- La UDEF indaga si Magtel desvió parte de los 9,3 millones que le dio el gobierno.
- La Junta también 'regó' con subvenciones a la empresa bajo sospecha
La Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía está investigando si Magtel -socia del consorcio a la que la Junta de Andalucía ha adjudicado la explotación de la mina de Aznalcóllar- desvió parte de las millonarias subvenciones que le concedió el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero para instalar redes de fibra óptica en municipios de Sevilla y Málaga. La empresa, con sede en Córdoba y asociada con Grupo Méxicopara explotar Aznalcóllar, recibió ayudas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio por un importe cercano a los 9,3 millones de euros y la juez Celia Belhajd ha encargado a la unidad especializada de la Policía Nacional que averigüe si Magtel gastó todo el dinero en los proyectos declarados o si parte del mismo se destinó a fines distintos.
La orden de indagar estas supuestas irregularidades la incluye la magistrada del Juzgado de Instrucción 3 de Sevilla en el auto por el que abre diligencias previas acerca del concurso convocado por la Junta para adjudicar los derechos de explotación del yacimiento de Aznalcóllar, cerrado desde el desastre medioambiental de 1998.
El procedimiento judicial tiene su origen en la denuncia que la empresa Emerita Resources, que participó en el concurso y que fue descartada en la fase final, interpuso el pasado 26 de febrero. En ella apuntaba a un supuesto trato de privilegio otorgado por la Administración andaluza a Magtel, a la que, por otro lado, ha 'regado' durante años con ayudas públicas.
Y que paso en el ¿expediente de venta de los 70 inmuebles de la Junta de Andalucía?
¿Los junteros nos despluman, con normas "ad hoc"?: Venden 70 inmuebles de la Junta de Andalucía = afirman que han tramitado el preceptivo procedimiento: ¿El suyo?; ¿el del "Régimen"? = ese procedimiento que ellos mismos diseñan "por ingeniería jurídica" y por el que se ¿malvende el patrimonio público de todos los andaluces?
TRIBUNALES
La adjudicación para explotar la mina, bajo sospecha
La juez ordena investigar ayudas a la adjudicataria de Aznalcóllar
- La UDEF indaga si Magtel desvió parte de los 9,3 millones que le dio el gobierno
- La Junta también 'regó' con subvenciones a la empresa bajo sospecha
La Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía está investigando si Magtel -socia del consorcio a la que la Junta de Andalucía ha adjudicado la explotación de la mina de Aznalcóllar- desvió parte de las millonarias subvenciones que le concedió el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero para instalar redes de fibra óptica en municipios de Sevilla y Málaga.
La empresa, con sede en Córdoba y asociada con Grupo Méxicopara explotar Aznalcóllar, recibió ayudas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio por un importe cercano a los 9,3 millones de euros y la juez Celia Belhajd ha encargado a la unidad especializada de la Policía Nacional que averigüe si Magtel gastó todo el dinero en los proyectos declarados o si parte del mismo se destinó a fines distintos.
La orden de indagar estas supuestas irregularidades la incluye la magistrada del Juzgado de Instrucción 3 de Sevilla en el auto por el que abre diligencias previas acerca del concurso convocado por la Junta para adjudicar los derechos de explotación del yacimiento de Aznalcóllar, cerrado desde el desastre medioambiental de 1998.
El procedimiento judicial tiene su origen en la denuncia que la empresa Emerita Resources, que participó en el concurso y que fue descartada en la fase final, interpuso el pasado 26 de febrero. En ella apuntaba a un supuesto trato de privilegio otorgado por la Administración andaluza a Magtel, a la que, por otro lado, ha 'regado' durante años con ayudas públicas.
Denuncia por tráfico de influencias
Emerita Resources hablaba en su denuncia de un presunto delito detráfico de influencias y aludía a la vinculación laboral con Magtel de varios ex altos cargos de la Administración autonómica, amén de su relación con el PSOE en general.
Como una de las pruebas, la denunciante señaló a las subvenciones otorgadas por el ejecutivo de Rodríguez Zapatero, las mismas que la juez Belhadj ha ordenado a la UDEF que investigue.
Se trata de ocho ayudas concedidas a Magtel Comunicaciones Avanzadas S.L. para otros tantos proyectos de despliegue de red de fibra óptica en los municipios sevillanos de Castilleja de la Cuesta, Coria del Río, Gines, Los Palacios y Utrera, así como en las localidades malagueñas de Fuengirola, Rincón de la Victoria y Torremolinos.
A simple vista llama la atención de estas subvenciones, aparte de su cuantía, que fueron concedidas en los últimos días de gobierno socialista. Su concesión se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 22 de diciembre de 2011, cuando Mariano Rajoy y el PP ya habían ganado con mayoría absoluta las elecciones generales y el gobierno socialista de Zapatero se encontraba en funciones.
Sólo superada por Telefónica
Junto a Magtel resultaron beneficiarias de las subvenciones del Ministerio de Industria otras nueve empresas y Magtel fue la segunda que más dinero recibió, sólo superada por Telefónica. Pese a que el tamaño de la sociedad cordobesa es infinitamente menor que el de la multinacional, 'apenas' recibió 700.000 euros menos.
Las supuestas irregularidades, si las hubiere, podrían suponer la comisión de un delito de fraude en subvenciones, como señala la magistrada de Instrucción 3 en su auto, al que ha tenido acceso EL MUNDO. Si se confirman las sospechas, la magistrada ya anuncia la apertura de piezas separadas para las pesquisas relacionadas con las subvenciones dadas por el gobierno de Zapatero.
En ese mismo auto, como ya informó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) la semana pasada, la juez reclama a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo el expediente completo (incluyendo informes previos y valoraciones) de la adjudicación de Aznalcóllar.
En este sentido, habla la magistrada de que los hechos denunciados por Emerita Resources presentan indicios de «infracción penal» y, además del posible delito de fraude en subvenciones en relación a las ayudas del Ministerio de Industria, apunta a la presunta comisión de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y negociación ilegal.
La denunciante sostiene que el concurso fue amañado con el exclusivo fin de que la ganadora fuese la que ha sido, México-Minorbis. Y, para ello, asegura, no sólo se han cometido irregularidades en el procedimiento administrativo, sino que además ha habido «presiones» a los funcionarios que lo han tramitado.
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