Alaya reclama expedientes que comprometen a Chaves y Griñán ....seis empresas publicas; Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía [IDEA], la Empresa Pública del suelo y la Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales, DAP, Extenda, Egmasa y Turasa presentan irregularidades en la contabilización de las transferencias de financiación.

CASO ERE. En un auto con fecha del 23 de diciembre.

• El requerimiento de la juez responde a un escrito que el PP presentó hace 13 meses

Lo de siempre Administración paralela e instrumental juntera ¿¿???

Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía [IDEA], la Empresa Pública del suelo y la Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales, DAP, Extenda, Egmasa y Turasa presentan irregularidades en la contabilización de las transferencias de financiación

http://www.elmundo.es/andalucia/2014/12/27/549e8412268e3eba1a8b456e.html

CASO ERE En un auto con fecha del 23 de diciembre

Alaya reclama expedientes que comprometen a Chaves y Griñán

• El requerimiento de la juez responde a un escrito que el PP presentó hace 13 meses

La juez que investiga el caso ERE ha requerido a la Junta de Andalucía para que le entregue expedientes aportados a otra causa y que demuestran que la mitad de las consejerías recurrió a las transferencias de financiación para hacer llegar fondos al menos a siete empresas públicas a fin de evitar la fiscalización previa y que el Consejo de Gobierno presidido por Manuel Chaves conocía el uso inadecuado de esta figura presupuestaria, núcleo de la tesis delictiva que mantiene la magistrada.

En un auto notificado ayer a las partes, la juez Alaya hace un movimiento inesperado en el tablero del caso ERE a la espera de que el Tribunal Supremo mueva ficha sobre la parte que afecta a los aforados nacionales, entre ellos los ex presidentes Chaves y Griñán. Y resulta inesperado porque el nuevo requerimiento se basa en un escrito que la acusación que ejerce el PP -dirigida por los abogados Luis García Navarro y Lourdes Fuster- presentó hace más de 13 meses, exactamente el 14 de noviembre de 2013.

En concreto, la titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla reclama ahora por duplicado -a la Consejería de Hacienda y a la Intervención General de la Junta- los expedientes íntegros de las propuestas de acuerdo de Consejo de Gobierno relativos a los programas de control financiero permanente de las empresas públicas correspondientes a 2005, 2006 y 2007. Esos expedientes incluyen los datos económicos de las empresas y las memorias tanto de los trabajos de auditoría realizados en los ejercicios anteriores como de las modificaciones que se hubieran introducido.

De forma expresa, Alaya pide a la Intervención General de la Junta los informes adicionales que, en relación con la citada propuesta de 2006, hubiera realizado sobre al menos seis empresas públicas: la Agencia Andaluza de Promoción Exterior (Extenda), Turismo de Andalucía SA (Turasa) y la Empresa Pública Deporte de Andalucía SA) -dependientes entonces de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte-; la Empresa Pública de Gestión Medioambiental (Egmasa) -Medio Ambiente-; la Empresa Pública de Gestión de Infraestructuras de Andalucía (Giasa) -Obras Públicas y Transportes-; y la Agencia Pública Empresarial Radio y Televisión de Andalucía (RTVA), adscrita a la de Presidencia.

El Consejo de Gobierno acordó el 29 de agosto de 2006 aprobar el programa de control a realizar durante ese ejercicio a las empresas de la Junta sometidas a control financiero permanente. El expediente incluye una nota de conclusiones y la memoria de los trabajos realizados el ejercicio anterior -éstas las elevaba al Consejo de Gobierno el titular de Economía y Hacienda, José Antonio Griñán en esos años- en el que se plasma ya una advertencia sobre el uso inadecuado de las transferencias de financiación.

«La Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía [IDEA], la Empresa Pública del suelo y la Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales, DAP, Extenda, Egmasa y Turasa presentan irregularidades en la contabilización de las transferencias de financiación que afectan a resultados o en la clasificación de su activo y pasivo», expone la Intervención. Idéntico párrafo volvió a incluirlo el año siguiente.

Con esta documentación, la juez busca evidencias documentales que demuestran que los defectos en la contabilización de las transferencias de financiación afectan no sólo a IDEA -la 'caja pagadora' de las ayudas concedidas por la Consejería de Empleo con cargo al fondo de reptiles- sino también al menos a otras seis empresas públicas.

Fue la acusación que ejerce el PP la que puso a la juez sobre esta pista hace más de un año, merced a la documentación a la que tuvo acceso a raíz de su personación en el caso Invercaria. De hecho, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, el juez que investiga esta causa (Instrucción 16 de Sevilla) llegó a abrir una pieza separada sobre cada una de esas ocho empresas públicas para determinar si incurrieron en prevaricación o malversación al utilizar las transferencias de financiación.

En el escrito enviado a Alaya hace un año, el PP daba por acreditado que existía «conocimiento pleno por parte del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de las advertencias de la Intervención General y, por tanto, el conocimiento y participación, al menos omisiva, en los hechos investigados» por la instructora.

Fuentes del caso sostienen que, con este nuevo requerimiento a la Junta, la juez no busca tanto iniciar una investigación a fondo de otras empresas públicas sino cargarse de razones para demostrar que, frente a la 'teoría de los cuatro golfos', el uso de las transferencias de financiación a empresas públicas para evitar la fiscalización previa era un modus operandi generalizado -no sólo en la Consejería de Empleo- y obedecía a una estrategia «diseñada desde el Consejo de Gobierno». Ello compromete a Chaves y Griñán, de los que la propia juez dice que es «imposible» que desconocieran que sus gobiernos usaban un sistema ilegal y opaco para pagar prejubilaciones y ayudas «de forma absolutamente libérrima».

Con la incorporación a la causa de esas memorias de control financiero permanente, Alaya apuntala además su tesis del falseamiento presupuestario de la Agencia IDEA con la que se trataba de justificar la utilización de las transferencias de financiación para pagar las subvenciones con cargo al programa presupuestario 31.L que ella investiga desde el 19 de enero de 2011.

El último movimiento de pieza de la instructora se produce antes de que el instructor del Supremo tome declaración a los aforados preimputados y determine si archiva la causa o los imputa, y de que el titular del Juzgado de Instrucción 16 de Sevilla decida si sobresee las piezas separadas sobre las citadas ocho empresas públicas.

Fuentes del caso avanzaron que el juzgado ya ha decidido archivar la mayoría de las piezas, lo que sería un golpe a la línea de flotación de la tesis que mantiene Alaya sobre el uso de las transferencias de financiación y daría oxígeno a las defensas. Con este auto, la juez reivindica que fue la primera en conocer los hechos -en virtud del escrito presentado por el PP el 14 de noviembre de 2013- y así poder reclamar su competencia para investigarlo frente a Instrucción 16 de Sevilla.