jueves, 12 de febrero de 2015

El interventor forzará a Díaz a actuar en el fraude de los cursos = mas vale prevenir que curar, visto lo visto y lo que paso con el ex interventor general Manuel Gómez Martínez ¿El culpable de lo ocurrido?...Ya los ocho informes de los interventores de junio 2014 ¿en manos de Alaya?

CORRUPCIÓNEl escándalo de la formación 
  •  La Intervención elabora ya un informe de actuación al apreciar menoscabo de fondos
  •  Griñán arguyó su no emisión en el 'caso ERE' para justificar su pasividad




El plan de auditorías de 2013 incluyó un control financiero especial sobre la justificación de las ayudas concedidas en materia de formación profesional para el empleo entre 2009 y 2012 -gestionadas por cada una de las direcciones provinciales provinciales del Servicio Andaluz de Empleo (SAE)- debido a «las numerosas e importantes irregularidades detectadas en esta materia» en los informes provinciales de control financiero permanente del SAE correspondientes al año 2012.

http://www.elmundo.es/andalucia/2015/02/12/54dc6413268e3ed5438b456e.html

CORRUPCIÓN

El escándalo de la formación

El interventor forzará a Díaz a actuar en el fraude de los cursos

  • La Intervención elabora ya un informe de actuación al apreciar menoscabo de fondos
  • Griñán arguyó su no emisión en el 'caso ERE' para justificar su pasividad


El Gobierno de Susana Díaz se verá forzado a actuar ante el escándalo de la formación. La Intervención General de la Junta trabaja ya en la elaboración de un informe de actuación al apreciar menoscabo de fondos públicos por la concesión y justificación de subvenciones sin cumplir los requisitos legales y no exigirse los reintegros.

El plan de auditorías de 2013 incluyó un control financiero especial sobre la justificación de las ayudas concedidas en materia de formación profesional para el empleo entre 2009 y 2012 -gestionadas por cada una de las direcciones provinciales provinciales del Servicio Andaluz de Empleo (SAE)- debido a «las numerosas e importantes irregularidades detectadas en esta materia» en los informes provinciales de control financiero permanente del SAE correspondientes al año 2012.

De los ocho informes emitidos, uno por provincia y ya en poder de la juez Alaya, el más contundente es el que firma el interventor provincial en Huelva. Éste, fechado el 3 de junio de 2014, incorpora un párrafo de énfasis en el que llama la atención sobre el «menoscabo de los fondos públicos» que ha propiciado «la falta de seguimiento de los procedimientos establecidos».
EL MUNDO de Andalucía ha podido conocer que, a raíz del citado informe, la Intervención General de la Junta trabaja ya en la elaboración del informe de actuación, mecanismo que prevé el decreto 9/1999 sobre régimen presupuestario, financiero, de control y contable de las empresas de la Junta de Andalucía en aquellos casos «en que los responsables de la gestión controlada no adopten las medidas necesarias para solventar las deficiencias observadas» o si se apreciaran «circunstancias que, por su importancia, pudieran ocasionar menoscabo de fondos públicos». Esta segunda opción es la que concurre en el presente caso.

La Intervención General tendrá que dirigir el informe de actuación al titular de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, departamento que ostenta las competencias en materia de formación para el empleo desde que en mayo de 2012 se le retiró a la a la Consejería de Empleo. Por tanto, el área que dirige hoy Luciano Alonso es la responsable del seguimiento de las recomendaciones.

El titular de Educación tendrá tres caminos. Si está de acuerdo con el informe de la Intervención, tendrá que ordenar que se corrijan las deficiencias puestas de manifiesto. Ello pasaría por la apertura y tramitación de expedientes de reintegro en un intento de recuperar el dinero desviado.

Entre los numerosos incumplimientos detectados, el interventor provincial en Huelva llama la atención en su informe sobre la «práctica reiterada» por parte del SAE de iniciar expedientes de reintegro «sin darle continuidad al procedimiento, posibilitando de esta manera su caducidad y posterior prescripción».

En caso de disconformidad con la Intervención General, el titular de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte tendría que solicitarle al de Hacienda que lo sometiera a la decisión del Consejo de Gobierno para que resolviera.

La tercera opción sería que el titular de Educación no hiciera nada y guardara el informe de actuación en un cajón. En ese caso, la Intervención no tendría ningún resorte legal a su alcance para remover esa hipotética inactividad.

El informe de actuación es un mecanismo legal con escasos precedentes en la Administración autonómica. Uno de los emitidos tuvo lugar en la etapa de José Antonio Griñán como consejero de Economía y Hacienda tras detectar la Intervención que el convenio colectivo de los trabajadores del Hospital de Poniente de El Ejido incluía una remuneración a los trabajadores superior a la legal, según desveló el ex interventor general Manuel Gómez Martínez cuando declaró como imputado ante Alaya en el marco de la instrucción del caso ERE.

Griñán se escuda en que el interventor no emitió informe de actuaciónes decir, que no llegó hasta el último extremo en sus advertencias y que, por ello, ni conoció los informes que le remitió ni su departamento creyó que hubiera nada a lo que poner remedioEs el pretexto para justificar su pasividad ante las sucesivas alertas de la Intervención.

Gómez Martínez defendió ante la juez Mercedes Alaya que el informe de actuación hubiera tenido el mismo efecto que el informe adicional que elaboró tras detectar graves irregularidades en la gestión del fondo de reptiles y que, en todo caso, habría quedado «en el cajón» como quedaron sus reiteradas advertencias.

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