- La Consejería de Empleo destinó a pagar prejubilaciones los fondos para favorecer la reinserción de los ex trabajadores de Delphi.
- La instructora del 'caso ERE' investiga ya la gestión de estas ayudas
¿Gestión de dinero público sin amparo legal?
Y aquí no pasa "na de na" = esto es jauja....
Gracias compañero por el envío y comentario.
... dinero de todos y que pagamos todos , lo que conlleva a más recortes, a reducciones de salarios, menos subvenciones, menos becas, menos prestaciones sociales, pero siguen manteniendo a la administración paralela.
La Junta paga 10 millones al Estado por desvíos en un plan de empleo
- La Consejería de Empleo destinó a pagar prejubilaciones los fondos para favorecer la reinserción de los ex trabajadores de Delphi
- La instructora del 'caso ERE' investiga ya la gestión de estas ayudas.
La Junta ha tenido que devolver al Estado más de 10,1 millones de euros por el uso inadecuado de fondos estatales para el desarrollo de un plan de empleo, al destinar el dinero a fines ajenos a los previstos.
En concreto, la Consejería de Empleo -en la etapa de Antonio Fernández como titular- desvió 30,6 de los 65,5 millones de euros aportados por el Ministerio de Trabajo al pago de prejubilaciones a los ex trabajadores de Delphi, un fin diferente al que justificó la concesión. Esta presunta irregularidad ya la investiga la juez Mercedes Alaya en el marco de la instrucción del caso de los EREfraudulentos.
El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) emitió a finales de 2013 dos resoluciones de reintegro por un montante de 10.145.851,9 euros (más intereses), como informó EL MUNDO de Andalucía el pasado 24 de diciembre. Fuentes del Ministerio de Empleo y Seguridad confirmaron a este periódico que el dinero ya se ha compensado mediante la reducción del montante que le correspondía a la comunidad en políticas activas de empleo.
El 5 de diciembre de 2008, el Servicio Público de Empleo Estatal -dependiente del entonces Ministerio de Trabajo e Inmigración, cuyo titular era el socialista Celestino Corbacho- firmó un convenio de colaboración con la Consejería de Empleo -dirigida entonces por Antonio Fernández- para cofinanciar un plan de empleo para la Bahía de Cádiz ante el impacto negativo que tendría el fin de la actividad de Delphi en su planta de Puerto Real. La multinacional estadounidense echó el cerrojazo a su factoría andaluza en julio de 2007, afectando el cierre a unos 1.900 trabajadores (directos y de la industria auxiliar).
En virtud de ese acuerdo, el Gobierno se comprometía a desembolsar 47,5 millones de euros -igual que la Junta- para sufragar diversas acciones que favorecieran la reinserción de los parados en esta comarca gaditana, como acciones de orientación e intermediación específicas, la formación para el empleo, promoción del autoempleo, apoyo a la creación de empleo, incentivos a la colocación y soporte a la actividad productiva.
Al primer convenio se sumó una adenda el 9 de octubre de 2009 y otro «con idéntico objeto» el 29 de noviembre de 2010, que supuso un desembolso añadido por parte del Estado de 18 millones y de 6 por la Junta.
Sin amparo legal
En un informe fechado el pasado 30 de mayo, al que ha tenido acceso este periódico, los inspectores de Trabajo y Seguridad Social Roberto Álvarez y Carlos Uruburu concluyen que la Junta destinó 30.637.942,65 euros (el 47,77 por ciento del montante de la subvención del Gobierno central) procedentes de fondos estatales al pago de prejubilaciones a ex trabajadores de Delphi. Y ello pese a que ese fin no se preveía en los objetivos de los citados conveniosy de que, por tanto, carecía del «suficiente amparo legal».
En su informe, los inspectores concluyen que, de los 119 millonesque en total desembolsaron Estado y Junta para financiar el plan de empleo para la Bahía de Cádiz entre 2008 y 2010, más de 97,65 millones se destinaron a atender pagos de cuatro pólizas de prejubilaciones suscritas para garantizar rentas a los ex trabajadores de Delphi.
Si se descuenta la cantidad aportada por el SEPE y considerada justificada por este organismo estatal (20.492.089,87 euros), el importe imputado por la Junta a su presupuesto para ese fin fue concretamente de 77,16 millones.
«La información disponible pone de manifiesto que la Junta de Andalucía ha destinado fondos procedentes de subvenciones estatales a objetivos distintos de los acordados en los convenios de colaboración y en las leyes de presupuestos generales del Estado», razonan los inspectores de Trabajo.
De este hilo está ya tirando la juez Alaya, que en un auto fechado el pasado 22 de diciembre ha pedido a la Secretaría Técnica del Ministerio de Empleo y Seguridad Social que le informe acerca de dos cuestiones concretas: la norma estatal que debe ser aplicada como derecho supletorio para determinar la cuantía de las subvencionesconcedidas por la Junta en virtud de los tres convenios con el Gobierno «en lo relativo a las ayudas de carácter social garantes de un nivel mínimo de ingresos para ex trabajadores de Delphi y su industria auxiliar que, teniendo al menos cumplidos 53 años, presenten mayores dificultades de inserción en el mercado laboral por razones de edad» y la cuantía individual máxima de dichas subvenciones.
La instructora también requirió a Delphi y su industria auxiliar para que a la mayor brevedad posible le entregara toda la documentación relativa a las ayudas públicas concedidas a los antiguos operarios de la multinacional y de las empresas que proveían a esta planta.
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