Si no se hilvanan todos los casos de
corrupción y los escándalos políticos en Andalucía, no es posible concluir que,
en realidad, con otros tiempos y otros nombres, permanece aquello que los une
Hace tiempo que le perdí la pista; no sé qué habrá sido de
él. Se llamaba Manuel Aguilar, sí, recuerdo muy bien su nombre. Y también la
tarde que me llamó a la redacción del periódico: “Quiero denunciarle que he votado
65 veces a favor de Almunia”. El
escándalo que se formó a raíz de aquella llamada de teléfono, el ‘pucherazo’ de Jaén
en las primarias del PSOE de Almunia contra Borrell, todavía se retiene como
uno de los episodios más grotescos de la política española, pero nadie se
acuerda ya de aquel hombre, Manuel Aguilar, que se atrevió a denunciarlo porque lo
engañaron como a un bobo; porque le prometieron, le prometió Zarrías, que iba a
darle un puesto de trabajo fijo en la Diputación de Jaén si metía votos en las
urnas a favor de Almunia, y cuando pasó todo, se olvidaron de él. Por eso llamó por teléfono, porque se sentía burlado. Y lo
único que consiguió es que, a partir de entonces, nunca más le dieran un puesto
de trabajo. Ni una chapuza. Nada.
Oficialmente, el PSOE cerró el
caso de un carpetazo: decidieron que Manuel Aguilar estaba loco. ¿Pero qué loco
se levanta una mañana decidido a votar 65 veces a Joaquín Almunia? Nadie; los locos hacen otras cosas, pero no votar
a Almunia 65 veces. Ese tipo de locura no existe. Lo que de verdad ocurrió en
Jaén era sólo un detalle, una muestra reveladora, de cómo funciona el aparato
del PSOE andaluz cuando se vuelca en un objetivo electoral, en este caso
interno. En aquellas primeras elecciones
para elegir al candidato socialista a la Moncloa, año de 1999, con Felipe
González dimitido unos años antes, el aparato del partido en Andalucía apostó
por el secretario general, Joaquín Almunia, para taponar el ascenso del
aspirante, José Borrell. Había que ganar a toda costa, y en esa tarea era imprescindible contar
con tipos como Manuel Aguilar, que pudieran garantizar que en las urnas sólo
habría un ganador. En Jaén, como pude comprobar después, votaron los muertos,
los emigrantes y los renegados que ya habían abandonado la militancia.
Uno a uno, iban confirmando aquella triste y burda historia de
manipulación. “Mi padre
murió hace años”; “No, no, mire, mi hermano se fue a trabajar a Suiza…” Pero
ninguna llamada de confirmación impresionaba más que la de una mujer, Virtudes
Parra, que aquel día del ‘pucherazo’ se sentó junto a Manuel Aguilar en la mesa
de votaciones de las primarias de Jaén. “Yo le
pido por favor –decía llorando–que no saque usted mi nombre en el periódico.
Manuel Aguilar puede hacerlo, porque él es mayor, tiene hijos que le pueden
ayudar, pero yo estoy sola. Con tres bocas que alimentar. Y si en la Diputación
me quitan el trabajo de limpiadora, yo no sé qué voy a hacer…” Cuando estalló el escándalo, a Virtudes Parra la montaron
en un coche del partido y la llevaron a Madrid a declarar ante la Comisión
Federal de Garantías del PSOE. Allí aseguró que Manuel Aguilar estaba loco, que
la amenazó, y que fue cosa de él meter papeletas a favor de Almunia. Caso cerrado. El denunciante fue expulsado y Gaspar Zarrías,
exculpado.
Lo que ha ocurrido en Andalucía
desde aquel año de 1999 hasta ahora es que, en distintos ámbitos, en las más
variadas circunstancias, aquel episodio del pucherazo de Jaén ha
vuelto a repetirse con el mismo vicio de siempre: el uso de las instituciones
para conseguir un objetivo. Cuando, en
el origen del caso Mercasevilla, un directivo les dice a unos empresarios que
“la Junta
tiene un esquema de funcionamiento muy simple: yo colaboro con quien colabora”, lo que se está poniendo de
relieve es la misma práctica, en ámbitos distintos, que cuando, hace unos días, una delegada de Empleo les decía
a sus trabajadores, ante una campaña electoral: “Esto es así de simple: os jugáis seguir trabajando aquí o que cada uno se
busque la vida como pueda”. Casi las mismas palabras y la misma flema a la hora de
exponerlo. La delegada de Empleo habla ante sus trabajadores y les cuenta cómo
funcionan las cosas en la Junta de Andalucía con la misma asombrosa normalidad
con la que habla el directivo de Mercasevilla. “Esto es muy simple”, dicen los dos, y cuenta lo que tienen
que hacer como si estuvieran explicando el funcionamiento de una hoja de
cálculo.
Esto es así de simple: os jugáis
seguir trabajando aquí o que cada uno se busque la vida como pueda
¿Acaso no es lo mismo también que cuando la directora de una
empresa pública, Invercaria, reúne a uno de sus funcionarios para explicarle
que, si se compromete con la ética, no puede trabajar en la Junta de Andalucía? La delegada de los cursos de formación les
exigió a los trabajadores públicos que se volcaran en la campaña electoral con
insistencia, “como testigos de Jehová”, de la misma forma que Zarrías le pidió a Manuel
Aguilar que votara todas las veces que pudiera por Almunia. Y a
unos y a otros les prometieron lo mismo: un puesto de trabajo.
Tan tozuda es la
coherencia de este ‘modus operandi’, presente en todos los casos, que en esta
última redada del fraude en los fondos de formación han imputado a un tipo que
ya fue detenido antes por otro escándalo de la Junta. Es Antonio Rivas, hombre fuerte en la provincia de Sevilla
de José Antonio Viera, a su vez imputado en los ERE. Rivas fue procesado por el ya mencionado caso Mercasevilla,
fue juzgado y condenado en primera y segunda instancia. Hasta que llegó al Supremo y lo absolvieron al considerar
el Tribunal que las pruebas incriminatorias no eran lo bastante sólidas. Aun absuelto, lo que no cambia, de todas formas, es el
escándalo político y este récord alcanzado, acaso nunca visto en la historia de
la corrupción política española. Un tipo detenido dos veces por delitos
similares. Eso, hasta ahora, solo se apreciaba en los carteristas.
Ayer, tras la nueva redada por
los cursos de formación, las noticias hablaban así de la nueva presidenta
andaluza: “Horas después de las detenciones,
la presidenta en funciones Susana Díaz apelaba a la ‘tranquilidad y la
confianza de los andaluces en sus instituciones’, y subrayaba que en su Gobierno hay una ‘una sola vara de
medir’, que es la que aplicará siempre al frente de la Presidencia de la
Junta”. Si se pierde la perspectiva de todos estos años de hegemonía socialista
en Andalucía, no es posible hacer un dibujo del conjunto. Si no se hilvanan
todos los casos de corrupción y los escándalos políticos, no es posible
concluir que, en realidad, con otros tiempos y otros nombres, permanece aquello que
los une. De Gaspar Zarrías a Susana Díaz,
lo único que cambia es el nombre que recibe cada pucherazo.
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