El extenso informe que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha realizado sobre el cobro de comisiones de la UGT entre 2006 y 2014 implica directamente al portavoz de Facua y uno de los promotores de la plataforma Ganemos Sevilla, a través de su empresa Concepto 19. El informe de los agentes dice textualmente que las pruebas «revelan el conocimiento y la connivencia de Rubén Sánchez en esta operativa».
http://sevilla.abc.es/andalucia/20150207/sevi-ruben-sanchez-201502062123.html
http://sevilla.abc.es/andalucia/20150207/sevi-guardia-civil-201502062113.HTML
La connivencia del portavoz de Facua, Rubén Sánchez, en las facturas falsas de UGT
Día 07/02/2015 - 21.56h
El informe de la Guardia Civil sobre el presunto fraude en el sindicato muestra que el pago del rápel era habitual entre su empresa y la UGT-A
El extenso informe que la Unidad Central Operativa (UCO) de laGuardia Civil ha realizado sobre el cobro de comisiones de la UGT entre 2006 y 2014 implica directamente al portavoz de Facua y uno de los promotores de la plataforma Ganemos Sevilla, , a través de su empresa Concepto 19. El informe de los agentes dice textualmente que las pruebas «revelan el conocimiento y la connivencia de Rubén Sánchez en esta operativa».
Los agentes explican que era práctica habitual que Rubén Sánchez enviase tres facturas mensuales a la UGT por la edición de la revista del sindicato las cuales estaban perfectamente preparadas para formar parte de este sistema de cobro de comisiones, tal y como queda reflejado en los correos electrónicos que intercambiaba con los responsables de compras de UGT que han sido investigados por laGuardia Civil, «Lola, te adjunto la factura del rápel por las tres facturas de la revista de enero.
«En cuanto recibamos la transferencia, te preparo yo la vuestra. Saludos, Rubén Sánchez», dice textualmente un correo que data del 13 de abril de 2010 y que está incluido en la hoja de Excel denominada AntonioSalado2009.xls que estaba en el ordenador incautado aFederico Fresneda en su propio domicilio.
Según estas pruebas, la relación entre Rubén Sánchez y Lola Sánchez y Francisco Mateos, responsables de compras de la UGT, eran tan habituales que hay varios correos en los que «se discuten las modificaciones que se harían en esas facturas de rápel».
Tan habitual como esta práctica era el pago del rápel por parte de Rubén Sánchez, considerado por la Guardia Civil un «proveedor de confianza» de la UGT que eran a los que se incluían en estas prácticas habituales hasta el año 2013 cuando empezaron a ser menos frecuentes a raíz de las primeras publicaciones en prensa, según recoge el propio informe de la Guardia Civil.
El rápel era, en la práctica, el pago de una comisión por el encargo de los trabajos que pagaban determinados proveedores y que se ingresaban directamente en las arcas de UGT según ha certificado la Guardia Civil, una operativa que tenía detrás todo un sistema financiero que lo amparaba.
A través de su empresa, Concepto 19
Rubén Sánchez a través de su empresa Concepto 19 se encargaba de editar la revista de UGT y eran frecuentes los pagos entre ambas entidades. «Según conversación mantenida las facturas de Rubén que tendrías que pagar en la previsión de abril serían (...). La otra factura de rápel que tienes ahí, la número 100204 tiene fecha de abril y es la que en principio tiene que venir modificada una vez que Rubén descuente de la factura de la impresión el importe que nos debe».
De hecho, en un correo que consta en el sumario judicial, se incluya una factura con los datos personales de Rubén Sánchez en el que se explica que el concepto son las «bonificaciones enero» y tiene un importe total que asciende a «4.472,17 euros».
Sánchez no presentó las facturas
En el informe de la UCO aparecen un determinado número de empresas que han aportado las facturas y la documentación de su relación mercantil con UGT-A. En este listado no aparece la empresa Concepto 19, de la que es titular Rubén Sánchez.
UGT Andalucía se autoalquilaba sedes para los cursos de formación
Día 07/02/2015 - 09.17h
El análisis de varios discos duros y de correos electrónicos comprometedores que prueban la doble contabilidad
La confección de facturas falsas, la creación de «botes» o el cobro de comisiones a proveedores de confianza contratados con fondos públicos pueden ser sólo la punta del iceberg de un «importante fraude» de dimensiones desconocidas que habría cometido lafederación andaluza de UGT entre 2005 y 2013.
El análisis de varios discos duros y de correos electrónicos comprometedores que prueban la doble contabilidad del sindicato ha llevado al juez de Instrucción 9 de Sevilla, Juan Jesús García Vélez, a abrir una nueva línea de investigación al descubrir el autoalquiler de aulas formativas a un entramado de sociedades administradas por el propio sindicato.
Una compleja operación de ingeniería financiera que servía al sindicato hermano del PSOE para justificar irregularmente ante la Junta de Andalucía subvenciones para la Formación Profesional para el Empleo.
En un atestado de 341 páginas incorporado al sumario, al que ha tenido acceso ABC, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se refiere a este procedimiento como un «artificio financiero». El sindicato se valía de dos entidades de su propiedad: Soralpe I Más P Asociados SL y el Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES). «UGT-A cedía sus instalaciones a la mercantil Soralpe para que ésta, a su vez, facturase al IFES por el uso de dichas instalaciones, con ocasión de diferentes acciones formativas», señala el informe.
Mediante este trampantojo, «se estaban justificando gastos ante la entidad concedente de las subvenciones que en sí no lo eran». El gasto de alquiler sería «mínimo», ironizan los investigadores.
La dimensión de este agujero económico es lo que pretenden averiguar ahora, aunque avanza que habría generado «cuantiosos ingresos». Para desenredar este ovillo, el juez ha pedido a la UGT-A su contrato conSoralpe para que esta sociedad gestionase sus locales y sedes. «Podría resultar de gran importancia para la investigación, pues revelaría un importante fraude en la justificación de todas las acciones formativas impartidas en las sedes de UGT-A cuando el usufructo de éstas esté cedido a Soralpe», se justifica la UCO en el informe entregado al juez el 20 de enero pasado.
La confección de facturas falsas, la creación de «botes» o el cobro de comisiones a proveedores de confianza contratados con fondos públicos pueden ser sólo la punta del iceberg de un «importante fraude» de dimensiones desconocidas que habría cometido lafederación andaluza de UGT entre 2005 y 2013.
El análisis de varios discos duros y de correos electrónicos comprometedores que prueban la doble contabilidad del sindicato ha llevado al juez de Instrucción 9 de Sevilla, Juan Jesús García Vélez, a abrir una nueva línea de investigación al descubrir el autoalquiler de aulas formativas a un entramado de sociedades administradas por el propio sindicato.
Una compleja operación de ingeniería financiera que servía al sindicato hermano del PSOE para justificar irregularmente ante la Junta de Andalucía subvenciones para la Formación Profesional para el Empleo.
En un atestado de 341 páginas incorporado al sumario, al que ha tenido acceso ABC, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se refiere a este procedimiento como un «artificio financiero». El sindicato se valía de dos entidades de su propiedad: Soralpe I Más P Asociados SL y el Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES). «UGT-A cedía sus instalaciones a la mercantil Soralpe para que ésta, a su vez, facturase al IFES por el uso de dichas instalaciones, con ocasión de diferentes acciones formativas», señala el informe.
Mediante este trampantojo, «se estaban justificando gastos ante la entidad concedente de las subvenciones que en sí no lo eran». El gasto de alquiler sería «mínimo», ironizan los investigadores.
La dimensión de este agujero económico es lo que pretenden averiguar ahora, aunque avanza que habría generado «cuantiosos ingresos». Para desenredar este ovillo, el juez ha pedido a la UGT-A su contrato conSoralpe para que esta sociedad gestionase sus locales y sedes. «Podría resultar de gran importancia para la investigación, pues revelaría un importante fraude en la justificación de todas las acciones formativas impartidas en las sedes de UGT-A cuando el usufructo de éstas esté cedido a Soralpe», se justifica la UCO en el informe entregado al juez el 20 de enero pasado.
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