miércoles, 24 de diciembre de 2014

La Junta desvió fondos estatales por 30,6 millones para prejubilaciones = lo que ya sabemos; utilizan el dinero público de todos, para sus "compromisos politicos"; para la Junta todo vale; como siempre detrás del fraude un ente instrumental creado por la Administración Juntera: SAE.

CASO ERE.
  • La ayuda del Gobierno era para favorecer la reinserción de los ex trabajadores de Delphi y no para pagar pólizas de rentas.
  • La juez Alaya pide conocer todas las subvenciones recibidas por este colectivo.
  • El desvío de fondos estatales carece de «amparo legal», según la Inspección 



El Régimen andaluz..




.¿con dinero publico de todos los junteros paga sus "compromisos poíticos"? 




 El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha reclamado al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) que le devuelva más de 10,1



 Y como siempre cuando surge el  fraude aparece  ¿ la Administración  paralela e instrumental juntera? y no ocurre por casualidad; ¿lo pagamos con dinero público de todos?






http://www.elmundo.es/andalucia/2014/12/24/549a84d9268e3ef6778b456b.html

CASO ERE

La Junta desvió fondos estatales por 30,6 millones para prejubilaciones


  • La ayuda del Gobierno era para favorecer la reinserción de los ex trabajadores de Delphi y no para pagar pólizas de rentas
  • La juez Alaya pide conocer todas las subvenciones recibidas por este colectivo
  • El desvío de fondos estatales carecede «amparo legal», según la Inspección

El ex consejero Antonio Fernández y el ex ministro Celestino...


La juez Alaya investiga el desvío de 30,63 millones de euros que aportó el Ministerio de Empleo para favorecer la reinserción laboral de los ex trabajadores de Delphi y que la Junta de Andalucía destinó al pago de prejubilaciones a este colectivo, un fin diferente del que justificó su concesión.

La instructora del caso de los ERE fraudulentos impulsa esta línea de investigación tras conocer las conclusiones a las que llega la Inspección de Trabajo y Seguridad Social después de analizar las subvenciones directas concedidas tras el cierre de la factoría estadounidense en julio de 2007 por la Administración autonómica para dar cumplimiento a sus «compromisos políticos».

Alaya recibió ese informe en el marco de la instrucción sobre los cursos de formación, pero ordenó deducir testimonio e incorporarlo también a la causa de los ERE por la importancia de las irregularidades constatadas.

El 5 de diciembre de 2008, el Servicio Público de Empleo Estatal -dependiente del entonces Ministerio de Trabajo e Inmigración, cuyo titular era el socialista Celestino Corbacho- firmó un convenio de colaboración con la Consejería de Empleo -dirigida entonces por Antonio Fernández- para cofinanciar un plan de empleo para la Bahía de Cádiz ante el impacto negativo que tendría el fin de la actividad de Delphi en su planta de Puerto Real.

En virtud de ese acuerdo, el Gobierno se comprometía a desembolsar 47,5 millones de euros -igual que la Junta- para sufragar diversas acciones que favorecieran la empleabilidad de los parados en esta comarca gaditana, como acciones de orientación e intermediación específicas, la formación para el empleo, promoción del autoempleo, apoyo a la creación de empleo, incentivos a la colocación y soporte a la actividad productiva.

Al primer convenio se sumó una adenda el 9 de octubre de 2009 y otro «con idéntico objeto» el 29 de noviembre de 2010, que supuso un desembolso añadido por parte del Estado de 18 millones y de 6 por la Junta.

En un informe fechado el pasado 30 de mayo, al que ha tenido acceso EL MUNDO de Andalucía, los inspectores de Trabajo y Seguridad Social Roberto Álvarez y Carlos Uruburu concluyen que la Junta de Andalucía destinó 30.637.942,65 euros (el 47,77 por ciento del montante de la subvención del Gobierno central) procedentes de fondos estatales al pago de prejubilaciones a ex trabajadores de Delphi. Y ello pese a que ese fin no se preveía en los objetivos de los citados convenios y de que, por tanto, carecía del «suficiente amparo legal».

De este hilo está ya tirando la juez Alaya, que en un auto conocido ayer pide a la Secretaría Técnica del Ministerio de Empleo y Seguridad Social -a instancias de la Intervención General del Estado, que le auxilia en el caso ERE- que le informe acerca de dos cuestiones concretas: la norma estatal que debe ser aplicada como derecho supletorio para determinar la cuantía de las subvenciones concedidas por la Junta en virtud de los tres citados convenios con el Gobierno «en lo relativo a las ayudas de carácter social garantes de un nivel mínimo de ingresos para ex trabajadores de Delphi y su industria auxiliar que, teniendo al menos cumplidos 53 años, presenten mayores dificultades de inserción en el mercado laboral por razones de edad» y la cuantía individual máxima de dichas subvenciones.

En paralelo, también a instancias de la Intervención General del Estado, la titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla requiere a Delphi y su industria auxiliar para que a la mayor brevedad posible entregue toda la documentación relativa a las ayudas públicas concedidas a los antiguos operarios de la multinacional estadounidense y de las empresas que proveían a esta planta.

También reclama papeles correspondientes a la subvención otorgada en 2007 para la puesta en marcha del llamado 'Dispositivo de Tratamiento Singular', los expedientes completos del ERE y el ERTE de Alestis Aerospace SL -empresa participada por la Junta a la que se concedieron ayudas por formar y recolocar a ex trabajadores de Delphi-, las encomiendas de gestión autorizadas por el Consejo de Gobierno en julio y diciembre de 2011 para la tramitación y seguimiento de la refinanciación de la póliza de seguro de rentas a favor de este colectivo y, si las hubiere, actas de la comisión de seguimiento de las mismas.

Los compromisos asumidos por la Junta por el cierre de Delphi van a suponer un desembolso de más de 358 millones, dinero destinado al pago de prejubilaciones (más de 253 millones) y a formación y contratación (105,98 millones).


El Estado pide el reintegro de 10,1 millones


El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha reclamado al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) que le devuelva más de 10,1 millones de euros por destinar parte de las ayudas concedidas a los planes de empleo para la Bahía de Cádiz, puestos en marcha tras el cierre de la factoría de Delphi en julio de 2007, a fines distintos a los previstos. Así lo desvela la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en un informe enviado el pasado 30 de mayo a la juez Alaya en el que analiza las subvenciones otorgadas a los ex trabajadores de Delphi para amortiguar el impacto en la comarca del cerrojazo a la planta de Puerto Real. Los inspectores tuvieron conocimiento de estas peticiones de reintegro tras consultar los expedientes del SEPE y detallan que se abrieron como consecuencia del informe del Tribunal de Cuentas de 26 de enero de 2012. En concreto, el Ministerio de Trabajo reclama a la Junta que le devuelva 1.507.655,90 euros por el plan de empleo para la Bahía de Cádiz de 2008 y 2009, y 8.638.196 euros por el del bienio 2010-2011. Sin contar los intereses, los reintegros suman 10.145.851,19 euros, lo que equivale al 15,48 por ciento de las ayudas estatales concedidas para esos fines (65,5 millones). La conclusión final que se recoge en el informe de los inspectores, ya en poder de Alaya, es demoledora: «La información disponible pone de manifiesto que la Junta de Andalucía ha destinado fondos procedentes de subvenciones estatales a objetivos distintos de los acordados en los convenios de colaboración y en las leyes de presupuestos generales del Estado -con independencia de que se le haya reclamado su reintegro-. También ha dedicado fondos de sus presupuestos a fines diferentes de los previstos legalmente, desatendiendo las medidas para favorecer la cualificación del capital humano y su inserción laboral que perseguía el plan para la Bahía de Cádiz». No es el único reproche grueso que la Inspección de Trabajo dirige a la Junta por cómo ha gestionado los fondos destinados a los ex trabajadores de Delphi: «Una Administración no puede dedicar recursos públicos al cumplimiento de sus objetivos o compromisos políticos si no ha obtenido previamente la aprobación de los órganos legislativos competentes; y una vez conseguida esa autorización, debe destinar los recursos -en los términos autorizados- a esos objetivos y no a otros».

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