- La juez procesa a los ex concejales Torrijos (IU) y Crespo (PSOE) y al ex asesor de Monteseirín, Domingo Enrique Castaño
- Fernando Mellet, condenado por las comisiones ilegales, también está acusado
Torrijos, de mariscada con Fernando Mellet. (rodrigotorrijos.es)
CASO MERCASEVILLA. La magistrada da por concluida la
instrucción judicial
La juez Alaya envía al
banquillo a diez acusados por la venta 'ilegal' de los suelos de Mercasevilla
- La juez procesa a los ex concejales Torrijos (IU) y Crespo (PSOE) y al ex asesor de Monteseirín, Domingo Enrique Castaño
- Fernando Mellet, condenado por las comisiones ilegales, también está acusado
La investigación sobre la venta
«ilegal» de los suelos de Mercasevilla llega a su fin.
Y esta vez parece definitivo tras casi seis años de
instrucción y meses de retraso por cuestiones formales. De los 16 acusados
iniciales, la juez Mercedes Alaya ha procesado finalmente a diez personas,
entre ellas al ex primer teniente de alcalde del
Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Rodrigo Torrijos (IU), el ex asesor del PSOE
Domingo Enrique Castaño y al ex director de la compañía Fernando Mellet. Todos
ellos, además, están imputados en otros causas por sus gestiones en la escena
pública.
Con esta decisión, la magistrada da marcha atrás en
sus primeras intenciones y, asumiendo la tesis de la Fiscalía de Sevilla y de
la propia acusación que ejerce Mercasevilla, deja fuera del caso a los dos ex
gerentes de la Gerencia de Urbanismo, Manuel Marchena y Miguel Ángel Millán, y
a tres técnicos de este mismo departamento.
La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla
abrió esta causa, de oficio, en el verano de 2009 al detectar irregularidades
en el concurso público que llevó a cabo la compañía para enajenar sus propios
terrenos. Esta operación urbanística se
«amañó», según la juez, para que la constructora Sanma -filial del grupo Sando-
ganara el citado concurso pese a no presentar la oferta económica más ventajosa
para el mercado central.
Los absueltos por la magistrada
•Los ex gerentes de Urbanismo. Entre los acusados iniciales
por la juez Alaya se encontraban los dos ex gerentes de Urbanismo, Manuel
Marchena y Miguel Ángel Millán, a los que acusó de allanar el camino a Sanma para que
pudiera construir en los suelos de Mercasevilla pese a que existían una serie
de deficiencias por las que a la anterior dueña de parte de esos suelos se le
negó. Sin embargo, la falta de acusación
a ambos por parte de la Fiscalía y la propia compañía ha hecho cambiar de
criterio a la magistrada y ha archivado la causa contra ellos.
•Los técnicos. Igual ha ocurrido con tres técnicos de la Gerencia
inicialmente imputados y que ahora se ha sobreseído su causa. Son Emilia
Barrial, Isabel Evans y Alberto Balbontín.
La constructora se vio beneficiada, presuntamente, mediante dos
cláusulas descritas en el pliego de condiciones: la denominada limitación al
alza -«penalizaba extrañamente» las ofertas superiores al 10% de la media de
las restantes- y el derecho de superficie previo. Este último requisito sólo lo cumplía Sanma, ya que meses
antes adquirió parte de los suelos de Mercasevilla a la empresa Larena98, que
se deshizo de los terrenos por dificultades para construir.
El pasado 12 de marzo,
la juez Alaya emitió un nuevo auto al que ha tenido acceso EL MUNDO de
Andalucía en que cierra la fase de instrucción y envía al banquillo a diez
acusados. Además de los ya citados Torrijos, Castaño y Mellet, están
procesados el ex concejal del PSOE Gonzalo Crespo, el secretario del consejo de
Mercasevilla Jorge Piñero, la miembro del consejo de administración María
Victoria Bustamante, el economista José Antonio Ripollés y tres responsables de
Sanma: Luis Sánchez Manzano, José Luis Sánchez Domínguez y José Luis Miró.
En conjunto, la
magistrada les atribuye los delitos de fraude y exacciones ilegales -que
conlleva una pena de cárcel de hasta dos años-, prevaricación y societario. Y no sólo eso, además pone precio al fraude del concurso
público al solicitarle a los acusados una fianza solidaria más de 33 millones
de euros «para asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran
imponérseles».
En este nuevo auto, la titular del Juzgado de Instrucción
número 6 de Sevilla sostiene que hubo un «concierto
previo» entre los acusados con el fin de que el citado concurso «fuera
adjudicado mediante artificio y en contra de la legalidad a la entidad Sanma,
defraudando así a los intereses generales de la ciudad de Sevilla y de la
propia Unidad Alimentaria». Bajo estos hechos describe la
atribución del delito de fraude y exacciones ilegales.
Sobre la acusación de
prevaricación, la magistrada considera que, igualmente, se
«concertaron» tanto en la «preparación presuntamente ilícita del concurso
público, es decir, desde la elaboración del pliego con la ideación de las
cláusulas más controvertidas» como en la «valoración favorable a la entidad
Sanma, resultando indiciariamente que la mayor parte de las licitadoras
realizaron ofertas de relleno y autoexcluyentes, hasta concluir con la
adjudicación del concurso de manera fraudulenta a favor» de esta constructora.
En cuanto al delito societario, advierte de que los «cargos
públicos integrantes del consejo de administración de Mercasevilla, con abuso
de las funciones propias de su cargo, dispondrían
fraudulentamente de los bienes de la sociedad en perjuicio de ésta a través de
una modalidad de contratación en la que no se valoraba el mayor beneficio
económico para la entidad».
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