El Mundo.
- Una juez reprocha al Gobierno andaluz que no haya cumplido aún una sentencia del TSJA
- Un fallo de 2013 obliga al Gobierno andaluz a entregar datos de todo su personal.
Si colaboras con los Junteros; el responsable de sus desmanes serás tu; a las pruebas me remito: Letrados del Gabinete Jurídico, esos que cumplen sus instrucciones a pie juntillas.....¿defienden la legalidad y el interés general...?..
CONSEJO DE GOBIERNO. Fue condenada por no dar a los sindicatos información sobre los 'enchufados'
- La Junta culpa del incumplimiento de los fallos del TSJA a sus letrados 'Estamos siguiendo las instrucciones del gabinete jurídico', dice el portavoz de la Junta.
- Estamos dando la información pero preservando Ley de Protección de Datos'
- La Junta se resiste a facilitar información sobre la «administración paralela» .Un Juzgado insiste en que debe entregar al Sindicato de Funcionarios documentación sobre los trabajadores externos
Porque así es la Junta del Régimen...
¿Quien obliga a los junteros a cumplir las leyes?
En Andalucía todos saben que la Administración paralela, es ilegítima, pero la mantiene porque es el soporte del Régimen andaluz..
Existe una normativa, la incumplen, se va a los tribunales, pierden y siguen haciendo lo mismo ¿4 años de ocultismo sistemático, de lo que todos sabemos....?¿Fraude constitucional y juntero al empleo público, pagado con parte de nuestras nóminas y con dinero público de todos? ¿Presuntos delitos de colaboración necesaria en la comisión de delitos de usurpación de funciones públicas?
La Andalucía juntera donde todo es posible....
http://www.elmundo.es/andalucia/2015/01/13/54b42c2ae2704eca548b4574.html
http://www.elmundo.es/andalucia/2015/01/13/54b52d84ca4741ef668b4586.html
http://sevilla.abc.es/andalucia/20150112/sevi-junta-documentos-externos-201501121645.html
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
http://www.elmundo.es/andalucia/2015/01/13/54b52d84ca4741ef668b4586.html
http://sevilla.abc.es/andalucia/20150112/sevi-junta-documentos-externos-201501121645.html
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
La Junta desoye al TSJA y oculta la lista de 'enchufados'
- Una juez reprocha al Gobierno andaluz que no haya cumplido aún una sentencia del TSJA
- Un fallo de 2013 obliga al Gobierno andaluz a entregar datos de todo su personal.
Nuevo varapalo judicial contra el Gobierno andaluz, que preside la socialista Susana Díaz, por negarse a facilitar la información que podría poner al descubierto a los enchufados que trabajan en la Administración andaluza y los privilegios de los que disfrutan.
La Junta se resiste a dar cumplimiento a las 21 sentencias firmes de diferentes juzgados y del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que la obligan a facilitar los listados de efectivos reales que trabajan en las delegaciones provinciales y consejerías, con el detalle de si son externos, funcionarios o laborales o qué tipo de contrato tienen, además de las retribuciones que perciben y los complementos salariales.
Pero los tribunales siguen fallando contra la opacidad de la Administración. La titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 7 de Sevilla, Nuria Marín Álvarez, acaba de dictar un auto en el que declara que la documentación facilitada por la Junta alSindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) sobre este asunto «no está completa y no cumple» un fallo anterior del TSJA.
Se refiere a una sentencia del TSJA del 3 de octubre de 2013 que condenó a la Junta a que proporcionara al SAF la información que le había solicitado y que podría poner al descubierto a los enchufados que trabajan en la Administración.
El Gobierno andaluz debía aportar «copia de los contratos que amparaban la presencia del personal externo» en cada centro de trabajo, «especificando las funciones que desempeñan cada uno de ellos, si disponían de clave privada de acceso a los sistemas informáticos», además de la «relación de plazas vacantes y desdotadas existentes» y el «listado de efectivos reales».
El TSJA entiende que la información requerida por el SAF es «necesaria» para que este sindicato pueda realizar las funciones que le son propias, de «política de personal, y no pueden calificarse de excesivos o irracionales los concretos extremos solicitados».
Por este motivo, la Junta «no puede escudarse en el derecho a la protección de datos, ya que la documentación que debe facilitársele al sindicato recurrente es la determinada en la sentencia sin omisión alguna», remarca el auto dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 7 de Sevilla.
Aunque la Junta ha entregado al sindicato y en el juzgado infinidad de documentos y listados, nunca facilitó la información requeridapor el Sindicato de Funcionarios. De hecho, llegó a aportar una serie de contratos de personas que están trabajando en la Junta, pero tachó los nombres de los afectados, impidiendo así la labor sindical, denunció el SAF.
El Sindicato de Funcionarios ha denunciado que la Administración llegó a facilitar contratos de mantenimiento y servicio de limpiezaque nada tienen que ver con la documentación exigida en el pleito.
Nuevo varapalo judicial contra el Gobierno andaluz, que preside la socialista Susana Díaz, por negarse a facilitar la información que podría poner al descubierto a los enchufados que trabajan en la Administración andaluza y los privilegios de los que disfrutan.
La Junta se resiste a dar cumplimiento a las 21 sentencias firmes de diferentes juzgados y del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que la obligan a facilitar los listados de efectivos reales que trabajan en las delegaciones provinciales y consejerías, con el detalle de si son externos, funcionarios o laborales o qué tipo de contrato tienen, además de las retribuciones que perciben y los complementos salariales.
Pero los tribunales siguen fallando contra la opacidad de la Administración. La titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 7 de Sevilla, Nuria Marín Álvarez, acaba de dictar un auto en el que declara que la documentación facilitada por la Junta alSindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) sobre este asunto «no está completa y no cumple» un fallo anterior del TSJA.
Se refiere a una sentencia del TSJA del 3 de octubre de 2013 que condenó a la Junta a que proporcionara al SAF la información que le había solicitado y que podría poner al descubierto a los enchufados que trabajan en la Administración.
El Gobierno andaluz debía aportar «copia de los contratos que amparaban la presencia del personal externo» en cada centro de trabajo, «especificando las funciones que desempeñan cada uno de ellos, si disponían de clave privada de acceso a los sistemas informáticos», además de la «relación de plazas vacantes y desdotadas existentes» y el «listado de efectivos reales».
El TSJA entiende que la información requerida por el SAF es «necesaria» para que este sindicato pueda realizar las funciones que le son propias, de «política de personal, y no pueden calificarse de excesivos o irracionales los concretos extremos solicitados».
Por este motivo, la Junta «no puede escudarse en el derecho a la protección de datos, ya que la documentación que debe facilitársele al sindicato recurrente es la determinada en la sentencia sin omisión alguna», remarca el auto dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 7 de Sevilla.
Aunque la Junta ha entregado al sindicato y en el juzgado infinidad de documentos y listados, nunca facilitó la información requeridapor el Sindicato de Funcionarios. De hecho, llegó a aportar una serie de contratos de personas que están trabajando en la Junta, pero tachó los nombres de los afectados, impidiendo así la labor sindical, denunció el SAF.
El Sindicato de Funcionarios ha denunciado que la Administración llegó a facilitar contratos de mantenimiento y servicio de limpiezaque nada tienen que ver con la documentación exigida en el pleito.
Un borrado 'obligado'
Por su parte, el letrado de la Junta alegó que la documentación remitida «cumple fielmente el fallo, resultando el borrado de los datos personales obligado según la legislación vigente y sin que, por otra parte, dichos datos personales, nombre y apellidos de quienes suscriben los contratos resulten relevantes desde el punto de vista de la actividad sindical que resulta amparada en la sentencia».
Ante la falta de voluntad de la Junta de acatar la sentencia del TSJA de octubre de 2013, el SAF decidió pedir judicialmente la ejecución forzosa del fallo en mayo de 2014. Y ahora el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 7 acaba de darles la razón en un auto fechado el 20 de noviembre de 2014.
El Sindicato de Funcionarios lleva al menos desde diciembre de 2010 reclamando a la Junta la información sobre los efectivos reales y los contratos de los externos, una información que considera «básica e imprescindible para defender los derechos de los funcionarios».
Pero siempre se ha topado con la negativa de la Administración. Por eso, acudió a los tribunales. Los 21 fallos firmes que le dan la razón y avalan la petición sindical están ahora en fase de ejecución. El último auto se refiere a una de estas sentencias.
Hay tantos pleitos porque el SAF se ha visto obligado a recurrir cada una de las negativas de la Junta referidas a cada consejería y cada delegación provincial a la que reclamaron los datos sobre los contratos de externos que podrían poner al descubierto los privilegios de los enchufados.
Por su parte, el letrado de la Junta alegó que la documentación remitida «cumple fielmente el fallo, resultando el borrado de los datos personales obligado según la legislación vigente y sin que, por otra parte, dichos datos personales, nombre y apellidos de quienes suscriben los contratos resulten relevantes desde el punto de vista de la actividad sindical que resulta amparada en la sentencia».
Ante la falta de voluntad de la Junta de acatar la sentencia del TSJA de octubre de 2013, el SAF decidió pedir judicialmente la ejecución forzosa del fallo en mayo de 2014. Y ahora el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 7 acaba de darles la razón en un auto fechado el 20 de noviembre de 2014.
El Sindicato de Funcionarios lleva al menos desde diciembre de 2010 reclamando a la Junta la información sobre los efectivos reales y los contratos de los externos, una información que considera «básica e imprescindible para defender los derechos de los funcionarios».
Pero siempre se ha topado con la negativa de la Administración. Por eso, acudió a los tribunales. Los 21 fallos firmes que le dan la razón y avalan la petición sindical están ahora en fase de ejecución. El último auto se refiere a una de estas sentencias.
Hay tantos pleitos porque el SAF se ha visto obligado a recurrir cada una de las negativas de la Junta referidas a cada consejería y cada delegación provincial a la que reclamaron los datos sobre los contratos de externos que podrían poner al descubierto los privilegios de los enchufados.
El SAF pide al juez que investigue a dos cargos
El Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) pedirá que se reabra la investigación penal contra dos altos cargos de la Junta denunciadospor ocultar la información sobre los contratos a los externos, después de que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 7 de Sevilla haya declarado que la Administración andaluza todavía no ha cumplido el fallo del TSJA que la obliga a dar la información que podría poner al descubierto los privilegios de los 'enchufados'.
El abogado del SAF, Fermín Vázquez, explicó ayer a EL MUNDO que, tras el auto que les da la razón, pedirán que se reabra la investigación penal dirigida contra dos altos cargos que sobreseyó provisionalmente el Juzgado de Instrucción 14 de Sevilla.
Las dos altos cargos llegaron a declarar como imputadas en abril de 2014 y trataron de desvincularse de las acusaciones del SAF, que achaca a ambas delitos de desobediencia de resolución judicial y contra los derechos de los trabajadores, después de que en repetidas ocasiones les solicitaran información sobre los efectivos reales que trabajan en la Administración y otros detalles sobre los tipos de contratos de los externos, y no obtuvieran ninguna respuesta.
Se trata de la directora general de Planificación y Organización de los Servicios Públicos, María Teresa Castilla, y la directora general deRecursos Humanos y Función Pública, Isabel Mayo. Ambas forman parte de la Consejería de Hacienda y Administración Pública que dirige María Jesús Montero.
Ambas directoras generales invocaron ante el juez la Ley de Protección de Datos para no desvelar las plantillas reales de la Junta, a pesar de que en el Boletín Oficial de la Junta (BOJA) se publican los nombres completos con DNI de los funcionarios que ocupan algunas plazas.
El SAF, que lleva años denunciando la opacidad del Gobierno andaluz, expresó ayer su contrariedad ante la «insistente negativa»de la Administración a facilitar la información requerida.
El Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) pedirá que se reabra la investigación penal contra dos altos cargos de la Junta denunciadospor ocultar la información sobre los contratos a los externos, después de que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 7 de Sevilla haya declarado que la Administración andaluza todavía no ha cumplido el fallo del TSJA que la obliga a dar la información que podría poner al descubierto los privilegios de los 'enchufados'.
El abogado del SAF, Fermín Vázquez, explicó ayer a EL MUNDO que, tras el auto que les da la razón, pedirán que se reabra la investigación penal dirigida contra dos altos cargos que sobreseyó provisionalmente el Juzgado de Instrucción 14 de Sevilla.
Las dos altos cargos llegaron a declarar como imputadas en abril de 2014 y trataron de desvincularse de las acusaciones del SAF, que achaca a ambas delitos de desobediencia de resolución judicial y contra los derechos de los trabajadores, después de que en repetidas ocasiones les solicitaran información sobre los efectivos reales que trabajan en la Administración y otros detalles sobre los tipos de contratos de los externos, y no obtuvieran ninguna respuesta.
Se trata de la directora general de Planificación y Organización de los Servicios Públicos, María Teresa Castilla, y la directora general deRecursos Humanos y Función Pública, Isabel Mayo. Ambas forman parte de la Consejería de Hacienda y Administración Pública que dirige María Jesús Montero.
Ambas directoras generales invocaron ante el juez la Ley de Protección de Datos para no desvelar las plantillas reales de la Junta, a pesar de que en el Boletín Oficial de la Junta (BOJA) se publican los nombres completos con DNI de los funcionarios que ocupan algunas plazas.
El SAF, que lleva años denunciando la opacidad del Gobierno andaluz, expresó ayer su contrariedad ante la «insistente negativa»de la Administración a facilitar la información requerida.
"La Junta se resiste a facilitar información sobre la «administración paralela»"
j.c. / sevilla
Día 12/01/2015 - 18.06h
Un Juzgado insiste en que debe entregar al Sindicato de Funcionarios documentación sobre los trabajadores externos
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número siete de Sevilla ha dictado un auto a favor del Sindicato Andaluz de Funcionarios, SAF, en el que acuerda que la «documentación facilitada por la Administración no está completa y no cumple el fallo de la sentencia, debiéndose aportar copia de todos los contratos que amparan la presencia de personal externo (el de la Administración paralela) en el centro de trabajo, con especificación de las funciones» que desarrolla el citado personal; copia de los contratos concertados con el personal externo referenciado; listado de personal externo que dispone o tiene acceso a claves privadas; relación de plazas vacantes y desdotadas existentes, y listado de efectivos reales.
Según informa el SAF en un comunicado, el día 3 de octubre de 2013, la Sección Tercera de la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, confirmó una sentencia que condenaba a la Junta a proporcionar a SAF toda la documentación que ahora el Juzgado reitera. A petición del Sindicato, se instó la ejecución forzosa de dicha sentencia pero en julio del año siguiente SAF advierte que la información facilitada por la Administración no era la manifestada en el fallo. Es más, el Sindicato denuncia que la Administración facilita contratos de mantenimiento y servicio de limpieza, entre otros, «que nada tienen que ver con la documentación exigida».
SAF recuerda que la sentencia de primera instancia, confirmada en apelación, condena «a la Administración demandada a que proporcione al sindicato recurrente la información consistente en la aportación de copia de los contratos que amparaban la presencia del personal externo (…), especificando las funciones que desempeñaban cada uno de ellos, si disponían de clave privada de acceso a los sistemas informáticos, al tiempo que se solicitaba una relación de plaza vacantes y desdotadas existentes».
Es más, insiste el SAF, la sentencia entiende que la información solicitada es necesaria para llevar a cabo su labor, por lo que la Administración no puede escudarse en el derecho a la protección de datos y debe facilitar la documentación sin omisión alguna.
http://www.elmundo.es/andalucia/2015/01/13/54b52d84ca4741ef668b4586.html
http://www.elmundo.es/andalucia/2015/01/13/54b52d84ca4741ef668b4586.html
CONSEJO DE GOBIERNO Fue condenada por no dar a los sindicatos información sobre los 'enchufados'
La Junta culpa del incumplimiento de los fallos del TSJA a sus letrados
- 'Estamos siguiendo las instrucciones del gabinete jurídico', dice el portavoz de la Junta
- 'Estamos dando la información pero preservando Ley de Protección de Datos'
El portavoz del Gobierno andaluz, el socialista Miguel Ángel Vázquez, ha descargado en el gabinete jurídico de la Junta la responsabilidad del incumplimiento las sentencias firmes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que obliga a facilitar al Sindicato de Funcionarios el listado de los externos en la Administración autonómica y sus retribuciones.
En la rueda de prensa posterior a la primera reunión del Consejo de Gobierno de 2015, y al ser preguntado sobre las razones por las que el Ejecutivo que preside Susana Díaz no termina de dar cumplimiento el fallo emitido en 2013 por el Alto Tribunal andaluz, Vázquez se ha limitado a esgrimir que están "siguiendo las instrucciones del gabinete jurídico".
"Estamos dando la información pero preservando Ley de Protección de Datos", ha subrayado Vázquez, obviando el auto de la titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 7 de Sevilla, la magistrada Nuria Marín Álvarez, que recrimina al Gobierno andaluz que no dé cumplimiento a las 21 sentencias del TSJA para informar de sus 'enchufados' a los sindicatos.
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