domingo, 7 de diciembre de 2014

La mujer de Triguero pasó 30.000 euros a la UMA por ir a Sevilla ¿Nepotismo a la andaluza con dinero público de todos....?

UNIVERSIDAD Es profesora en Informática, pero está "cedida" a la Consejería de Innovación 
  • El dinero se facturó con cargo a una partida presupuestaria de la Junta llamada "atenciones extraordinarias" a las universidades andaluzas




Mientras Iñigo Errejón, uno de los dirigentes de Podemos, ha tenido que dar explicaciones en la Universidad de Málaga (UMA) sobre su situación laboral y el contrato que le liga a ella, la de la profesora Amparo Ruiz Sepúlveda, madre de los hijos del secretario general de Universidades de la Junta de Andalucía, Francisco Triguero, está menos clara que nunca, ya que, después de que la UMA prorrogara una comisión de servicios en la Dirección General de Universidades,desde la administración autonómica se niegan a decir a qué se dedica en concreto. 

El secretario de Universidades, Francisco Triguero.

En los tribunales El secretario general de Universidades y Tecnología, Francisco Triguero, está imputado por haber firmado una ayuda extraordinaria de 15,5 millones de euros destinados a un edificio para albergar un instituto de investigación que ya no existía, el Centro para la Investigación del Bienestar Ciudadano (CIBIC)

http://www.elmundo.es/andalucia/2014/12/07/54843086268e3e925a8b456d.html

UNIVERSIDAD Es profesora en Informática, pero está "cedida" a la Consejería de Innovación

La mujer de Triguero pasó 30.000 euros a la UMA por ir a Sevilla

  • El dinero se facturó con cargo a una partida presupuestaria de la Junta llamada "atenciones extraordinarias" a las universidades andaluzas

El secretario de Universidades, Francisco Triguero.



Mientras Iñigo Errejón, uno de los dirigentes de Podemos, ha tenido que dar explicaciones en la Universidad de Málaga (UMA) sobre su situación laboral y el contrato que le liga a ella, la de la profesora Amparo Ruiz Sepúlveda, madre de los hijos del secretario general de Universidades de la Junta de Andalucía, Francisco Triguero, está menos clara que nunca, ya que, después de que la UMA prorrogara una comisión de servicios en la Dirección General de Universidades,desde la administración autonómica se niegan a decir a qué se dedica en concreto.

Fuentes de la Consejería de Innovación dijeron a este periódico "que quien le paga el sueldo es la UMA y son ellos quienes deben explicar qué hace". Pero no es sólo el sueldo. Según documentos a los que ha tenido acceso EL MUNDO, la profesora de la Escuela de Informática de Málaga también ha pasado 30.000 euros en dietas desde 2008, cuando se fue "cedida" por primera vez a la Secretaría General que dirigía su entonces pareja. Los pagos más habituales son de unos mil euros cada uno.

Esta cantidad de dinero, abonada por la UMA, se hace bajo el concepto de "reuniones en Sevilla". Según fuentes de la universidad, ese dinero es abonado de vuelta por la Junta: "En cualquier caso, estas dietas se cargan a un capítulo extraordinario de los presupuestos de la Universidad a través del cual la Junta compensa el gasto. En cuanto a las tareas que Ruiz realiza, la resolución establece que se trata de funciones de asesoramiento en materias específicas de su competencia, esto es, en cuestiones universitarias". Cuestiones que están sin dilucidar porque, si el año pasado la explicación de la Junta era que asesoraba en un programa de fomento del emprendimiento en el ámbito educativo, esta vez directamente ha remitido a la UMA para que proporcione explicaciones, que la universidad no entra a dar en detalle.

El capítulo del presupuesto al que se refieren las fuentes de la UMA es una partida que tiene la Junta de "atenciones extraordinarias" a las universidades por la que preguntó el PP en el Parlamento andaluz, ya que, con él, también se habría abonado la compra de la Fundación Eccus, subvencionada durante años por la Junta y con deudas a la Seguridad Social. La contestación de la Junta fue que preguntaran en los consejos sociales de las universidades si querían saber exactamente a qué se dedicaba ese fondo de dinero "extraordinario".

En el consejo de gobierno de octubre de la UMA, en el que se aprobó la prórroga de esta situación, no hubo nadie que preguntara por los detalles de este peculiar arreglo entre la universidad y la Dirección General que depende de Francisco Triguero, Secretario General de Universidades, Tecnología e Innovación. Anteriormente, Triguero ocupó la Dirección General pero las fechas de sus nombramientos no figuran en la biografía oficial colgada en la web de la consejería.

En ese mismo consejo de gobierno se aprobó que Antonio Lozano, el ex viceconsejero de Presidencia imputado en el caso de los ERE's, se incorporara a la Fundación Andalucía Tech. También se extendió la "cesión" de Pilar Martínez, esposa de Lozano, a la Dirección General de Universidades.


Lío de teléfonos

Este periódico ha llamado al teléfono que figura en la web de la Dirección General de Universidades para preguntar por la profesora Ruiz Sepúlveda, pero ese número corresponde a la centralita de la Consejería de Innovación -dirigida por José Sánchez Máldonado-, donde informan de que no tienen manera de pasar con el departamento responsable de los centros universitarios andaluces.

Mientras, en el Departamento de Informática de la UMA sostienen que Ruiz Sepúlveda sigue apareciendo por su despacho, pero no quisieron entrar en detalles sobre si tenía carga docente o no. En su página web personal el último artículo publicado es de 2008. Según fuentes consultadas, la profesora reside en Málaga de manera habitual.

Ruiz Sepúlveda fue vicerrectora de la UNIA en Málaga, en la sede del Parque Tecnológico de Andalucía, durante tres semanas en enero de 2014. Fue un nombramiento, según fuentes consultadas, del que no tuvo constancia la presidenta de la Junta, Susana Díaz, hasta verlo publicado. Al poco tiempo, cesó en el cargo. También lo acaba de hacer Francisco Triguero en el Consejo de Administración del PTA, según se publica en el BOE del pasado 2 de diciembre.


En los tribunales


El secretario general de Universidades y Tecnología, Francisco Triguero, está imputado por haber firmado una ayuda extraordinaria de 15,5 millones de euros destinados a un edificio para albergar un instituto de investigación que ya no existía, el Centro para la Investigación del Bienestar Ciudadano (CIBIC).

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