- Aurora Cosano y Eduardo Manuel Muñoz son altos cargos del Gobierno de Susana Díaz.
- Detenida también Teresa Florido, ex directora general y cuñada del ex consejero Ojeda
- Arrestado igualmente el ex delegado de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas.
- Registran el Consorcio de Formación Integral de las Industrias del Ocio (CIO) de Mijas
- La juez Alaya, que investiga la implicación de la Junta en la trama, coordina la operación
La Guardia Civil detiene a ex delegada de la Junta en Jaén, Irene Sabalete, la que iba la nº 10 en la lista del PSOE al Parlamento de Andazulía y posa tan feliz con Susana (ver foto)
¿Quien es Irene Sabalete?
Nuevos arrestos de altos cargos por el fraude de la formación
La Junta aparta de sus funciones a los delegados de Empleo detenidos
- El Gobierno de Susana Díaz dice estar convencido de que son personas 'honestas'
FORMACIÓN
La 'operación Barrado' está coordinada por la juez Mercedes Alaya
Dos delegados del Gobierno de Susana Díaz detenidos junto a otros 14
ex cargos de la Junta
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ha detenido
este martes a 16 personas en las ocho provincias andaluzas
por el fraude
en los cursos de formación. Entre los
detenidos están los actual delegados de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
en las provincias de Sevilla, Aurora Cosano Prieto, y Huelva, Eduardo Manuel
Muñoz García, ex alcalde socialista de Nerva. Ambos son altos cargos del
Gobierno de Susana Díaz.
Además de estos dos altos
cargos, los detenidos son siete ex delegados de Empleo; cuatro ex directores
generales de formación y tres responsables de los consorcios de formación de
Mijas (Málaga) y Almonte (Huelva). Todos ellos son cargos nombrados
por el Gobierno socialista de la Junta de Andalucía entre los años 2008 y 2012,
según han informado a ELMUNDO.es fuentes solventes.
Los ex altos cargos detenidos son las ex directoras generales de
Formación Profesional para el Empleo Teresa Florido, cuñada además del ex
consejero socialista y empresario Ángel Ojeda, uno de los principales
implicados en el caso de la formación, y María José Lara; el ex director
general de Empleabilidad y Formación Profesional, Manuel Brenes; el ex director
general de Formación Profesional, Autónomos y Programas para el Empleo, Andrés
Sánchez; los ex delegados provinciales de Empleo Antonio Rivas (Sevila), Juan
Carlos Lomeña (Málaga), Antonio Fernández Ramírez (Córdoba), Juan Manuel Bouza
(Cádiz), Marina Martín (Granada), Francisca Pérez (Almería), Irene Sabalete
(Jaén) y los actuales delegados en Sevilla y Huelva, Aurora Cosano y Eduardo
Muñoz.
Además de estos 13 cargos y ex altos
cargos de la Junta de Andalucía, han sido
detenidos la directora del Consorcio Centro Andaluz de Formación Profesional
para el Desarrollo Sostenible (Formades), de Almonte, y dos directores del
Consorcio Andaluz de Formación Integral de las Industrias del Ocio (CIO) de
Mijas. En este último se está practicando un registro, según las fuentes.
El operativo se ha iniciado a primera hora de esta mañana y el objetivo de los agentes es
esclarecer cómo el SAE adjudicaba y tramitaba las subvenciones para realizar
cursos de formación profesional para el empleo y, en su caso, por qué no hacía
seguimiento del cumplimiento de los fines ni solicitaba los reintegros de
fondos indebidamente usados.
Además de a los 16 detenidos,
los agentes podrían tomar declaración a otras personas que habrían participado
en estos procesos de adjudicación y tramitación de subvenciones. Se investigan presuntos
delitos de prevaricación, malversación y, en el caso de los consorcios, también
un presunto delito contra la Hacienda Pública.
La operación se produce por orden de la titular del Juzgado de
Instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga desde agosto de 2012 la
que podría ser la rama central del caso de los cursos de formación.
La magistrada podría
haber esperado a la celebración de las elecciones autonómicas para autorizar la
operación de la Guardia Civil.
En una pieza que está bajo secreto de sumario, la juez indaga en los
procedimientos empleados por la Junta de Andalucía para otorgar, tramitar y dar
por justificadas subvenciones, aun a sabiendas, presuntamente, de que el dinero
no había sido debidamente empleado.
La UCO ha puesto en marcha este operativo después de conocerse los
ocho informes de la Intervención de la Junta de Andalucía que, como adelantó EL
MUNDO el pasado 17 de enero, alertaban de un sinfín de irregularidades en la
tramitación y seguimiento de estos fondos y, al menos en un caso, de posible
menoscabo de fondos públicos.
Nuevos arrestos de altos cargos por el fraude de la
formación
La Junta aparta de sus funciones a los delegados de Empleo
detenidos
El Gobierno de Susana Díaz dice estar convencido de que son personas 'honestas'
El Gobierno andaluz en funciones que preside Susana Díaz acaba de anunciar el cese de los dos altos cargos detenidos esta mañana por el presunto fraude de las ayudas de la formación, los delegados provinciales de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de Huelva y Sevilla, los socialistas Eduardo Muñoz y Aurora Cosano, "para preservar el buen nombre de la Junta".
Así lo ha manifestado
en rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo autonómico, Miguel Ángel Vázquez,
que en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno ha defendido que
"hay que actuar con hechos para acompasar el discurso a nuestras decisiones"
y que ahora, ante la enésima actuación ordenada por la juez Mercedes Alaya
contra la Junta, hay que "actuar de forma inmediata e implacable".
"Respetamos la presunción de inocencia de las personas
que han sido detenidas y estamos
convencido que los altos cargos en activo son personas honestas e íntegras,
pero aun así la Junta ha decidido apartarlos", ha explicado Vázquez, subrayando que las destituciones de
Muñoz y Cosano "pueden ser injustas a la postre, pero tenemos que dar
ejemplo".
Y los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José
Antonio Griñán, pendientes de declarar el mes que viene en calidad de imputados
ante el Tribunal Supremo por el 'caso ERE', ¿no se tienen que sentar aludidos
por esta decisión? "Yo solamente puedo responder de la Junta. En otros
ámbitos, serán otras instituciones o el PSOE los que deberán hacer las
valoraciones y comentarios", ha zanjado Vázquez.
La Guardia Civil detiene a la exdelegada de Empleo Irene Sabalete
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en el marco de la operación iniciada este martes por el presunto fraude en cursos de formación financiados por la Junta de Andalucía que investiga la juez Mercedes Alaya, ha detenido también a los actuales delegados provinciales de Empleo de la Junta en Huelva y Sevilla, Eduardo Muñoz y Aurora Cosano, respectivamente.
Fuentes del caso han informado a Europa Press de que, en el marco de esta operación que se desarrolla de manera simultánea en varias provincias andaluzas, los ex altos cargos detenidos son las ex directoras generales de Formación Profesional para el Empleo Teresa Florido, cuñada además del ex consejero socialista y empresario Ángel Ojeda, uno de los principales implicados en el caso de la formación, y María José Lara; el ex director general de Empleabilidad y Formación Profesional, Manuel Brenes; el ex director general de Formación Profesional, Autónomos y Programas para el Empleo, Andrés Sánchez; los ex delegados provinciales de Empleo Antonio Rivas (Sevila), Juan Carlos Lomeña(Málaga), Antonio Fernández Ramírez (Córdoba), Juan Manuel Bouza (Cádiz), Marina Martín (Granada), Francisca Pérez (Almería), Irene Sabalete (Jaén) y los actuales delegados en Sevilla y Huelva, Aurora Cosano y Eduardo Muñoz.
Dentro de esta operación, y según han precisado a Europa Press fuentes de la investigación, se prevén entre 15 y 20 detenciones, entre ellos ex directores provinciales del Servicio Andaluz de Empleo, ex directores generales de Formación y presidentes del Consejo General de dos consorcios, como son el Consorcio Andaluz de Formación Integral de las Industrias del Ocio (CIO) de Mijas, en Málaga, y Formades.
En un auto dictado el 20 de enero, la juez declaró el secreto parcial de las actuaciones ante la "gravedad" de los hechos y tras detectar distintas "bolsas de fraude" que le llevaron a abrir hasta cuatro nuevas líneas de investigación, entre ellas una concerniente a las ayudas a la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y el Empleo (Faffe).
Así, el secreto afecta a la investigación sobre la "existencia de entramados empresariales beneficiados de diferentes subvenciones, algunas de las cuales habrían sido identificadas por funcionarios de la propia Dirección General de Formación" y por Teodoro Montes, jefe del departamento de gestión de la Formación Profesional Ocupacional de la Junta en Sevilla, "y en la que personas que dirigían varios entramados de empresas tenían acceso a un volumen importante de subvenciones, incluso algunas de estas personas tendrían relación con determinados cargos de la Administración".
En segundo lugar, la instructora aludía a la "existencia de determinados fraudes en los consorcios entre administraciones; estos consorcios recibían subvenciones a través de la Dirección General de Formación Profesional de la Consejería de Empleo, utilizando el procedimiento de adjudicación de 'Concurrencia no Competitiva', planteando la Cámara de Cuentas dudas sobre la adecuación del procedimiento", lo que también fue declarado secreto. Relacionadas
En este sentido, Alaya pone de manifiesto que, de la documentación recibida, "se ha podido constatar que todos los consorcios tienen abierto expedientes de reintegro, dos de ellos en fase de inicio, y el resto en fase de resolución". EL SAE
Posteriormente, en un auto dictado el 13 de febrero, la instructora amplió el secreto tras analizar los informes de la Intervención General de la Junta de Andalucía sobre las "distintas direcciones provinciales del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y las diversas irregularidades denunciadas por la misma".
En este auto, la instructora recordaba que el 20 de enero "se decretó el secreto parcial de las actuaciones para seguir varias líneas de investigación", señalando que "del curso de las mismas se hace necesaria abrir una nueva línea tendente al esclarecimiento de los hechos que se están investigando".
En este sentido, indica que, "analizando los informes de la Intervención General que obran en la causa sobre las distintas direcciones provinciales del SAE y las diversas irregularidades denunciadas por la misma, es procedente ampliar el secreto parcial de la instrucción a cuantas diligencias se deriven del estudio de tales informes".
Todo ello "atendiendo la gravedad de los delitos investigados, la especial importancia de la línea de investigación con ellos iniciada, de las expectativas de la misma y del riesgo de frustrar sus posibles resultados por la posible pérdida, destrucción o manipulación de indicios o fuentes de prueba".
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