miércoles, 28 de enero de 2015

CASO FRAUDE CURSOS DE FORMACIÓN » Alaya declara secreta la causa de la formación tras ver “bolsas de fraude”; de nuevo aparece la Administración instrumental y paralela de la Junta, SAE y FAFFE, entidades afectadas por la famosa Ley de Reordenación del Sector Público, "Ley del Enchufismo"

FRAUDE DE LA FORMACIÓN Nuevo auto de la juez Alaya.
  • Con esta medida la magistrada pretende evitar "manipulaciones o destrucción" de indicios.






FRAUDE DE LA FORMACIÓN Nuevo auto de la juez

Alaya decreta el secreto parcial del caso ante la 'gravedad' del fraude

  • Con esta medida la magistrada pretende evitar "manipulaciones o destrucción" de indicios
La juez de instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, ha decretado elsecreto parcial del caso que instruye sobre las ayudas a la formación de la Junta de Andalucía ante la "gravedad" de las "bolsas de fraude" que ha detectado en los consorcios y "entramados empresariales" del sector.

El auto de la juez justifica el secreto parcial durante un mes para que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil complete sus investigaciones y se eviten manipulaciones, pérdida o destrucción de indicios o fuentes de prueba.

La instructora explica que existen varias "bolsas de fraude", una de ellas identificada como "entramados empresariales beneficiados" de "importantes" subvenciones y con algunos de sus miembros relacionados con cargos de la Administración.

También detecta "fraudes en los Consorcios entre administraciones", que recibían subvenciones de la Consejería de Empleo a través del procedimiento de la concurrencia no competitiva, lo que planteaba dudas a la Cámara de Cuentas, recuerda Alaya.
Sevilla, 28 ene (EFE).- La juez de instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, ha decretado el secreto parcial del caso que instruye sobre las ayudas a la formación de la Junta de Andalucía ante la "gravedad" de las "bolsas de fraude" que ha detectado en los consorcios y "entramados empresariales" del sector.

El auto de la juez, al que ha tenido acceso Efe, justifica el secreto parcial durante un mes para que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil complete sus investigaciones y se eviten manipulaciones, pérdida o destrucción de indicios o fuentes de prueba.

La instructora explica que existen varias "bolsas de fraude", una de ellas relacionada con "entramados empresariales beneficiados" con "importantes" subvenciones, algunos de cuyos empresarios tenían relaciones con cargos de la Administración.

También detecta "fraudes en los Consorcios entre administraciones", que recibían subvenciones de la Consejería de Empleo a través del procedimiento de la concurrencia no competitiva, lo que planteaba dudas a la Cámara de Cuentas, recuerda Alaya.

Para llegar a estas conclusiones, la juez ha tenido en cuenta las declaraciones ante el juzgado y la Guardia Civil del testigo protegido Teodoro Montes, anterior responsable de formación ocupacional de la Junta, y las declaraciones en sede policial de funcionarios de la dirección general de Formación Profesional para el Empleo.

También ha usado la documentación de la dirección general y de la Intervención General sobre los expedientes de reintegros de ayudas a la formación concedidas así como el informe de la Cámara de Cuentas de mayo de 2014 que mencionaba presuntas irregularidades con las "importantes subvenciones" concedidas a empresas y fundaciones.

Entre ellas, la juez cita las ayudas otorgadas a la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), ya desaparecida y sobre la que la juez preguntó a Montes si financiaba al PSOE, para "la supuesta formación de extrabajadores" de Delphi y su contratación.


Alaya decreta el secreto parcial en el caso de 

las ayudas a la formación ante la "gravedad" 

del fraude

El acuerdo para recolocar a estos trabajadores, firmado en 2007 entre la Junta y los sindicatos, incluía destinar a formación 35,9 millones de euros en siete subvenciones, en las que hay "importantes irregularidades", y para contratación se dieron ayudas de 70 millones a varias empresas, precisa la juez.

En la causa también existe un informe con presuntas irregularidades en la aplicación de los fondos de formación para subvencionar relaciones laborales simuladas entre extrabajadores de Delphi y las empresas beneficiarias.

Además, la juez cita un informe de la Cámara de Cuentas publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el 25 de abril de 2013 en el que se pone de manifiesto que el procedimiento del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para conceder las ayudas a los consorcios "incumplía todas las condiciones y requisitos que contiene la fase de instrucción".

También ha tenido en cuenta que el director general de Formación nombrado en octubre de 2013, Carlos Cañavate, dijo en sede policial que cuando tomó posesión del cargo había 950 millones de euros sin justificar en subvenciones para acciones formativas.

Respecto a la Faffe, la juez recuerda que se creó en 2003 como fundación privada y con el titular de la Consejería de Empleo como presidente, y subraya que llegó a convertirse en un instrumento de la Administración y del SAE "de dimensiones extraordinarias", con miles de empleados que cobraban sueldos muy elevados respecto a los de otros departamentos públicos.

La FAFFE solo se financiaba con subvenciones del SAE y en ellas había "graves irregularidades" respecto a su justificación, como las de Delphi y otras dos nominativas en 2009 y 2010 por 49,8 millones de euros, apunta Alaya.

En otro auto, la juez pide la fecha de apertura, titularidad y personas autorizadas en las cuentas corrientes de la Faffe para hacer un estudio del flujo de dinero que recibía del erario público y comprobar si su destino era el legalmente previsto.

En otro auto más, Alaya pide a la Junta la relación de todos los dirigentes y empleados de la Faffe, sus actas, presupuestos, contabilidad y las resoluciones de las ayudas recibidas, entre otros aspectos.

Alaya declara secreta la causa de la formación tras ver “bolsas de fraude

La magistrada acelera la investigación de los cursos pagados por la Junta



En silencio, este invierno la juez Mercedes Alaya ha pisado el acelerador en el caso de los cursos de formación. Con tal ímpetu que ha decretado el secreto de parte de las actuaciones, para que así la Guardia Civil investigue sin interferencias. Esta drástica medida denota que los indicios poseen gran trascendencia. En plena precampaña, los cursos de formación amenazan con teñir de escándalo esta primavera de elecciones. El acelerón de Alaya es tal que en solo 10 meses ha acumulado la friolera de 34.667 folios (102 tomos), un tercio del volumen del sumario (sin anexos) del caso ERE, iniciado hace cuatro años.
Con solo los exconsejeros Antonio Fernández y Ángel Ojeda como imputados, la juez ha avanzado con sigilo en su instrucción por malversación y prevaricación que cuestiona los fondos destinados por la Junta a la formación profesional para el empleo, que pueden superar los 3.000 millones entre 2004 y 2011. Estas partidas fueron una herramienta clave en la lucha del Ejecutivo contra el desempleo, de ahí su volumen.
Tras las pasadas Navidades, la instructora recibió un atestado de los agentes sobre las “graves irregularidades” detectadas en la concesión y control de estos fondos. Dos semanas después Alaya decretó el secreto parcial del caso al detectar “bolsas de fraude”. La instructora resalta la existencia de “entramados empresariales beneficiados” por estas ayudas millonarias que concedió la Consejería de Empleo, unos empresarios que ahora investiga la Guardia Civil. A continuación, destaca los “fraudes” provocados por las ayudas directas a 14 consorcios para formar trabajadores especializados. Estos consorcios tienen participación de la Junta y Diputaciones y Ayuntamientos a los que ahora el Gobierno andaluz reclama fondos por mala gestión.
En el centro de la diana de este último auto, la juez sitúa a la fundación pública Faffe, nutrida con subvenciones por parte de Empleo y el SAE desde su nacimiento en 2003 y hasta su cierre en 2011. La juez ya preguntó a l testigo estrella de la causa, el funcionario Teodoro Montes, si el PSOE se financiaba con cargo a los fondos destinados a la Faffe, sin aportar indicio alguno. Ahora Alaya ordena a la Agencia Tributaria que aclare todos los movimientos de las cuentas bancarias de la Faffe, así como todas las relaciones comerciales con empresas de la fundación, para esclarecer el verdadero destino y uso de los fondos”, afirman los investigadores. Además, ordena a la Junta que le entregue a la Guardia Civil la relación de puestos de trabajo y cargos directivos, presupuestos y planes de actuación entre 2003 y 2011.
En definitiva, un completo escáner para analizar hasta el último euro de la gestión de esta fundación pública. Alaya subraya que esta entidad “llegó a convertirse en un instrumento de Empleo y el SAE de dimensiones extraordinarias, con personal empleado que se contaba por varios miles y con sueldos muy elevados”. Durante años, los funcionarios de Empleo denunciaron la práctica habitual de contratar a técnicos cercanos a los trabajadores que ya estaban en Faffe, en ocasiones vinculados al PSOE.
Mientras, Alaya subraya en su auto las ayudas destinadas a los extrabajadores de la factoría clausurada Delphi en Cádiz. La juez hace hincapié en siete subvenciones concedidas a la Faffe por 35,9 millones que revelan “importantes irregularidades” para la formación y otras por 70 millones para la contratación. Además, recuerda la censura de la Cámara de Cuentas sobre los pagos del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) a los consorcios, que presuntamente “incumplían todas las condiciones y requisitos”. Alaya le pide a la Consejería de Educación que le informe sobre las subvenciones y destaca las exoneraciones, permitidas por ley, que pudieron provocar “gastos inflados o inexistentes” por parte de los empresarios beneficiados.
El atestado de la Guardia Civil es el apoyo esencial de Alaya, que por ahora pospone nuevas imputaciones. A su vez, para sustentar sus pesquisas los agentes destacan el valor de los testimonios de Montes, el ex director general de Formación Carlos Cañavate y su subordinada Rocío Gutiérrez. Los agentes cuestionan el escaso control de las ayudas y la subrogación en la que incurrieron las empresas. “Sucesivas subcontrataciones que requirieron facturas falsificadas para justificar costes subvencionables”.

¿Invasión de competencias?

La juez Mercedes Alaya insiste con la tesis de que la Junta carecía de competencias para legislar sobre el ámbito laboral e invadía el terreno del Gobierno central. Esta misma asunción de funciones supuestamente impropia fue denunciada por Alaya en el caso ERE y rebatida por la Junta, que considera que está legitimada.
En un auto del pasado 5 de diciembre, la juez encargó a la Secretaría Técnica del Ministerio de Empleo que se pronuncie sobre si las subvenciones en materia de formación profesional, inserción laboral y fomento del empleo están incluidas en el ámbito laboral, “cuya legislación es competencia exclusiva del Estado”. De este modo, cargos del departamento que dirige Fátima Báñez fijarán el criterio técnico que sustentará la opinión jurídica de la magistrada en un conflicto de competencias entre Administraciones que habitualmente dilucida el Tribunal Constitucional.
El requerimiento de Alaya sucede a un informe de un perito de la Intervención General del Estado que censuró 16 órdenes emitidas por la Consejería de Empleo y criticó que la Junta hubiera usurpado competencias del Gobierno central. En su escrito, el interventor sugiere a Alaya que preguntara al Ministerio de Empleo.

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