- La investigación sobre las facturas falsas
- Los informes de la UCO sobre UGT comprometen al PSOE ante Alaya
- Los atestados remitidos por la Guardia Civil al juez alertan de un 'artificio' mercantil
El ex alto cargo de Susana Díaz se lucró con unas ayudas para cursos que no tuvo que justificar
- El ex director general fue profesor en los cursos de formación que no justificó
- Traspasó a su mujer y a las de sus socios la academia en el año 2014
- David García Ostos es actualmente candidato del PSOE a la Alcaldía de Écija
¿¿ Estabilidad con los "psociolistos"???
Los informes de la UCO sobre UGT
comprometen al PSOE ante Alaya
- La investigación sobre las
facturas falsas
- Los informes de la UCO sobre UGT
comprometen al PSOE ante Alaya
- Los atestados remitidos por la Guardia Civil al juez alertan de un 'artificio' mercantil
Los informes elaborados por la Unidad Central Operativa
(UCO) de la Guardia Civil para el caso de las facturas falsas de UGT -en manos
del Juzgado de Instrucción 9 de Sevilla-, que cuestionan el «artificio
financiero» ideado por el sindicato en Andalucía para justificar gastos de
subvenciones ante la Junta, podrían acabar situando al PSOE andaluz y sus Casas
del Pueblo en el punto de mira de la juez Mercedes Alaya dentro de la investigación paralela puesta en marcha en el
Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla por el presunto fraude masivo con las
ayudas para los cursos de formación profesional.
Tras desmenuzar las cuentas del sindicato y recoger el
testimonio de algunos trabajadores ugetistas, los expertos de la
Guardia Civil concluyeron que el sindicato que ahora encabeza Carmen Castilla
había justificado gastos en subvenciones otorgadas por la Junta de Andalucía
con una maniobra de ficción mercantil consistente en ceder sus instalaciones a
una empresa participada al 100% por la organización sindical para que dicha
sociedad, liberada de siglas, se dedicara a alquilar las dependencias a otra
entidad -también dependiente de UGT-A- para la realización de cursos de formación.
Alquiler subvencionable
Hay que tener en cuenta que uno
de los conceptos subvencionables para las ayudas formativas de la Junta de
Andalucía era el del alquiler de aulas. Y es evidente que, si un curso se realizaba directamente en
una sede de UGT, el sindicato no podía cobrar, autorrepercutirse ni justificar
ante la Administración autonómica renta de alquiler ninguna. ¿Qué hizo? Recurrir al «artificio» de ceder
patrimonio a la empresa Soralpe (propiedad al 100% de la propia UGT) y usarla
como pantalla para facturarle al Instituto de Formación y Estudios Sociales
(IFES) por los cursos impartidos en instalaciones de UGT.
Según advirtió la UCO al juez de las facturas falsas, Juan
Jesús García Vélez, de esta maniobra mercantil se derivó «una
situación irreal mediante la cual se estaban justificando gastos ante la
entidad concedente de las subvenciones [la Junta de Andalucía] que en sí no lo
eran», una
conclusión que confirma la gravedad de los
acuerdos que recoge el acta revelada por EL MUNDO de la reunión interna
celebrada el 9 de febrero de 2006 por el ex tesorero de UGT Andalucía Federico
Fresneda con los secretarios de Administración de las ocho uniones
provinciales.
En presencia de Enrique Goicoechea, consejero delegado de
Soralpe, Fresneda apuntó que «habría que poner todo a nombre» de esta empresa
siguiendo el ejemplo de UGT de Jaén, a la que ya le estaba saliendo gratis el
gasto de la factura eléctrica vía ayudas de formación de la Junta. «La luz se ha puesto a nombre de Soralpe y es quien paga, y
la unión provincial se olvida», recoge un acta donde también salen a relucir
las Casas del Pueblo del PSOE.
«Con los cursos de Sevilla hay
un problema y es que todos se hacen en la Avenida de la Raza [sede del IFES] y
habría que intentar sacarlos de ahí», refleja expresamente el acta de una
reunión en la que Fresneda da la orden también de «comprar» Casas
del Pueblo del PSOE y reconvertirlas en aularios para solventar el problema de
la justificación del autoalquiler de edificios que en realidad son propiedad de
UGT.
Cesión gratuita
Como prueba la
documentación remitida a la Junta, numerosos cursos impartidos por IFES se
desarrollaron en sedes del PSOE. En un
solo expediente justificativo (el presentado ante la Consejería de Empleo en
marzo de 2011 por una ayuda de 3,17 millones de euros), se especifica que 22 de los
cursos desarrollados por UGT se realizaron en Casas del Pueblo del PSOE o
compartidas con el sindicato, y en todos la Junta le subvencionó a la organización sindical
el supuesto «alquiler» de la sede socialista pese a que, siempre según la versión oficial, el
partido le cedía gratuitamente las Casas para formar a los desempleados.
Ni siquiera en aquellas sedes cuya propiedad está compartida
al 50% por socialistas y ugetistas el PSOE ha admitido que se haya beneficiado
indirectamente de las partidas subvencionadas por la Junta para alquiler de los
aularios. O sea, según el Partido Socialista, ni los gastos
corrientes de las Casas del Pueblo se han afrontado con el dinero de alquiler
que sí cobró UGT y que lo ha justificado como tal ante la Junta.
En todo caso, hay
pruebas fehacientes de que el PSOE ha sido beneficario directo de las ayudas de
la formación a UGT. Y es que el Gobierno andaluz subvencionaba las obras de
construcción o adecuación de aulas para impartir formación. Y hay Casas del
Pueblo que han sido remozadas con las ayudas al sindicato hermano. El caso más significativo probablemente
sea el de de la sede socialista del pueblo jiennense de Lopera, donde el PSOE
andaluz dispone desde 2007 de un edificio -compartido con UGT- que costó
353.309,02 euros cubiertos íntegramente por una subvención de la Administración
autonómica. Los socialistas nunca han aclarado el patrimonio que comparten con
UGT en Andalucía.
El acta que implica a Susana Díaz, firmada en notaría
Consciente o inopinadamente, la propia secretaria
general del PSOE andaluz y presidenta en funciones de la Junta, Susana Díaz,
jugó en el pasado un papel principal en esa extraña relación entre su partido y
UGT en torno a las Casas del Pueblo y las ayudas de la Junta para formación.
El 15 de abril de 2011, cuando era secretaria de
Organización del PSOE andaluz, Díaz suscribió ante notario un convenio con el
ex secretario general de UGT Andalucía Francisco Fernández Sevilla -dimitido en
pleno escándalo de las facturas falsas- para la creación de un «aula» en la
Casa del Pueblo que partido y sindicato comparten en el pueblo jiennense de
Torreperogil.
En el acuerdo firmado por Susana Díaz, el anterior líder
ugetista y Federico Fresneda, el ex tesorero imputado de UGT, establecen que
dicha aula «será destinada al alquiler para la realización de cursos de
formación» y añaden, expresamente, que «el importe obtenido será destinado al
mantenimiento del edificio».
Cuando en enero de 2014 EL MUNDO reveló el documento
notarial con la rúbrica de Susana Díaz, ésta reaccionó afirmando que era
«falso». No negaba la veracidad de la información, sino que aludía
a que en el convenio se había acordado también crear una cuenta bancaria
conjunta de PSOE y UGT en la que se ingresaría el dinero obtenido por el
rrendamiento de la Casa del Pueblo de Torreperogil y esa cartilla común no se
llegó a crear nunca.
No osbtante, el acuerdo notarial -reconocido hasta por el portavoz parlamentario del PSOE, Mario
Jiménez-invita a pensar que puede haber
más acuerdos respecto a otras sedes del PSOE que hayan supuesto ingresos
indirectos para el PSOE vía ayudas de formación. O no: pero si el sindicato se quedaba el dinero y simulaba un falso
alquiler en las justificaciones ante la Junta, sería el mismo
«artificio» que el de Soralpe con los socialistas participando en la ficción.
CURSOS DE FORMACIÓN.
El ex alto cargo de
Susana Díaz se lucró con unas ayudas para cursos que no tuvo que justificar
- El ex director general fue profesor en los cursos de formación que no justificó
- Traspasó a su mujer y a las de sus socios la academia en el año 2014
- David García Ostos es actualmente candidato del PSOE a la Alcaldía de Écija
David García Ostos no
sólo se benefició de las exoneraciones de la Junta de Andalucía a la hora de
justificar las subvenciones que recibía para impartir cursos de formación.
Además, el ex director general de Comunicación de la Junta y candidato del PSOE
a la Alcaldía de Écija en las próximas elecciones municipales se lucró con esas
subvenciones.
El propio ex alto cargo autonómico -nombrado por Susana Díaz
en agosto de 2012- ejerció como profesor en algunos de los
cursos financiados con cargo a los fondos de formación hoy bajo sospecha por un
presunto fraude que la juez Mercedes Alaya eleva a casi los mil millones de
euros.
García Ostos reconoció, en declaraciones a EL MUNDO de
Andalucía, que impartió algunos de los cursos que organizó la asociación
Instituto de Planificación y Gestión Integral (IPGI) con el dinero que recibía,
año tras año, del Servicio Andaluz de Empleo (SAE).
Aunque como socio del IPGI -donde llegó a ser tesorero entre
los años 2007 y 2009- no recibía remuneración económica, aclaró que sí sucedía
que algunos de los miembros de la asociación se implicase directamente en la
impartición de los cursos y, en ese caso, cobraban honorarios con cargo a la
subvención.
Tres candidatos exonerados
•David García Ostos. Ex director
general de Comunicación de la Junta, encabeza la lista electoral del PSOE a la
Alcaldía de Écija. Fue tesorero del
Instituto de Planificación y Gestión Integral entre 2007 y 2009, cuando se
produjeron las exoneraciones de las subvenciones recibidas.
•José Antonio Rodríguez. Ocupa
el puesto número tres de la lista del PSOE en Écija para las próximas
elecciones municipales del 24 de mayo. Fundador de IPGI junto a García Ostos, actualmente es
presidente de la asociación según el Registro de la Junta de Andalucía.
•José Luis Ruperti.
También
forma parte de la lista electoral socialista en Écija, en concreto en el puesto
número nueve. Fundó
IPGIjunto a sus dos compañeros antes citados y en la actualidad es secretario
de IPGI.
IPGI, que fue inscrita
en el Registro de Asociaciones de la Junta de Andalucía en abril de 1996,
empezó a recibir subvenciones de los fondos para la formación de parados a
partir del año 2000 y desde entonces la Administración autonómica le concedía
prácticamente todos los años ayudas para este fin. En algún ejercicio, incluso, la entidad de García Ostos
llegó a resultar beneficiaria de hasta nueve subvenciones para poner en marcha
otros tantos cursos.
De todas ellas, al menos dos no fueron justificadas en
tiempo y forma. De hecho, IPGI aparece
en los listados de exoneraciones hechos públicos por el gobierno de Susana Díaz
meses atrás después de que saltase el escándalo del fraude en la formación que
investigan la titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla y la Unidad
Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
García Ostos, que fue nombrado alto cargo por la propia
Susana Díaz cuando era consejera de Presidencia -la Dirección General
de Comunicación depende de este departamento-, es socio fundador de IPGI y formó parte de la junta
directiva de la misma entre los años 2007 y 2009 de acuerdo con los datos del
Registro de Asociaciones de Andalucía. Precisamente, en estos dos años se
produjeron las exoneraciones a IPGI.
En concreto, entre 2007 y 2009, el alcaldable del PSOE en
Écija era tesorero de una asociación registrada el 30 de abril de 1996 y que,
según sus estatutos, no tiene ánimo de lucro y tiene entre sus objetivos
«impulsar el desarrollo económico» o «promover proyectos de promoción de
empleo», además de «promover, gestionar, realizar y desarrollar planes de formación».
García Ostos sostiene que todas las subvenciones se justificaron
«debidamente» y asegura que ni siquiera sabía que su asociación había resultado
beneficiada por las exoneraciones.
En todos los supuestos,
la Junta de Andalucía hacía de la excepción legal la regla y declaraba la
concurrencia de circunstancias de especial interés social para eximir a las
entidades beneficiarias -entre
las que se incluye IPGI- de la obligación legal de justificar hasta el último
céntimo recibido de fondos públicos.
Las exoneraciones de las que se benefició la asociación del
candidato astigitano las firmó el entonces consejero de Empleo, Antonio
Fernández, imputado hoy tanto en el caso de los ERE como en el del fraude de
los cursos de formación.
Según la magistrada Mercedes
Alaya, Antonio Fernández otorgó subvenciones dictando resoluciones de
exoneración de la justificación de las mismas a las entidades beneficiarias,
todo ello en contra de la Ley de Subvenciones, que prevé que las exoneraciones
sean la excepción y no la forma habitual de proceder.
Desde que Susana Díaz llegó a la Presidencia de la Junta en
septiembre de 2013 tras la renuncia de Griñán, a sabiendas ya de que tanto las
autoridades europeas como la Cámara de Cuentas de Andalucía -además de algunos
juzgados de distintas provincias- estaban investigando el destino de las ayudas
de formación, el Gobierno andaluz optó por revisar todos los expedientes y no
dictar más resoluciones de exceptuación. También el fiscal superior de
Andalucía, Jesús García Calderón, ha alertado de la presunta irregularidad de
esta práctica por parte de la Junta.
Pero García Ostos no es
el único socialista detrás del Instituto de Planificación y Gestión Integral. Junto a él están vinculados con esta peculiar
academia con sede en Écija destacados
miembros del PSOE local, incluidos dos
integrantes de la lista electoral para las próximas municipales del 24 de mayo
que encabeza el propio García Ostos.
Se trata de José Antonio Rodríguez, actual presidente de
IPGI y número tres en la lista del PSOE, y José Luis Ruperti, secretario de la
entidad y que ocupa el puesto número nueve en la lista electoral.
Todos ellos aparecen, al igual que sus esposas, en la
estructura de la asociación casi desde su fundación y han ocupado distintos
puestos en la directiva a lo largo de los años.
De hecho, el alcaldable explicó que IPGI surgió como una
iniciativa de un «grupo de amigos» y que se centró en la formación después de
absorber la actividad de una antigua academia privada del municipio astigitano
que cerró.
Al calor de las
subvenciones públicas, desarrolló una intensa actividad en lo que a cursos de
formación para parados se refiere, que se ha reducido drásticamente a la par que se ha
cortado el grifo de las ayudas por la crisis y por las investigaciones por
corrupción.
Precisamente, a finales del año pasado y según la
documentación en poder de este periódico, las esposas de García Ostos,
Rodríguez y Ruperti constituyeron ante notario una sociedad limitada laboral
que, en la práctica, ha asumido la actividad de IPGI.
Esta nueva estructura societaria desvincula de los
promotores de IPGI la actividad de la academia, aunque según el ex alto cargo
de Susana Díaz, se ha hecho para centrarse en la actividad privada al margen de
las subvenciones.
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