El juez abre diligencias sobre la financiación de partidos a través de la empresa pública de aguas .....¿Financiando a los partidos y pagando los consumidores en sus recibos del agua?

 HUELVA Mancomunidad de Aguas y Servicios.

•  El juzgado número 2 de Ayamonte ya investiga la actuación de Giahsa.
•  La Justicia da la razón a los pueblos que abandonaron la Mancomunidad.

Financiar a  los  partidos políticos ¿ "a costa de los ciudadanos, repercutiéndole esta financiación en el recibo mensual de consumo de agua"?

http://www.elmundo.es/andalucia/2014/12/06/5481fe08268e3ef8768b456b.html

HUELVA Mancomunidad de Aguas y Servicios

El juez abre diligencias sobre la financiación de partidos a través de la empresa pública de aguas

• El juzgado número 2 de Ayamonte ya investiga la actuación de Giahsa
• La Justicia da la razón a los pueblos que abandonaron la Mancomunidad

El juzgado número 2 de Ayamonte investigará las asignaciones que Giahsa, la empresa pública que gestiona el agua en buena parte de la provincia, mantiene a las formaciones políticas que conforman laMancomunidad de Aguas y Servicios (MAS) de la provincia de Huelva -a saber, PSOE, PP e IU-, de la que depende. Según ha podido saber EL MUNDO de Andalucía, el juzgado de Instrucción número dos de Ayamonte ha abierto diligencias a raíz del escrito que presentó un particular ante la Fiscalía sobre la presunta ilegalidad de esta manera de financiar a partidos políticos.

Así, en las últimas semanas se habría recibido la información solicitada en su momento sobre estas asignaciones, entre otros al alcalde de Cartaya, Juan M. Polo, cuya contestación a un vecino de la localidad sobre la salida del municipio de la MAS dio lugar a la apertura de las diligencias por parte de la Fiscalía, que ahora habría elevado el caso al juzgado.

Tal y como adelantó este periódico, fue un particular quien acudió a la Fiscalía tras enterarse por una respuesta que le hizo llegar el Ayuntamiento de Cartaya explicándole que el consistorio había abandonado Giahsa, entre otros motivos, porque durante 2012 la empresa había destinado a los distintos partidos políticos un total de654.000 euros. Este particular solicitó entonces al fiscal que interviniese o, al menos, le explicase "la legalidad que sustenta esta desviación económica con cargo a los consumidores para la financiación de grupos políticos", lo que dio lugar a las actuaciones que actualmente se están llevando a cabo.

De ahí que el alcalde de Cartaya sea uno de los que ha remitido a la justicia, tras la petición de ésta, la documentación que acredita la existencia de estas asignaciones en el seno de la Mancomunidad, que el municipio cartayero abandonó a principios de 2013. "Desde este ayuntamiento se ha facilitado a Fiscalía toda la información solicitada y que obraba en nuestro poder por haber pertenecido a Giahsa", han señalado a este periódico fuentes del Ayuntamiento. "Se trata, por otro lado, de información pública, al tratarse de temas y documentos presentados en los plenos de la mancomunidad. La existencia de estas asignaciones era pública y notoria, reconocida por la propia empresa", señalan.

El TSJA da la razón a San Juan del Puerto

Asimismo, Giahsa recibía ayer otro varapalo judicial a manos delTribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que ha dado la razón a San Juan del Puerto en el pleito que mantenía con la empresa tras abandonar la Mancomunidad. Pese a que ésta denunció al Ayuntamiento, la justicia ha determinado que el consistorio no incumplió el convenio, sino que tuvo "motivos justificados para extinguir el acuerdo y salir de la entidad", al incumplir Giahsa su parte del convenio, dejando de pagar el canon al Ayuntamiento.

La empresa ya ha anunciado que interpondrá un recurso de casaciónante el Tribunal Supremo, y ha acusado a San Juan del Puerto -y a los gobiernos municipales de Valverde, Cartaya, Cortegana, Gibraleón, que también han abandonado la empresa en los últimos tiempos- de tener un "espíritu insolidario" y "obstaculizar cualquier vía de financiación", provocando con ello las dificultades para "cumplir con nuestras obligaciones económicas derivadas de las concesiones demaniales".

En este punto, sin embargo, cabría destacar que habla la empresa de "dificultades para hacer frente a sus obligaciones económicas" mientras destina a la MAS -su 'brazo político'- un total de 400.000 euros, una cantidad que se reparte entre el pago de los sueldos de los distintos cargos que forman parte de ella, en la actualidad un presidente (PSOE) y tres vicepresidentes (PSOE, PP, IU), y las asignaciones a los distintos partidos políticos, que se calculan en función de las alcaldías que ostenta cada una de las formaciones.

Al menos hasta el pasado ejercicio, la asignación a partidos era de alrededor de 1.000 euros al mes por alcaldía -aunque con límites con respecto a máximos y mínimos, resultando los socialistas los más beneficiados, al contar con alrededor de 50 ayuntamientos dentro de la MAS-, con lo que cada una de las formaciones con representación en la Mancomunidad percibe una cantidad de dinero mensual que sale directamente de sus presupuestos, en lo que supondría en la práctica financiar a estos partidos políticos, tal y como señala el escrito remitido a la Fiscalía y que ya investiga el juzgado, "a costa de los ciudadanos, repercutiéndole esta financiación en el recibo mensual de consumo de agua".