jueves, 8 de enero de 2015

La Fiscalía se exculpa en los pozos de Doñana contra los que no actuó = Unos por otros y ¿Y la casa sin barrer durante una década....? ¿Quien defiende el interés general y el patrimonio de todos?

MEDIO AMBIENTE .

 El fiscal de Medio Ambiente de Huelva, Alfredo Flores, asegura que «hasta 2011» la Junta no le remitió las primeras denuncias específicas sobre extracciones ilegales del acuífero 27.

Foto tomada en 2008 por un agente medioambiental de la Junta de un...


Como desveló ayer EL MUNDO, la Junta de Andalucía ignoró denuncias sobre pozos ilegales en la comarca de Doñana presentadas hace diez años por sus agentes medioambientales. Las declaraciones de Alfredo Flores lo confirman en buena medida, ya que evidencian que la Administración autonómica nunca se las remitió. No obstante, hay autos judiciales desde 2008 donde esas actas de inspección secretas salieron a relucir sin que ello provocara la apertura de diligencia de investigación alguna por parte del Ministerio Público, que se autoexculpa de las irregularidades y apunta -tan directa como discretamente- con el dedo a la Junta

Los hechos siguen hablando....


http://www.elmundo.es/andalucia/2015/01/08/54ae4e3022601d28278b456c.html


MEDIO AMBIENTE

La Fiscalía se exculpa en los pozos de Doñana contra los que no actuó.


  • El fiscal de Medio Ambiente de Huelva, Alfredo Flores, asegura que «hasta 2011» la Junta no le remitió las primeras denuncias específicas sobre extracciones ilegales del acuífero 27

Foto tomada en 2008 por un agente medioambiental de la Junta de un...

La Fiscalía de Medio Ambiente en Huelva no actuó durante la década pasada contra los pozos ilegales del entorno de Doñana porque, prácticamente hasta el año 2011, no le llegaron denuncias desde la Junta de Andalucía sobre las extracciones clandestinas del famoso acuífero 27 del que se nutre el Parque Nacional.

Así lo asegura su titular, el fiscal Alfredo Flores, quien en todo caso no cree que por parte de los sucesivos gobiernos andaluces del PSOE haya habido «intención de ocultar» los hechos presuntamente delictivos, pese a la evidencia de las cientos de actas registradas desde 2005 por parte de los agentes de medio ambiente adscritos a la Administración autonómica, adjuntando fotografías y hasta las coordenadas geográficas de los emplazamientos para facilitar su localización.

«En un principio, lo que nos llegaba eran sobre todo denuncias por cambios del uso forestal a agrícola no autorizados y por ocupación de monte público, debido a la destrucción de la zona ambiental que esto implica. Así que, salvo en 2010 que se encontró un pozo en una finca con irregularidades, es a partir de 2011cuando llegan las denuncias específicas sobre agua, y todo a raíz del informe presentado por los ecologistas de WWF y sus peritos ante la Fiscalía de Madrid», rememoró ayer Flores en declaraciones a EL MUNDO.

El representante del Ministerio Público en Huelva niega rotundamente haber hecho la vista gorda con la Junta de Andalucía frente a cualquier abuso cometido en la comarca de Doñana durante los últimos años. «Desde 2006 hay más de una treintena de sentencias que afectan a fincas de la zona del Potad [Plan de Ordenación del Territorio Anexo Doñana], y ahora mismo hay nueve causas penales abiertas en Moguer y dos querellas presentadas en los juzgados de La Palma del Condado», enumera Flores, quien subraya que ha investigado «todo lo que nos ha llegado vía Delegación de Medio Ambiente de la Junta en Huelva».

¿Y qué pasó con las denuncias formuladas por agentes medioambientales a pie de campo sobre pozos ilegales que han acabado desmantelándose con total impunidad? A juicio del fiscal, el problema ha sido doble, de «descoordinación administrativa» y también el derivado de la propia «complejidad jurídica» de la normativa sobre aguas. Así, entre otros factores habría influido la transferencia inconstitucional de la gestión del río Guadalquivir del Estado a la Junta a través de la reforma del Estatuto de Autonomía en 2007, lo que provocó la intervención del Tribunal Constitucional y la devolución definitiva de las competencias a la Administración central en 2011.

«Las sanciones las impone la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Y lo cierto es que, en un intervalo de dos o tres años, las cajas con los expedientes administrativos estuvieron yendo de un sitio para otro, de modo muchos volvieron prescritos», apunta Alfredo Flores. Pero ¿y los casos de relevancia penal, para los que se supone que no puede bastar con una simple multa administrativa? «Los expedientes que nos llegan los vemos todos, pero no nos llegó nada hasta 2011, cuando presentan el informe los ecologistas de WWF. En todo caso, los agentes medioambientales saben que pueden acudir internamente a la Fiscalía si ven que pasan dos o tres meses desde que denuncian unos hechos ante la Junta y que no se les da trámite», asegura el fiscal.

Flores cuestiona también con datos que el Código Penal haya sido la respuesta más adecuada para contrarrestar los abusos agrícolas cometidos en el entorno de Doñana, al menos en términos de contundencia: «Los abogados defensores hasta suelen preferir la sanción penal para sus clientes, porque son conscientes de que los juicios se llegan a resolver con multas de 1.500 euros y que, a continuación, decaen todos los expedientes administrativos que haya abiertos, donde ha habido ya multas de hasta medio millón de euros».

¿Y el papel de los ayuntamientos de la zona, que son a fin de cuentas los titulares del monte público ocupado de forma irregular? «Es que en el tema del agua realmente no tienen competencias», explica el fiscal, abundando en la «complejidad jurídica» que comporta la normativa de aguas, incrementada por los cambios político-burocrátivos que, por ejemplo, hicieron que Medio Ambiente se integrara durante años en la Consejería de Agricultura y Pesca.

Como desveló ayer EL MUNDO, la Junta de Andalucía ignoró denuncias sobre pozos ilegales en la comarca de Doñana presentadas hace diez años por sus agentes medioambientales. Las declaraciones de Alfredo Flores lo confirman en buena medida, ya que evidencian que la Administración autonómica nunca se las remitió. No obstante, hay autos judiciales desde 2008 donde esas actas de inspección secretas salieron a relucir sin que ello provocara la apertura de diligencia de investigación alguna por parte del Ministerio Público, que se autoexculpa de las irregularidades y apunta -tan directa como discretamente- con el dedo a la Junta.

El socorro del Seprona para acceder a las fincas

«Desde la Fiscalía les tenemos dicho a los agentes que, si les ponen problemas y no los dejan entrar a inspeccionar una finca, llamen al Seprona». Es el consejo que traslada el fiscal Alfredo Flores al Cuerpo de Agentes de Medio Ambiente de la Junta, en el ojo del huracán durante estos últimos meses en los que la tensión ha ido aumentando gradualmente en los campos de fresa de Huelva, donde los agricultores temen que el endurecimiento de la mano de los tribunales de Justicia contra el uso irregular del agua de Doñana acabe dando al traste con la economía de toda una comarca. Hay que recordar que WWF denunció en noviembre que tres agentes habían sido amenazados y agredidos en una finca ubicada en la localidad onubense de Lucena del Puerto, donde acabaron rodeados por más de 200 trabajadores de explotaciones cercanas convocados a través de WhatsApp.

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