Las finanzas de las federación andaluza
- El sindicato, investigado por las facturas falsas y los ERE, esgrime problemas financieros
- La central podría estar vendiendo patrimonio para evitar los posibles embargos
- Algunas fuentes aseguran que la operación se habría cerrado por 5,5 millones de euros
Las finanzas de las federación
andaluza
Cándido Méndez compra la sede de UGT-A que registró la juez
Alaya
- El sindicato, investigado por las facturas falsas y los ERE, esgrime problemas financieros
- La central podría estar vendiendo patrimonio para evitar los posibles embargos
- Algunas fuentes aseguran que la operación se habría cerrado por 5,5 millones de euros
El secretario general de UGT,
Cándido Méndez, ha dado orden de comprar la sede en Sevilla de la federación
andaluza del sindicato, la
misma que ordenó registrar la juez Mercedes Alaya en diciembre del año 2013,
durante la primera redada relacionada con el escándalo de las facturas
presuntamente falsas que destapó EL MUNDO.
Fuentes de UGT-A confirmaron a EL MUNDO que el confederal
ha comprado la sede de la céntrica calle
Antonio Salado de Sevilla, una casa de tres plantas y azotea de más de 500
metros cuadrados. Sin embargo, el sindicato eludió aclarar si la operación se había
cerrado por un importe de 5,5 millones de euros, como detallaron otras fuentes
consultadas.
En la transacción, la federación andaluza de UGT, que lidera
la secretaria general Carmen Castilla, tan sólo se habría embolsado 1,5
millones de euros, ya que los restantes 4 millones se habrían empleado en saldar deudas que
la federación andaluza mantenía con la dirección nacional del sindicato.
La operación, que se ha llevado a cabo con sigilo y
discreción, despierta numerosas interrogantes por la situación crítica que atraviesa UGT-A, al estar en el punto
de mira de dos jueces por el escándalo de las facturas falsas, que investiga el Juzgado de Instrucción 9 de Sevilla, que
dirige Juan Jesús García Vélez, y también por el
caso ERE, que indaga Mercedes Alaya.
Y no sólo hay jueces investigando a UGT-A. También
la Junta de Andalucía reclama la devolución de al menos 15,3 millones de euros
en subvenciones al sindicato, después de
abrir una investigación interna a raíz de las revelaciones periodísticas sobre
las facturas falsas. Este asunto se encuentra en varios juzgados de lo
contencioso administrativo, ante la negativa de la central a abonar la suma
requerida por el Administración andaluza.
Precisamente a raíz de las
investigaciones judiciales, UGT podría ver peligrar su patrimonio, si tuviera
que hacer frente a fianzas o embargos. Ya hay precedentes. El sindicato CCOO ha visto cómo Alaya
decretó en febrero de 2014 el embargo de un piso de esta central en Madrid para
intentar recuperar parte del dinero defraudado en los ERE. En concreto, los
471.352 euros de la fianza impuesta al sindicalista Roberto Carmona, secretario
general de la Federación Minerometalúrgica de CCOO en Andalucía de 1991 a 2009,
imputado por exigir, presuntamente, comisiones para el sindicato por su
intermediación en un ERE.
En el caso de UGT, la central ha sido declarada responsable subsidiaria
de la fianza civil de 251.041 euros que Alaya impuso en octubre de 2013 al ex
secretario general de UGT Salvador Mera, que dimitió tras ser detenido y
prestar declaración en el juzgado.
La fianza de responsabilidad civil fijada por Alaya equivale
a la presunta petición que el ex dirigente de UGT hizo al dueño de Uniter
durante las negociaciones del ERE de la Faja Pirítica de Huelva.
El otro frente judicial que afecta de lleno a UGT-A es el
caso de las facturas falsas, un sumario que acumula una veintena de imputados,
entre los que destacan los dos ex secretarios generales de este sindicato en
Andalucía Manuel Pastrana y Francisco Fernández Sevilla; el ex tesorero
Federico Fresneda; y María Charpín, ex secretaria de Gestión Económica.
También está imputada Dolores Sánchez Montaño, encargada de
compras en la UGT-A, y los empresarios que se prestaban a hacer facturas
falsas, presuntamente.
Aunque el caso de las facturas falsas lo investiga ahora el
juez García Vélez, inicialmente recayó en el juzgado de Alaya. De esa etapa es
el registro que los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la
Guardia Civil practicaron durante más de diez horas, el 19 de diciembre de
2013, en la sede de la calle Antonio Salado que ahora ha comprado UGT
confederal.
La federación andaluza del sindicato alegó que la central «necesita dinero» y que por eso ha vendido la
sede, sin dar más detalles de la operación millonaria.
Las fuentes jurídicas consultadas subrayaron que la venta del
inmueble podría tener trascendencia en las investigaciones judiciales que se
siguen contra UGT
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