- Un interventor cree que el SAE no los justificaba para beneficiar a grupos determinados
- Denuncia 'fallos en las tareas de comprobación' y 'falta de medios en la Intervención'
- Del total, 2.260 millones son de los servicios centrales del Servicio Andaluz de Empleo
- El resto, unos 755 millones, corresponden a las ocho delegaciones provinciales del SAE
- La Junta señala que el montante pendiente asciende a 733,7 millones de euros.
EL FRAUDE DE LA FORMACIÓN. Entre el
periodo 2005 y 2013
La Intervención dice que hay 3.015 millones
en cursos aún por justificar
- Un interventor cree que el SAE no los justificaba para beneficiar a grupos determinados
- Denuncia 'fallos en las tareas de comprobación' y 'falta de medios en la Intervención'
- Del total, 2.260 millones son de los servicios centrales del Servicio Andaluz de Empleo
- El resto, unos 755 millones, corresponden a las ocho delegaciones provinciales del SAE
- La Junta señala que el montante pendiente asciende a 733,7 millones de euros.
La Intervención General
de la Junta de Andalucía afirma que hay 3.015 millones de euros pendientes de
justificar en cursos de formación entre 2005 y 2013, y un interventor asegura
que el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) no los justificaba de forma deliberada
para beneficiar a empresas o grupos.
En un informe remitido a la Guardia Civil el 17 de marzo, al
que ha tenido acceso Efe, la Intervención precisa que 2.260 millones de euros
pendientes de justificar y requeridos por parte de las intervenciones
competentes son de los servicios centrales del SAE, mientras que el resto son de
las ocho delegaciones provinciales.
Así se recoge en la
documentación incluida en el caso de los cursos de formación que investiga la
juez Mercedes Alaya, que se ha conocido tras decretar el levantamiento parcial
del secreto del sumario y después de que la magistrada ordenara el 24 de marzo
pasado la detención de 16 políticos, todos en libertad con cargos.
En la documentación
también se incluye la declaración como testigo de Ignacio García Revilla, el
interventor responsable del control financiero en las 26 empresas y agencias
públicas en régimen especial de la Junta de Andalucía.
Ante la juez, el interventor afirmó que, por evidencias
indirectas, sabe que "los numerosos fallos en las tareas de
comprobación" por parte del SAE "no pueden imputarse a falta de
tiempo", y añadió que las "deficiencias en las tareas de
justificación" se hacían deliberadamente.
Cuando la juez le pregunta por las razones de que el SAE
pudiera haber actuado deliberadamente, el interventor le contesta que para
"beneficiar a determinadas empresas o a determinados grupos de
beneficiarios".
En su testimonio, el interventor explicó que comprobaron
las "importantes irregularidades" en los cursos tras un informe de
cumplimiento de Huelva, tras el cual se unieron los de otras provincias.
Así, afirmó que el SAE pudo falsear los
certificados que se emitían una vez liberado el pago del 75 % de las ayudas y
en los que se hacía constar que los fondos subvencionados se habían destinado a
la finalidad objeto de la ayuda.
"Los certificados de finalidad con carácter general no
eran concordantes con la realidad", señaló el interventor antes de apuntar que "la inmensa
mayoría presentaban problemas de justificación".
El interventor, que aludió a la "desidia" y
al "dolo" por parte del SAE para no comprobar la documentación, se comprometió a hablar con su superior y elaborar un
"informe especial, o como se considere llamarlo", respecto al papel
desempeñado por el SAE, lo que le solicitaron la juez y la Fiscalía
Anticorrupción.
Además, el interventor reconoce, a preguntas de la juez, que existía
la "tendencia" a que se paralizaran los "escasos"
procedimientos de reintegros iniciados.
En su declaración, el interventor deja constancia de la "falta
de medios, sobre todo de personal, que existe en la Intervención", cuyas
unidades se nutrían de trabajadores "escasamente" cualificados.
Esa carencia provocaba un "retraso importante en la
emisión de los informes, teniendo en cuenta además que cada vez son más
numerosas las áreas de riesgo y los requerimientos judiciales", concluye
el interventor.
La Junta señala que son 733,7 millones
En un comunicado, el departamento que dirige Luciano Alonso
señala que la información publicada tras el levantamiento del secreto parcial
de las actuaciones que pesaba sobre la causa del fraude en los cursos de
formación la Consejería "no se corresponde con la realidad" y que se
trata de "una interpretación errónea" de la información remitida por
la Intervención.
Según el comunicado de la Consejería, en la
información publicada en la Cuenta General, que elabora la propia Intervención
General, y que audita y publica la Cámara de Cuentas de Andalucía, se pueden
consultar los libramientos pendientes de justificar de Formación para el Empleo
que "ascienden a 733,7 millones de euros", según el dato remitido por
la Consejería de Hacienda.
La Cuenta General de
2013 publica el último dato disponible sobre libramientos pendientes de
justificar de la Consejería de Educación, la cual es competente en dicha
materia de todos y cada uno de los expedientes traspasados con fecha de abril
de 2013 y que son correspondientes al periodo 2007 hasta la actualidad.
Concretamente, según la Consejería,
los libramientos pendientes de justificar del programa 32D a ejercicio cerrado
en 2013 ascienden a 732 millones de euros.
"Si se le incorporan las cuantías del
ejercicio corriente la cuantía de libramientos pendientes de justificar del
programa de Formación para el Empleo asciende a 733,7 millones de euros
(periodo 2007-2015)".
Por ello, considera que la información publicada sobre
los 3.015 millones de cantidades pendientes de justificar es "la suma de
todos los requerimientos que ha realizado la Intervención General de la Junta
de Andalucía para la ejecución de esos libramientos desde el año 2005 hasta la
actualidad", por lo que, según
explica el departamento de Luciano Alonso, "se suman todas las veces que
se han requerido las cuantías desde 2005, aunque estas cuantías se repitan cada
año".
"De ahí que la cuantía final sea notablemente superior
a los libramientos pendientes de justificar que como se ha señalado ascienden
para el programa 32D a 733,7 millones", ha reiterado, apuntando que las
cuantías requeridas se van reiterando cada año hasta que se produce su completa
justificación
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