52 Grupos de Desarrollo Rural cometieron irregularidades con fondos de la Junta .....El pasado mes de octubre, la Comisión Europea detectó “problemas graves que requieren una aclaración y la revisión de la propuesta” de Agricultura.

Se ha certificado porque la Junta reclama la devolución de fondos públicos a los 52 Grupos de Desarrollo Rural (GDR) implantados en la comunidad para dinamizar la economía en las localidades pequeñas de las ocho provincias. Hace un año que los GDR saben que la Junta les exige devolver entre 30.000 y 60.000 euros de media, esto es, entre 2 y 3 millones de euros. Estos grupos han gestionado 248 millones entre 2007 y 2013, pero las reclamaciones de la Junta se inscriben a partir de 2011, lo que deja cuatro años sin investigación.

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52 Grupos de Desarrollo Rural cometieron irregularidades con fondos de la Junta

• Lunes, 15 Diciembre 2014 09:26

Se ha certificado porque la Junta reclama la devolución de fondos públicos a los 52 Grupos de Desarrollo Rural (GDR) implantados en la comunidad para dinamizar la economía en las localidades pequeñas de las ocho provincias. Hace un año que los GDR saben que la Junta les exige devolver entre 30.000 y 60.000 euros de media, esto es, entre 2 y 3 millones de euros. Estos grupos han gestionado 248 millones entre 2007 y 2013, pero las reclamaciones de la Junta se inscriben a partir de 2011, lo que deja cuatro años sin investigación. 

Al haber sido hasta 2007  la mayoría de ellos de influencia socialista, la Junta parecería estar dándose tiros en el propio pie aunque el PP interpreta que son los populares que accedieron a estos grupos tras sus victorias en las elecciones municipales desde 2007 los destinatarios de este "castigo".

El pasado mes de octubre, la Comisión Europea detectó “problemas graves que requieren una aclaración y la revisión de la propuesta” de Agricultura, según una carta remitida a la representación de España ante la UE. Téngase en cuenta que en el período 2014-2020 la Junta está pendiente de recibir de Bruselas 1.906 millones de euros de los fondos Feader. 

Los afectados han recurrido y presentado alegaciones para no devolver el dinero.  Los GDR son entidades colaboradoras de la Junta y están compuestos por personas designadas por Ayuntamientos, Diputaciones, sindicatos y otras asociaciones, lo que, en la práctica, se ha traducido en apoyos políticos para el partido dominante en Andalucía, que siempre ha sido el PSOE. Pero es imposible saber cuántas personas los componen, cómo fueron seleccionados y qué dinero reciben, porque ninguno de estos datos aparecen en la página web de la Junta ni en sus webs respectivas.

Este es el organigrama del GDR de Jerez:

Algunas pistas de la dependencia de estos grupos del PSOE, el distribuidor durante años de los fondos europeos en las zonas rurales,  nos la dan, por ejemplo, casos frecuentes. José Luis Sánchez Teruel fue vicepresidente del Grupo de Desarrollo Rural Aprovélez desde 2001 hasta 2004  y es ahora secretario general de la Agrupación Provincial del PSOE de Almería y parlamentario andaluz por la provincia de Almería. Antonio Perales Pizarro, imputado en el caso Bahía Competitiva y miembro del clan de Alcalá, tuvo presencia en los Centros de Desarrollo Rural Sierra de Cádiz y Parque natural Los Alcornocales.

Por abundar digamos que Luis Romero Acedo, empleado de la tienda que los Perales Pizarro de Alcalá  tenían en el pueblo fue presidente de la Mancomunidad de la Janda y que su hija, Olga Romero Fuentes, está en el Ceder y en la Asociación Tierra para el Desarrollo de proyectos de Intervención en Zonas Rurales de Andalucía. Blas D. Villalba Márquez fue candidato del PSOE en Zahara de la Sierra y concejal en las elecciones de 2003 y aparecía como miembro del equipo técnico del Grupo de Desarrollo de la Sierra gaditana. Fue concejal en Zahara de la Sierra.

Para no ser exhaustivos digamos que el Partido Andalucista en 2009 ya denunció el enchufismo descarnado en el Grupo de Desarrollo Rural de Sanlúcar de Barrameda. IU denunció la colocación de tres enchufados socialistas en otro de estos grupos. 

Para que nos hagamos una idea del papel de estos grupos en el "dominio ejercido" por el PSOE andaluz, digamos que en la provincia de Sevilla la Administración local  desarrolló  desde los años 80: 19 mancomunidades, incluida la del Bajo Guadalquivir en liquidación, y alrededor de una treintena de consorcios, aunque algunos con actividad mínima. A ellos se suman doce fundaciones y ocho grupos de desarrollo rural participados por los ayuntamientos o la Diputación. 

Naturalmente, desde 2007, la presencia del PP ha ido siendo mayor en estos grupos, presencia que puede ser la clave de la nueva actitud socialista.

Una batalla de alegaciones impulsada por el PP

El País refiere que numerosas entidades afectadas plantearán batalla por la vía Contencioso-Administrativa en los tribunales porque parece que a la Junta le ha entrado prisa en reclamar tras escándalos como los ERE, UGT  o los cursos de formación.

Desde 2012, la Intervención General de la Junta advirtió defectos de forma en la justificación de gastos de funcionamiento de los GDR como dietas de sus empleados o el sueldo de las limpiadoras que habrían sido imputados a los fondos de la UE de manera irregular. Por eso hace tres años se comenzó con la suspensión cautelar de los pagos a los GDR después de un año de investigación interna.

Las alegaciones están dando sus frutos porque, por ejemplo, el GDR de Guadix (Granada) ha visto que la Junta le reclamaba 69.000 euros que se han quedado en sólo 16.000 tras sus alegaciones.

El gerente del GDR de Ronda, Miguel Prego, se queja del cambio de normas “a mitad de partido”. “Hay gastos elegibles justificados cambiados con efecto retroactivo y de aplicación imposible. Nos ha pillado fuera de juego”.

Otros GDR consideran que si los fallos existentes han sido por órdenes confusas, contradictorias o errores de la Junta, lo que debe hacerse es librar una nueva partida presupuestaria para subsanar el error, pero no sancionar a quienes cumplieron las normas de la Junta.

Tambièn está en el caso de los gerentes de estos grupos que, en caso de negligencia o irregularidad, deberían ser expulsados pero para ello se necesita información fehaciente de la Junta.

Una historia interminable

La propia consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Elena Víboras, informó en abril de este año  de que se habían suspendido pagos a estos 52 Grupos de Desarrollo Rural como medida cautelar "obligada" por la normativa europea al detectarse errores administrativos en la justificación de los pagos. Tras las elecciones municipales de 2007, el poder socialista en estos grupos, casi monopolista desde su puesta en marcha, comenzó a resquebrajarse disminuyendo claramente en las elecciones de 2011. El PP sospechó que todo era una maniobra para que la Junta recuperase el control de unos fondos administrados por los GDR, algunos de ellos importantes ahora dirigidos por el PP tras su victoria en las capitales y grandes municipios.

En 2009, en un manual de funcionamiento, la Junta de Andalucía consideró que los gastos de funcionamiento de los GDR podían alcanzar el 20% de las cantidades totales gestionadas y que dentro de dichos gastos de funcionamiento podían subvencionarse cuestiones como las dietas de desplazamiento de los técnicos, la limpieza de las sedes o la asesoría jurídica. 

Sin embargo, en 2012, tras las elecciones municipales de 2011 donde el avance del PP fue espectacular, los criterios de la administración andaluza cambiaron y ahora la Junta exige a los GDR  la devolución de subvenciones relativas a sus gastos de funcionamiento.

Víboras afirmó entonces que la suspensión de pagos a estos grupos es una actuación temporal que afectaba a a gastos de funcionamiento y aplicación de estrategias de desarrollo, explicó la consejera en comisión parlamentaria.

Las medidas correctoras se aplicaron en julio y la finalización del plan de contingencia tuvo lugar en octubre por lo que la Consejería esperaba que el órgano de certificación culmine la valoración y emita el informe que verifique el cumplimiento de los requisitos para que el Consejo de Gobierno inicie el procedimiento que ponga fin a la medida cautelar, algo "inminente" según la Consejera.

Sin embargo, el PP quiere obligar a la Junta a que asuma con sus fondos sus propios errores de interpretación, si es que son errores. “Si la Junta se equivocó a la hora de considerar qué cuantía y que gastos de funcionamiento podían ser subvencionables, ese error no puede caer sobre los hombros de quien hizo las cosas según las instrucciones que se dictaron. La obligación de la Junta es asumir esos fondos para garantizar que los GDR siguen trabajando”,señaló hace unos meses la diputada Ana Vanessa García.

En todo caso, lo que se preguntan desde el Partido Popular es qué es lo que ha llevado a la Junta a bloquear un modelo que ha venido funcionando bien durante dos décadas. El Partido Popular teme es que la Junta “quiera ahorrarse el 20% de los presupuestos de los GDR que deben salir de las arcas autonómicas, ya que el 80% procede de fondos europeos”, además de que el bipartito “quiera retomar el control de estos fondos, una vez que buena parte de los GDR están ahora presididos por el Partido Popular”.

El caso de los GDR de Málaga y Granada, provincias donde el Partido Popular tiene la mayoría

El motivo por el cual los centros de desarrollo rural se están viendo ahogados es porque  la Junta tiene congeladas las ayudas europeas, algo que no ha ocurrido  durante los más de 15 años de dominio socialista sobre estos grupos. Se estima que en el caso de Málaga el dinero bloqueado supera los 10 millones de euros. Y lo peor es que nadie sabe hasta cuándo puede durar esta situación de bloqueo, que en la provincia ya ha provocado el cierre temporal del GDR del Guadalteba y el despido de todos sus trabajadores. También el Ceder Serranía de Ronda, que engloba a 21 pueblos, tuvo que despedir a finales de 2013 a cuatro de sus siete trabajadores.

Según los GDRs de la provincia, (Valle del Guadalhorce, Territorio Nororiental del Málaga, Guadalteba, Antequera, Sierra de las Nieves, Serranía de Ronda y Axarquía), el motivo de la paralización por la que atraviesan es la revisión de los gastos de funcionamiento que impuso la propia Junta de Andalucía, que tiene congelados los pagos como medida cautelar.

Por ejemplo, según el diario Sur, en Málaga el presidente del GDR Serranía de Ronda, Alfredo Carrasco, denunció que se habían interrumpidolos pagos en 2011. El GDR Guadalteba tiene sus oficinas fuera de servicio al estar cerrado temporalmente desde finales de febrero, debido a que tuvo que despedir a todos sus trabajadores. Para su presidenta, María José Bravo, la culpa de la situación por la que está atravesando el Ceder es de la «inoperancia de la Junta de Andalucía».

En el caso del Ceder Axarquía, su presidente, que es alcalde socialista de La Viñuela, José Juan Jiménez, descargó todas las culpas sobre la Unión Europa, por ser, según aseguró, «quién ha cambiado los procedimientos».

La revisión de los gastos de funcionamiento que está llevando a cabo la Junta,con un nuevo procedimiento con carácter retroactivo, fruto del cual va a obligar a algunos GDRs a tener que devolver diferentes cantidades al variar ahora los criterios que en su día fijó la propia Consejería. Al Ceder Serranía de Ronda la Junta le han exigido devolver 104.000 euros.

Según el PP,  la Junta tiene sometidos a los GDR a un proceso de “intervención”, a través de un Plan de Contingencia derivado de un proceso de auditoría de oficio que el bipartito puso en marcha y que, “a pesar de que todos los GDR mandamos los seis expedientes que nos pidieron, aún no han resuelto”.