IMPUTEICHON, gracias compañero por el envío, seguimos sumando, y buscando otra juez Alaya en sede judicial, por que la "magia judicial" al final hace agua......mientras tanto, el 22 M hay que "botar" al Régimen.

..una administración, la Junta de Andalucía, secuestrada por un partido político y convertida en cortijo andaluz, con sus señoritos dentro y todo. Y unos funcionarios que arañan la superficie helada de años de conformismo e indiferencia.

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Chaves, Griñan y compañía....¿Les saldrá gratis haberse pasado el derecho administrativo por el arco del triunfo?. ¿Saldrán indemnes de ese desprecio chulesco hacia las leyes, hasta el punto de haber propiciado la manufactura de normas a medida, de haber retorcido la ley y el derecho para ..? Me temo que sí.

Creo que nunca en mi vida he deseado tanto equivocarme, pero creo que el Supremo terminará por no inculpar ningún delito a estos dos y a los demás. Es más, a la larga le puede beneficiar a los sociolistos el hecho de que el Supremo, tras haber investigado, no encuentre indicios de delito como para solicitar el suplicatorio y continuar así el procedimiento. Por cierto, ¿estará el TSJA esperando a lo que haga el Supremo con los peces mayores para ver que hace con los menores?.

Mi confianza en el Supremo es bastante escasa, por no decir nula, desde el momento que vino a declarar en una Sentencia sobre los recursos que interpusimos muchos funcionarios, que el personal de la fundación FAFFE (entre otros entes), eran ya, con anterioridad a su integración por subrogación empresarial ( por la cara, vamos) en la Agencia SAE, empleados públicos. ¡Empleados públicos unos empleados de un ente de Derecho Privado como era la fundación!. Sí, de un ente privado, con trabajadores privados, aunque perteneciente al sector público. No hay más que ver lo que dice la LAJA: art. 52.3.” Las sociedades mercantiles y la fundaciones del sector público tienen personalidad jurídica privada,..” y luego echarle otra miradita a dos articulitos del EBEP, por un lado el art. 8.1. en donde se define el concepto de empleados públicos: “Son empleados públicos quienes desempeñen funciones retribuidas en las Administraciones Públicas al servicio de los intereses generales.”, y luego poner esto último en relación con el art. 2.1 del mismo texto en el que se señala cuales son las Administraciones Públicas que entran en el ámbito de dicho Estatuto, no figurando en dicha descripción las entidades de derecho privado del sector público. Es decir, se trataba de trabajadores privados convertidos por arte de birlibirloque en empleados públicos.

Después de esta bestialidad, de esta patada descaradísima al Derecho, de esta vergonzosa muestra de falta de profesionalidad y de imparcialidad, de ese increible sometimiento a intereses partidistas, que cabe esperar de ese Tribunal. Poco. O nada. Repito: Ojalá me equivoque.

Por último quisiera decirle algo a los simpatizantes del PSOE: No salva la cuestión el hecho de que Chaves y Griñan no se hayan llevado un euro.., ni que eso de que crearon y engordaron una administración paralela, ajena a los controles para beneficiar a los suyos, o para crear una red clientelar sea algo que un Tribunal no pueda demostrar de manera suficiente, etc...da lo mismo. La cuestión es simple y llanamente la siguiente:

Cuando estos señores ( y otros con anterioridad y con posterioridad) se hicieron cargo del gobierno y la administración de Andalucía existía ya una Administración Pública regida por el Derecho Administrativo, con una serie de instituciones y procedimientos; instituciones y procedimientos sancionados por los máximos órganos legislativos y de representación de la soberanía popular como son los parlamentos (Estatal y Andaluz). Sin embargo ellos prefirieron crear y fomentar otra administración con otras instituciones y procedimientos distintos a los que las leyes, empezando por la Constitución, prescribían para los asuntos públicos. ¿Por qué lo hicieron?. El derecho que rige en la administraciones no es electivo. Si en vez de atenerse a él se opta por otro distinto, habrá que preguntarse por qué, para qué, etc..Pero no hay que olvidar que el hecho en sí mismo de no respetar tal derecho es, o debería ser, un delito. ¿O es que no estamos todos los ciudadanos obligados a respetar la leyes?. Todos. Incluidos, alguien diría que con más motivo, los gobernantes. Y ello al margen de quién se quede los dineros, los favores y demás, o de que haya unos cuantos o una legión de beneficiados por la fechoría.

La nítida realidad es que se han concedido subvenciones y ayudas sin control, por procedimientos y entidades distintos a los previstos previamente por leyes y reglamentos y que esto no se hubiera podido hacer sin el conocimiento y aquiescencia de los máximos responsables de esa organización llamada Junta de Andalucia.

¿Asistiremos a una nueva torsión de la lógica de la Justicia y el Derecho, o por fin veremos restablecida nuestra exigüe creencia en aquello de la Justicia igual para todos?.