El consorcio de Almonte tachó la firma del interventor en documentos contables = las cosas no pasan por casualidad; se permiten....Entre 2008 y 2012, el consorcio centro de Formación Medioambiental para el Desarrollo Sostenible recibió subvenciones por un montante de 7.770.171,53 euros.

FRAUDE DE LA FORMACIÓN Ignoró su negativa a la contratación por incumplimiento de la ley 

• El técnico se negó a validar los contratos adjudicados al hijo de la gerente del centro.
•  La Junta detectó "multitud de irregularidades" en la gestión, pero le dio otro millón.

"Multitud de irregularidades y.....¿le dan otro millón?

Recordemos enlaces a otras entradas....sobre los consorcios de formación; un fraude  que pagamos todos... 

Máxima difusión: Importante. La Cámara avala el"decretazo " de formación que "tapara la corrupción" +Los consorcios+ el juez archivo en dos dias la denuncia a 42 cargos y TODOS SOMOS UNO, seguimos recaudando, para IDEA, a los junteros y sus agencias, ya los conocemos; normas para saltarse los controles....Los junteros deben tener presente que Griñan y Chavés ya han sido imputados...

Máxima difusión. La normativa europea tumba la gestión de los consorcios de formación de la Junta ...pero aquí no pasa nada, viene la Junta y lo paga = ¿con dinero público de todos?... el importe total concedido en los años 2008 y 2009 fue de 23.922.733 y 20.646.023 euros, respectivamente.

Máxima difusión- Izquierda tapadera = Decreto Ley para la transformación del Ente de Infraestructuras y Servicios Educativos en la Agencia Pública Andaluza de Educación y Formación; instauran lo inadmisible......

http://www.elmundo.es/andalucia/2015/01/16/54b8bd12ca474122278b456c.html

FRAUDE DE LA FORMACIÓN 

Ignoró su negativa a la contratación por incumplimiento de la ley

El consorcio de Almonte tachó la firma del interventor en documentos contables

• El técnico se negó a validar los contratos adjudicados al hijo de la gerente del centro
• La Junta detectó "multitud de irregularidades" en la gestión, pero le dio otro millón.

El consorcio de Almonte tachó la firma del interventor en documentos contables e ignoró la negativa de éste a la contratación de suministros por incumpliminento de la ley. Éstas son algunas de las irregularidades que detectó la Junta en la gestión de este centro de formación, ya disuelto, y que puso en conocimiento de la Fiscalía en 2012.

Así lo detalla Carlos Cañavate, entonces director de Formación Profesional para el Empleo, en el informe de 15 páginas fechado el 14 de enero de 2014 en el que proponía la disolución de tres consorcios escuela -entre ellos el de Almonte- y que fuera la Consejería de Educación, Cultura y Deporte la que asumiera con sus propios medios la prestación de esta acción formativa.

Justo 14 días después de que Cañavate firmara ese informe, el Consejo de Gobierno acordó instar la disolución del consorcio centro de Formación Medioambiental para el Desarrollo Sostenible (Formades) de Almonte, que la Junta controlaba al 90 por ciento (el 10 por ciento restante lo ostentaba la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Doñana). Esa medida se adoptaba tan sólo ocho días después de que la Junta le otorgara una ayuda de 1.039.156,32 euros.

En el informe, que obra ya en las actuaciones que dirige la juez Mercedes Alaya por el fraude de la formación, el hoy ex alto cargo da cuenta de la «multitud de irregularidades en la gestión de dicho consorcio» a la vista de la documentación que obraba en la Dirección General de Formación Progfesional, Autónomos y Programas para el Empleo. Ello motivó que, el 21 de marzo de 2012, la Administración autonómica presentara un «dossier con toda la documentación» ante la Fiscalía al considerar que los hechos podrían ser constitutivos de «ilícito penal».

Cañavate enumera algunas de esas irregularidades detectadas en la gestión del consorcio de Almonte, uno de los 14 que integraba la red impulsada por la Junta. Así, revela que documentos contables «no venían firmados por el interventor» e incluso que en algún caso la firma de éste «había sido tachada».

Sin la firma del interventor

Asimismo, Cañavate explica que también se constató que el interventor «se había negado a firmar determinados documentos contables relativos a contratos referentes a servicios y suministros realizados al consorcio» por incumplir la Ley de Contratos del Sector Público.

Uno de los contratos de servicios que el interventor se negó a firmar fue el correspondiente a labores de limpieza de jardines, arreglo de pistas y tareas de pintura que prestó «un familiar directo de la directora-gerente [Ana María Orihuela, al frente del consorcio desde 2005 a diciembre de 2011]».

Como publicó EL MUNDO de Andalucía el pasado 30 de diciembre, la empresa del hijo de la gerente -Manuel Ramírez Orihuela- prestó servicios de mantenimiento en el consorcio dirigido por su madre por valor de 48.014,85 euros en 2008. Este gasto se imputó a una subvención de 2.873.484,43 euros concedida por la Junta en noviembre de ese año para que se impartieran cursos de formación, según consta en la documentación que obra en poder de este diario.

Otro de los contratos que el interventor se negó a avalar era relativo a la vigilancia y cuidados nocturnos de las instalaciones, también prestado -precisa Carlos Cañavate en su informe- «por familiares de la directora-gerente».

Entre las irregularidades detectadas figura también la adjudicación como contrato menor de servicios cuya cuantía no lo permitía y el fraccionamiento de contratos «con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad».

El contrato, prorrogado

A preguntas de este diario, Ana María Orihuela explicó que cuando llegó a la gerencia del consorcio su hijo ya prestaba servicio a la concesionaria (Doñana Ecuestre). «Cuando llegué lo puse en conocimiento del director general de Formación para el Empleo. Se hicieron unos pliegos de condiciones pero no se sacaron. Cada vez que llegaba un director general se ponía en su conocimiento, pero no se sacaba y el contrato se fue prorrogando. Mis competencias eran proponer, proponer y proponer. Yo no autorizaba nada», justificó.

Orihuela insistió en que «tenía autorización para hacer» todo lo que hizo y consideró «absurda» la acusación de que se tachaba la firma del interventor. «Eso me lo tendrán que demostrar», añadió.

En enero de 2014, cuando Cañavate elaboró el informe, no se había producido la apertura de diligencias previas tras la denuncia de la Junta a la Fiscalía. El órgano que sí abrió diligencias preliminares por estos hechos fue el Tribunal de Cuentas, concretamente el 20 de septiembre de 2013.

En las alegaciones presentadas, la Junta informó al Tribunal de Cuentas que había iniciado dos procedimientos de reintegro por las ayudas correspondientes a 2008 y 2009. En concreto, le reclamaba la devolución de 817.645,88 euros -intereses de demora incluidos- por la «falta de documentación relativa al proyecto de inversiones».

Con posterioridad, la Junta ha abierto también al consorcio de Almonte expediente de reintegro por la subvención de 2010. Ésta ascendió a 1.371.671,20 euros, si bien no ha trascendido aún cuánto le reclama la Administración autonómica.

El «grave déficit» y el «incumplimiento» de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera» es uno de los motivos en los que la Junta sustenta la decisión de extinguir este consorcio. Además de los 817.645,88 euros a reintegrar, este centro de formación adeudaba -a fecha de enero de 2014- otros 382.400 euros al Ayuntamiento de Almonte.

Entre 2008 y 2012, el consorcio centro de Formación Medioambiental para el Desarrollo Sostenible recibió subvenciones por un montante de 7.770.171,53 euros.