La juez archiva la causa por la lista de afines al PSOE en la Junta.....una realidad que todos conocemos; y como nunca pasa nada....así estamos...

• El Ministerio Público instó el sobreseimiento al advertir el riesgo de que el documento original hubiera sido manipulado

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La juez archiva la causa por la lista de afines al PSOE en la Junta

El Ministerio Público instó el sobreseimiento al advertir el riesgo de que el documento original hubiera sido manipulado

El Juzgado de Instrucción número 3 de Málaga ha acordado el archivo de la causa abierta a instancias del sindicato CSIF que denunció la confección de una lista de funcionarios de la Junta afines al PSOE. La magistrada ha hecho suyos los argumentos esgrimidos por la Fiscalía que a finales de diciembre presentó un informe pidiendo el sobreseimiento. Los interesados, no obstante, pueden recurrir tanto ante la misma jueza como ante la Audiencia Provincial. 

La denuncia se interpuso después de que la secretaria de la delegada de Innovación, Marta Rueda, traspapelara un correo electrónico con ese listado y lo enviara por error a la concejala popular del Ayuntamiento de Málaga María del Mar Martín Rojo. 

La magistrada recoge, en una resolución dictada a finales de diciembre, los razonamientos formulados por la Fiscalía en el sentido de que no existe ningún delito informático porque no aparece ninguna información personal delicada y sujeta a protección. También descarta que sea un acto preparatorio de prevaricación. Por tanto acuerda su sobreseimiento provisional, si bien los interesados tienen la opción de recurrir tanto ante la misma jueza como ante la Audiencia Provincial. 

Todo empezó en julio de 2012. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) comunicó primero a la Inspección General de Servicios y después a la Fiscalía que la Delegación del Gobierno andaluz había confeccionado un documento interno en el que clasificaba la afinidad política de 23 funcionarios. El escrito indicaba cuáles estaban afiliados al PSOE y en algunos casos la palabra "promocionar". 

El sindicato advertía que se revelaban datos personales sin el consentimiento de los interesados y que podía dar lugar a la discriminación en la carrera administrativa de los empleados públicos en función de su afinidad política. 

La similitud entre las siglas de Marta Rueda (delegada de la Junta) y Mar Martín Rojo (concejala del Ayuntamiento) fue el origen de la confusión que provocó que el listado, adjunto a un correo electrónico, acabara en manos de la edil de Economía. 

El informe del Ministerio Público remitido al Juzgado a finales de diciembre para instar el archivo indica que los datos utilizados para elaborar el listado de funcionarios "no se confeccionó sacándolos de una base de datos informática", tampoco fueron tratados informáticamente y, en todo caso, no "vulneró la intimidad" de los afectados. La prueba más palmaria de que esto es así es que ninguno de los funcionarios de la lista "ha formulado denuncia", subraya. 

También argumenta que para que exista un delito informático la información debe proceder de una fuente fiable de información informática. Sin embargo, en este caso lo que existe es "un papel" impreso con un peso en bites de información distinta de la del documento informático original "que no se dispone". Por tanto advierte de que nada garantiza que no haya sufrido alguna modificación. "Si no tenemos el documento original transmitido, ¿qué garantías tenemos de que la lista haya sido modificada?, se preguntaba el fiscal. 

"Sin el documento original no es posible conocer el significado de la columna de No o Si, pues puede que estas expresiones no constaran en el original o que los nombres fueran alterados". También recuerda que el archivo que originó la denuncia se entregó en papel y procedía "de una fuente anónima", agregaba. Además los bites de información del correo enviado no se corresponden con el correo transmitido, de ahí que llegue a la conclusión de que "se han alterado". 

En relación con la sospecha que siempre planeó de que esa catalogación de 23 funcionarios en función de sus afinidades políticas pudiera ser el origen de un acto injusto, discriminatorio o prevaricador porque en el futuro se pudiera beneficiar con nombramientos a unos y no a otros indica que "se puede calificar de acto preparatorio muy indiciario, que no encaja en la ejecución de un delito de prevaricación" en el que se ven envueltos los empleados públicos que dictan una resolución a sabiendas de que es injusta. 

La denuncia presentada por el sindicato en la Fiscalía en 2012 derivó posteriormente en la apertura de esta causa judicial, ahora archivada, contra la funcionaria y secretaria de la delegada de la Junta que envió el correo por error a la concejala del Ayuntamiento de Málaga.