- La asesoría jurídica informó a la Viceconsejería de Trabajo que la ley impedía que el IFA actuara como 'caja pagadora' al tratarse de subvenciones no sujetas a normas reguladoras
- El IFA pagó la ayuda a los ex trabajadores de Iamasa pese al reparo del abogado
- Cinco meses después se firmó el convenio marco que precedió al del 'fondo de reptiles'
Extracto informe Asesoria jurídica Consejería de Trabajo.
- La Intervención señala a los auditores en el fraude de formación; los informes de los interventores provinciales reprochan la falta de rigor de las auditorias privadas, que validaron gastos imputados a cursos que no llegaron a impartirse.
- Alaya amplía cargos a 11 imputados en los ERE; Antonio Fernandez y Javier Guierrero, entre los encausados por las ayudas a Cydeplast e Inverjaén.
CASO
ERE. La Junta también desoyó a sus abogados en las ayudas de los ERE
- La asesoría jurídica informó a la Viceconsejería de Trabajo que la ley impedía que el IFA actuara como 'caja pagadora' al tratarse de subvenciones no sujetas a normas reguladoras
- El IFA pagó la ayuda a los ex trabajadores de Iamasa pese al reparo del abogado
- Cinco meses después se firmó el convenio marco que precedió al del 'fondo de reptiles'
Extracto informe Asesoria jurídica Consejería de Trabajo.
La Junta no sólo desoyó a la Intervención General en las
ayudas de los ERE. También hizo caso omiso a su asesoría jurídica, que en el
año 2000 ya advirtió a la entonces Consejería de Trabajo e Industria de que el
Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) -después Agencia IDEA- no podía actuar
como 'caja pagadora' de dichas subvenciones al tratarse de ayudas excepcionales
y, por tanto, no sujetas a bases o normas reguladoras.
Así lo planteó José María Castro Pascual, entonces jefe del
gabinete jurídico de la Consejería de Trabajo e Industria, en un informe
emitido el 9 de febrero de 2000 a petición de la Viceconsejería, a cuyo frente
se encontraba Antonio Fernández.
En concreto, se trataba de un dictamen sobre convalidación
de gastos en relación con el convenio de colaboración que el entonces consejero
de Trabajo, Guillermo Gutiérrez, había firmado el 15 de diciembre de 1999 con
el presidente del IFA, Salvador Durbán, a fin de que ese organismo anticipara
708.898,97 euros para la contratación de una póliza de prejubilaciones que
cubriera a los seis antiguos trabajadores de la empresa jiennense Industria
Auxiliar para Maquinaria y Autonomoción SA (Iamasa) que tenían más de 53 años
Era la materialización del compromiso que había asumido con
la representación de los trabajadores Francisco García Martínez Paquillo -ex
delegado provincial de Industrial, Comercio y Turismo y ya imputado por la juez
Alaya- el 6 de febrero de 1996, en vísperas de las elecciones autonómicas (3 de
marzo).
El
dictamen del jefe de la asesoría jurídica se producía 12 días después de que el
interventor delegado de la Consejería de Trabajo e Industria, Joaquín Alegre,
hubiera emitido un informe sobre el citado convenio de colaboración firmado por
Gutiérrezy Durbán en el que detallaba seis deficiencias o infracciones.
Así, la subvención se
tramitó como excepcional sin que se acompañara la memoria en la que se
justificara el interés social de la ayuda o el supuesto especial en el que
incurría, no se acreditaba la personalidad de los beneficiarios, tampoco se
remitía el proyecto de póliza del plan de rentas de jubilaciones anticipadas
cuya prima se subvencionada y no se aportó proyecto de resolución de concesión
con el contenido mínimo establecido por la Intervención General de la Junta.
Tampoco se incorporó al expediente la declaración
responsable de los beneficiarios sobre la concurrencia de otras ayudas
otorgadas por otras administraciones y se utilizó al IFA
como entidad colaboradora para la entrega de los fondos cuando esta figura sólo
estaba prevista en el caso de las subvenciones regladas, no en las
excepcionales como en el caso analizado.
A la vista del informe del interventor delegado, la
Viceconsejería de Trabajo e Industria recurrió al trámite de la convalidación
de gastos, procedente -según el acuerdo adoptado por la Comisión General de
Viceconsejeros el 5 de junio de 1992- en aquellos casos en los que no existan
defectos insubsanables.
Lejos de desairar a la Intervención, el letrado concluyó que el
expediente no se podía remitir a la Comisión General de Viceconsejeros para su
convalidación debido a que en el expediente persistía una de las infracciones:
la «improcedencia de la actuación del IFA como entidad colaboradora». Y este
defecto «no es susceptible de subsanación», añade.
La dirección de la Consejería de Trabajo e Industria había
invocado el artículo 106 de la Ley General de la Hacienda Pública de la
Comunidad de Andalucía, que establece que «las bases o normas reguladoras de
las subvenciones o ayudas podrán establecer que la entrega y distribución de
los fondos públicos a los beneficiarios se efectúe a través de una entidad
colaboradora».
El
jefe de la asesoría jurídica disintió y recordó que la actuación de una entidad
colaboradora sólo podía hacerse «en el marco de una subvención reglada», es
decir, sujeta a bases o normas reguladoras. Y ello «lleva inexorablemente a la
conclusión de que no procede la actuación de una entidad colaborada en
supuestos no reglados o de subvenciones excepcionales», resalta en negrilla el
letrado en su informe.
No constan en las actuaciones que instruye la juez Alaya
ningún informe más solicitado por la dirección de la Consejería de Trabajo a la
asesoría jurídica, que en el dictamen de Iamasa dejó fijada la posición.
Salvador Durbán, firmante del citado convenio de
colaboración con Guillermo Gutiérrez, puso también su rúbrica el 27 de julio de
2000 al convenio marco con la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico -en
la etapa de José Antonio Viera como titular del departamento- que la
instructora del caso ERE considera que «pudo dar origen al procedimiento
específico» derivado del convenio de 17 de julio de 2001. Ello dio pie al
nacimiento del fondo de reptiles.
Según la información facilitada a Alaya, el IFA terminó
abonando una ayuda sociolaboral a los seis ex trabajadores de Iamasa por
924.691, 20 euros, 215.792,23 más de lo previsto en el convenio de colaboración
firmado en diciembre de 1999. El dinero se abonó en dos pagos -uno de
674.691,20 euros en 2002 y otro de 250.000 euros en 2003- y se cargó a la
partida presupuestaria 22E.
Además de cinco directores generales de IFA/IDEA (Antonio
Lara Revilla, Francisco Mencía, Miguel Ángel Serrano, Jacinto Cañete y Antonio
Valverde), entre los imputados se encuentra el jefe del gabinete jurídico de la
Junta entre 1982 y 2012, Francisco del Río, que como miembro del consejo rector
del ente instrumental asistió a 14 sesiones en las que se dio cuenta de la
firma de 22 convenios «sin poner reparo alguno».
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