El GOBIERNO autonómico se niega a hacer pública la lista de personal externo que trabaja en delegaciones y consejerías. Tras un año y tres meses de pleitos con el Sindicato Andaluz de Funcionarios y 21 sentencias en contra, nuestros chiripitifláuticos gobernantes siguen parapetándose en el derecho a la intimidad de los implicados para ignorar el mandato judicial. Cualquiera con cierto dominio de los artefactos de búsqueda internáutica puede conocer el nombre de los funcionarios de carrera en Andalucía. El de los infuncionarios, en cambio, no. Se deduce que el infuncionario es de mejor carne que el funcionario; o que el infuncionario es afín y el funcionario, hostil. Obviamente, la Junta practica en este asunto el más obsceno negacionismo retórico. Como suele suceder en materia de gobernanza andaluza, las palabras contradicen los hechos. Por un lado soportamos últimamente dosis masivas de verborrea neobuenista susanesca. A juzgar por lo que dice aquí y allá nuestra presidenta, somos topeguáis en todo. Pero, por otra parte, el gobierno autonómico sigue incumpliendo sentencias judiciales, sigue obstaculizando el trabajo de la judicatura en la investigación de mondongos diversos y persevera en su política de tierra quemada presupuestaria en diversos servicios públicos esenciales. Un día toca cachondearse de la juez Alaya, otro retener las nóminas de los profesores andaluces y otro escamotear la célebre lista. Si los de Podemos fueran algo menos pueriles no sugerirían someter a votación el happening primaveral semanasantero, sino la misma existencia de la Junta de Andalucía. Estoy convencido que seríamos igualmente topeguáis con Junta como sin Junta. Yo me apunto a la votación.
Me pregunto qué habrá en esta lista y en la otra lista, que no es aquella lista. Y es que la Junta está obligada, por el momento, a facilitar sólo los nombres del personal externo de la administración común. La lista de la administración paralela o protuberante sigue siendo secreta. El secretismo es injustificable (se trata, en todo caso, de la gestión de fondos públicos), pero ideológicamente coherente. Si se conocieran los nombres, se conocerían también las genealogías, las redes clientelares y los apaños laborales según el principio de las puertas giratorias. Hace no mucho tiempo, este tipo de información habría sido electoralmente irrelevante. Hoy, en plena efervescencia del coletismo político, el contenido de estas listas reforzaría la certeza de que somos gobernados por un hatajo de presuntos.
Es deprimente, dicho sea de paso, comprobar cómo ni siquiera la instancia judicial permite a los ciudadanos ejercer eficazmente sus derechos. El SAF ha organizado manifestaciones masivas, ha solicitado audiencia ante los poderes públicos autonómicos, ha intentado por todos los medios democráticos a su alcance que la Junta respete ese simpático imperativo constitucional que garantiza el acceso a la función pública según mérito y capacidad, y en igualdad de oportunidades. Sin éxito. Ni siquiera somos ciudadanos de segunda ante nuestros gobernantes. Somos plebe.
Porque así es la Junta del Régimen...
¿Quien obliga a los junteros a cumplir las leyes?
En Andalucía todos saben que la Administración paralela, es ilegítima, pero la mantiene porque es el soporte del Régimen andaluz..
Existe una normativa, la incumplen, se va a los tribunales, pierden y siguen haciendo lo mismo ¿4 años de ocultismo sistemático, de lo que todos sabemos....?¿Fraude constitucional y juntero al empleo público, pagado con parte de nuestras nóminas y con dinero público de todos? ¿Presuntos delitos de colaboración necesaria en la comisión de delitos de usurpación de funciones públicas?
La Andalucía juntera donde todo es posible....
JUAN ANTONIO RODRÍGUEZ TOUS
El GOBIERNO autonómico se niega a hacer pública la lista de personal externo que trabaja en delegaciones y consejerías. Tras un año y tres meses de pleitos con el Sindicato Andaluz de Funcionarios y 21 sentencias en contra, nuestros chiripitifláuticos gobernantes siguen parapetándose en el derecho a la intimidad de los implicados para ignorar el mandato judicial. Cualquiera con cierto dominio de los artefactos de búsqueda internáutica puede conocer el nombre de los funcionarios de carrera en Andalucía. El de los infuncionarios, en cambio, no. Se deduce que el infuncionario es de mejor carne que el funcionario; o que el infuncionario es afín y el funcionario, hostil. Obviamente, la Junta practica en este asunto el más obsceno negacionismo retórico. Como suele suceder en materia de gobernanza andaluza, las palabras contradicen los hechos. Por un lado soportamos últimamente dosis masivas de verborrea neobuenista susanesca. A juzgar por lo que dice aquí y allá nuestra presidenta, somos topeguáis en todo. Pero, por otra parte, el gobierno autonómico sigue incumpliendo sentencias judiciales, sigue obstaculizando el trabajo de la judicatura en la investigación de mondongos diversos y persevera en su política de tierra quemada presupuestaria en diversos servicios públicos esenciales. Un día toca cachondearse de la juez Alaya, otro retener las nóminas de los profesores andaluces y otro escamotear la célebre lista. Si los de Podemos fueran algo menos pueriles no sugerirían someter a votación el happening primaveral semanasantero, sino la misma existencia de la Junta de Andalucía. Estoy convencido que seríamos igualmente topeguáis con Junta como sin Junta. Yo me apunto a la votación.
Me pregunto qué habrá en esta lista y en la otra lista, que no es aquella lista. Y es que la Junta está obligada, por el momento, a facilitar sólo los nombres del personal externo de la administración común. La lista de la administración paralela o protuberante sigue siendo secreta. El secretismo es injustificable (se trata, en todo caso, de la gestión de fondos públicos), pero ideológicamente coherente. Si se conocieran los nombres, se conocerían también las genealogías, las redes clientelares y los apaños laborales según el principio de las puertas giratorias. Hace no mucho tiempo, este tipo de información habría sido electoralmente irrelevante. Hoy, en plena efervescencia del coletismo político, el contenido de estas listas reforzaría la certeza de que somos gobernados por un hatajo de presuntos.
Es deprimente, dicho sea de paso, comprobar cómo ni siquiera la instancia judicial permite a los ciudadanos ejercer eficazmente sus derechos. El SAF ha organizado manifestaciones masivas, ha solicitado audiencia ante los poderes públicos autonómicos, ha intentado por todos los medios democráticos a su alcance que la Junta respete ese simpático imperativo constitucional que garantiza el acceso a la función pública según mérito y capacidad, y en igualdad de oportunidades. Sin éxito. Ni siquiera somos ciudadanos de segunda ante nuestros gobernantes. Somos plebe.
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