuera descubierto. Eso es lo que se desprende de la declaración ante
la juez Mercedes Alaya del interventor Ignacio García Revilla, responsable de
control financiero de las empresas y agencias públicas de la Junta de Andalucía
desde 2010.
EL MUNDO ha conocido en fuentes de solvencia que este
interventor, que compareció ante la juez Alaya el pasado viernes 27 de marzo
como testigo en la última fase de la operación Barrado, declaró que no tiene pruebas «directas» pero sí
«indirectas» de que la Junta de Andalucía actuaba «deliberadamente» para
beneficiar a determinados beneficiarios de ayudas.
Incluso, según
las fuentes, dijo que
«como ciudadano» tiene la impresión de que
existía un sistema implantado para favorecer a ciertas empresas o grupos de
empresas y poder seguir alimentándolos a base de ayudas «como fuera».
El interventor
opina que el SAE favorecía a empresarios de forma «deliberada»
La
Intervención de Hacienda de la Junta de Andalucía no fiscalizaba directamente
el destino de las ayudas para cursos de formación que gestionaba el Servicio
Andaluz de Empleo (SAE).
Hasta el año 2012, el SAE
estuvo sometido al sistema de fiscalización previa en los gastos. En el caso de
las subvenciones para cursos de formación, el organismo público sólo podía
desembolsar un 75% del importe total concedido y, una vez que el receptor de la
ayuda justificaba que el proyecto se había desarrollado, se le pagaba el 25%
restante del importe concedido.
El artículo 40.1 del Reglamento
de Intervención de la Junta de Andalucía, en su párrafo segundo, señala que
el órganismo concedente de una ayuda, «a efectos de la justificación de la
subvención ante la Intervención, remitirá a ésta certificación acreditativa de
la aplicación de la subvención a las finalidades para las que se concedió».
Y son esos 'certificados de finalidad'
del SAE los que presuntamente se falsearon según la declaración del interventor ante la titular del
Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla.
La Intervención no tiene por qué
confiar a ciegas en lo que le dicen los organismos como el SAE y, de hecho, la
normativa la faculta para «en cualquier momento, requerir la documentación»
justificativa de las subvenciones. Pero no lo hizo.
García Revilla se
excusó señalando que el volumen de ayudas pendientes de justificar era muy
elevado y que la Intervención apenas tenía tiempo para fiscalizarlas, ya que la
ley le da pocos días de plazo para hacer su trabajo.
El escándalo saltó a nivel
interno cuando en los controles del año 2012, la Intervención detectó
importantes problemas de justificación en las subvenciones de formación,
especialmente en Huelva. Por ello,
en 2013 se acordó realizar un control financiero especial sobre la justificación
de las ayudas concedidas en materia de formación profesional para el empleo
entre 2009 y 2012 en cada una de las ocho direcciones provinciales del SAE.
Cuando se realizó un muestreo de las justificaciones de
ayudas se descubrió que los 'certificados de finalidad' presentados por las direcciones provinciales del SAE ante la
Intervención estaban falseados sistemáticamente. Según las
fuentes, las palabras del interventor fueron que los certificados que expedía
el SAE dando por bien empleado el dinero de las ayudas «no coincidían con la
realidad».
El interventor, según
las fuentes, comparte la tesis de que el procedimiento responde a un mismo
esquema en las ocho direcciones provinciales del SAE, gestionadas por ocho
cargos distintos. El hecho de que
el mismo ardid, presuntamente fraudulento, se repitiera en todos los centros
provinciales del SAE hace pensar a la juez Mercedes Alaya que todo respondía a
un diseño impuesto desde un nivel superior en la toma de decisiones.
POLÍTICA. El
Puerto de Huelva le pagó un máster de 11.000 euros a su presidenta
- De Paz y el director 'invirtieron' en sí mismos el 98% de los fondos destinados a formación
La presidenta de la Autoridad
Portuaria de Huelva, la socialista Manuela de Paz, se ha pagado su formación de
los últimos años con cargo a los presupuestos de la institución. En concreto, y según la documentación a la
que ha tenido acceso EL MUNDO, De Paz se habría costeado un Programa de Alta
Dirección valorado en cerca de 11.000 euros, así como las clases de inglés que
recibe a título particular en las propias instalaciones del Puerto onubense.
Pese a que según la ley
los altos cargos no pueden percibir, más allá de su sueldo, «cualquier otra
remuneración con cargo a los presupuestos de las Administraciones públicas», la
presidenta del Puerto de Huelva se está beneficiando del presupuesto que la institución
destina a formación, con lo que estaría evitando costeársela de su bolsillo.
De hecho, De Paz estaría haciendo uso de este presupuesto hasta tal
punto que sus gastos y los del director de la entidad, Pedro García Navarro,
supusieron en el año 2013 el 98% del montante total que la Autoridad Portuaria
destinó a este apartado.
En concreto, según el informe de los gastos de formación
realizados por la Autoridad Portuaria, según consta en los estados financieros
de la entidad, Manuela de Paz cargó al Puerto de Huelva la inscripción que en
noviembre de 2013 realizó en un Programa de Alta Dirección cuyo precio ascendió
a 10.875 euros; mientras que Pedro García, en la misma época, se matriculó en
un máster similar, aunque valorado en su caso en 14.500 euros. Entre ambos
programas suman más de 25.000 euros, en un año en el que el presupuesto
destinado a formación -teóricamente de los trabajadores de la institución- no
llegó a los 33.000 euros.
Además de estos másters y pese a que la Autoridad Portuaria onubense ha eliminado
las clases de inglés que venían recibiendo los empleados -según denunciaron en su día los trabajadores- De Paz y García sí
mantienen esta actividad formativa, que les imparte una profesora particular en
las instalaciones del puerto.
Recortes drásticos
El coste de estas clases de
inglés particulares varía según el mes, oscilando entre 222 y 499 euros. De
hecho, las lecciones recibidas por parte de la presidenta, el director y otro
directivo del Puerto sumaron en 2014 una cantidad total de 2.500 euros.
Todos estos gastos a beneficio de la socialista se vienen
produciendo mientras desde la plantilla se denuncian «recortes drásticos» en
este mismo ámbito de la formación, con sectores en los que la misma ha
desaparecido totalmente. De este modo, mientras
los trabajadores denuncian que «en algunos casos, llevamos hasta cuatro años
sin formación -o incluso sin el material necesario para desempeñar nuestro
trabajo con dignidad y garantías», la presidenta sigue engordando su currículum
a cargo de los presupuestos de la institución.
Además, fuentes de la plantilla han explicado a EL MUNDO que
mientras que las clases de inglés de la presidenta y los dos directivos se
contabilizan íntegramente como gastos de formación del Puerto de Huelva, «a los
trabajadores que también estudiaban inglés se les daba una ayuda pero no como
gastos de formación, sino que se les incluía en la nómina como retribución en
especie, con su retención y pagando sus impuestos correspondientes»,
denunciando que «tenemos así que el inglés de los directivos y altos cargos
es formación sin transcendencia fiscal, mientras que el inglés de los
trabajadores no es formación, sino salario como retribución en especie».
Una partida 'justificada'
La Autoridad Portuaria de Huelva sostuvo ayer que las
cantidades que se atribuyen a la presidenta son «falsas», pese a que las mismas
se extraen de la relación de gastos de formación entre 2010 y 2014 emitida por
el propio Puerto onubense.
La institución defendió el gasto en este ámbito. Según la
presidenta, en el presupuesto de la Autoridad Portuaria existe «una partida
importante reservada para formación, dado que el Puerto valora positivamente la
formación de todo el personal», con el objetivo de que «tengamos un puerto de
primer nivel».
De Paz considera que estas actividades, de las que hasta el
momento se estaría beneficiando ella misma, están «justificadas», y alega que
se desarrollan a beneficio de la propia Autoridad Portuaria
La Junta mantiene
a la delegada que felicitó a los funcionarios por la victoria del PSOE
·
El Gobierno
andaluz anuncia que no repetirá como responsable de Educación
El Gobierno andaluz en funciones que preside la socialista
Susana Díaz ha decidido mantener provisionalmente en el puesto de delegada
provincial de Educación, Ciencia y Empleo de la Junta en Córdoba a Manuela
Gómez, la alto cargo que agradeció a los funcionarios de su
departamento en un documento oficial la victoria del PSOE en las elecciones
andaluzas del pasado día 22.
En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de
Gobierno, el vicepresidente y consejero de Presidencia en funciones, el
socialista Manuel Jiménez Barrios, ha justificado esta decisión en que
"estamos en un momento de cambio de Gobierno y quedan muy pocas fechas
para formarse nuevo Ejecutivo". Además, ha resaltado que Gómez "reconoció su error públicamente", por lo que,
"tras el reconocimiento de ese error, esperaremos al momento oportuno
porque ella misma ha pedido no repetir después de las elecciones".
"Estamos en un proceso de matriculación y puesta en
marcha del proceso educativo", ha subrayado también Jiménez Barrios para
justificar la permanencia de Manuela Gómez en el cargo. Respecto al caso de Inés Sabalete, la ex delegada de Empleo de Jaén que en 2012 presionó a los
trabajadores de los consorcios de empleo para hacer campaña por el PSOE bajo
amenaza de despido, el consejero ha rechazado la defensa de la antigua alto
cargo que ha hecho la dirección socialista jiennense.
"Ustedes saben que ése no es un comportamiento que el
Gobierno avale, y no ha tardado ni tarda ni un segundo en no compartirlo",
ha subrayado el vicepresidente en funciones de la Junta contra los que han
defendido que Sabalete tiene las "manos limpias".
Se investiga la
gestión de la empresa pública Giahsa
Nueva denuncia por
financiación ilegal de partidos en Huelva
·
La Fiscalía
aporta a la causa nuevos testimonios sobre el destino de los fondos de la
Mancomunidad de Aguas de la Costa de Huelva
Desde el sueldo del secretario provincial hasta los gastos
corrientes de la sede que el Partido Andalucista tenía en la calle Rábida, en
Huelva capital. El PA onubense, según la nueva denuncia realizada ante la
Guardia Civil por un particular -ex trabajador de la formación con acceso a sus
cuentas-, se financiaba prácticamente en su totalidad gracias a los fondos que
recibía de la Mancomunidad de Aguas y Servicios de la Provincia de Huelva
(MAS).
Una denuncia que llega ratificada por otra persona del
entorno y que se ha incorporado a las diligencias abiertas por el Juzgado de
Instrucción número 3 de Huelva, que se encuentra investigando la posible
financiación irregular de partidos políticos -en concreto, PSOE, PP, IU y PA- a
través de la MAS y de la empresa de Gestión Integral de Aguas de Huelva
(Giahsa), dependiente de la mancomunidad.
Las diligencias recién incorporadas a partir de un atestado
de la Guardia Civil señalan directamente al PA. De hecho, la denuncia hace
referencia a «posibles hechos delictivos en los que podría haber incurrido el
Partido Andalucista de Huelva en relación con las subvenciones mensuales
recibidas de la Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva». En
concreto, y según ha podido saber EL MUNDO, el denunciante habla de la
existencia de documentos que demostrarían que los gastos que devengaban del
mantenimiento de la estructura del PA en la provincia de Huelva se afrontaban
íntegramente gracias a la asignación que la formación recibía de la
mancomunidad.
Un dinero -que se reparte en función de las alcaldías que
ostenta cada uno de los partidos- que, según ha señalado a este periódico el
denunciante, los andalucistas habrían destinado a pagar el sueldo de sus cargos
-secretario provincial y secretario de organización-, las facturas de la sede,
y que hasta habrían utilizado «como aval para ir a los bancos a pedir préstamos
con los que poder sufragar sus campañas electorales».
«Existía un documento donde se reflejaba las cantidades que
el partido tenía que recibir de la MAS, y con ese documento se ha ido a unos
cuantos bancos a pedir créditos para las últimas campañas», asegura el
denunciante.
Un extremo que desde el PA de Huelva, que en estos momentos
dirige una gestora, han evitado confirmar. Así, Félix Castillo, actual
secretario de la formación a nivel provincial y concejal del PA en el
Ayuntamiento de Niebla, se ha limitado a reiterar la justificación que ya
esgrimió la MAS en su día: estas asignaciones «existen en otros órganos
colegiados, por lo que no tengo nada que declarar».
Así respondía ayer Castillo a este periódico, detallando que
el PA es la formación que «menos dinero ha recibido» de la mancomunidad, que reparte el dinero entre
los partidos que forman parte de la misma «en función de la representación en
los ayuntamientos».
«Los trabajadores y los dirigentes tendrán que cobrar, ¿no?», se cuestionó el concejal del PA, que evitó
entrar a valorar el hecho de que ese dinero salga del recibo del agua que pagan
los ciudadanos cuyos ayuntamientos se encuentran adheridos a la MAS. Lo que
sí quiso dejar claro Félix Castillo es que «el PA todo lo que recibe y se ha
gastado lo tiene justificado», indicando
que sobre la legalidad-o la moralidad- de estas asignaciones a partidos
políticos «es la mancomunidad la que tiene que responder», señaló Castillo.
Una respuesta que en parte, a petición de la Fiscalía, la
MAS ya ha ofrecido, reconociendo la existencia de estos pagos a partidos y explicando que
los mismos se realizan con cargo a la partida de 'Familias e instituciones sin fines de lucro', lo que trata de justificar afirmando que es la «designación genérica
de la cuenta 480 del Cuadro de Cuentas del Plan General de Contabilidad
Pública».
Tal y como adelantaba en su edición de ayer este periódico,
en ese mismo escrito se especifica que «el único órgano con responsabilidad
sobre el uso y destino de estas cantidades es el pleno de la Mancomunidad y sus
integrantes son todos los ayuntamientos miembros», descargando así
cualquier tipo de culpa (incluida la penal si la hubiere) sobre el conjunto de
los municipios.
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