miércoles, 26 de noviembre de 2014

Recomendado. Desvío de fondos para los ERE desde 1990: La Junta lo tapo porque tenía que proteger al Consejero Montaner + contratos a la empresa de un cargo municipal en Espartinas.

Sin la colaboración de los de dentro, los de fuera no se pueden llevar dinero. Eso es evidente. ¿Quienes son los de dentro?. Eso que lo diga la Justicia.


CASO ERE




Audiencia de Sevilla Un tribunal constata el desvío de fondos para los ERE desde 1990 




La Junta que dio por justificado el dinero, se "encuentra" ahora con 534.596 euros. ¿¿??? = es dinero público de todos.



  • Un ejecutivo y dos sindicalistas de una empresa sevillana se apropiaron de 906.000 euros.
  • La Junta de Andalucía tapó el 'agujero' con nuevas ayudas en lugar de reclamar el reintegro



"La Junta lo tapo por que tenía que proteger al Consejero  Montaner."

Entrevista; recomendada.



Francisco Pérez Camacho, empresario.

Aburrido de denunciar ante la Junta y el Parlamento las irregularidades detectadas en la gestión de un plan de jubilaciones financiado por la Administración autonómica, el empresario Francisco Pérez Camacho (Villapalacios, Albacete. 1951) llamó a la puerta de la Fiscalía. Al cabo de 17 años, la Justicia ha acreditado los hechos por los que el Gobierno de andalucía eludió exigir responsabilidades.

P.  ¿Es posible hacerlo sin la complicidad de los altos cargos de la Administración? Muchas veces los de abajo engaña al de arriba. Ahora bien, sin la colaboración de los de dentro, los de fuera no se pueden llevar dinero. Eso es evidente. ¿Quienes son los de dentro?. Eso que lo diga la Justicia.

......P. Usted anunció que el dinero que se lograra recuperar se destinaría a investigar el fracaso industrial de Andalucía y a los afectados por los impagos de ISA. R. Dije desde un principio que no reclamaba nada para mi, pese a que lo necesitaba porque en aquellos momentos me habían arruinado y no tenía dinero. En la denuncia que presenté en la Fiscalía incluí un párrafo en el que se decía que el dinero que se obtuviera tendría que tener una serie de fines  que tienen que ver con el desarrollo de Andalucía. Y Así será.



  • El Gobierno andaluz dio por cobrado lo que no estaba. Ahora tiene un derecho sin ser parte.
  • La fundación creada dará becas para investigar el fracaso industrial de Andalucía.



  • Contratos a la empresa de un cargo municipal en Espartinas; el Ayuntamiento adjudica al gerente de la sociedad de desarrollo local el cuidado de un parque y el restaurante. Ciudadanos lleva el caso a la Fiscalía.









http://www.elmundo.es/andalucia/2014/11/26/5474ea65e2704ea9768b4574.html

Desvío de fondos para los ERE desde 1990- La Junta lo tapo porque tenía que proteger al Consejero Montaner + contratos a la empresa de un cargo municipal en Espartinas.


CASO ERE Audiencia de Sevilla

Un tribunal constata el desvío de fondos para los ERE desde 1990


  • Un ejecutivo y dos sindicalistas de una empresa sevillana se apropiaron de 906.000 euros
  • La Junta de Andalucía tapó el 'agujero' con nuevas ayudas en lugar de reclamar el reintegro
La Audiencia de Sevilla ha considerado probado que un ejecutivo y dos sindicalistas se apropiaron de 906.757 euros procedentes de subvenciones concedidas por la Junta y el Gobierno para el pago de prejubilaciones a trabajadores de una empresa sevillana en crisis. El caso, cuyos hechos se remontan a 1990, es el primero que se ha juzgado por irregularidades en un plan de prejubilación financiado por la Administración autonómica.
El tribunal también reprocha a la Junta que, pese a conocer las irregularidades, otorgara otras subvenciones por 906.756 euros para tapar el boquete en lugar de reclamar el reintegro de la ayuda anterior, como mantenía la Intervención General.
En una sentencia fechada el pasado 19 de de septiembre, de la que ha sido ponente el magistrado Ángel Márquez, la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla condena al ejecutivo Jesús Mateo Salvatierra y a los sindicalistas de CCOO Fernando Fernández Montes y José Miguel Cidoncha a devolver a la Junta y al Ministerio de Empleo 688.233,62 euros en total y a pagar 5.000 euros cada uno como autores de un delito continuado de apropiación indebida en su modalidad de administración desleal.

Atenuante de dilación indebida

El tribunal ha estimado la atenuante de dilación indebida atendiendo al tiempo transcurrido desde que sucedieron los hechos delictivos -algunos hace 24 años- y la duración de la instrucción (10 años). La injustificada tardanza en la investigación judicial, concluye la sentencia, ha propiciado que «algunos de los delitos imputados» hayan prescrito y otros «han estado en un trance de serlo».

Lo que no ha apreciado la Audiencia de Sevilla es la comisión de delitos de fraude en subvenciones -como calificó el fiscal- ni de estafa, como mantenía la acusación particular ejercida por el empresario Francisco Pérez Camacho a través del abogado Juan Carlos Vázquez.

Los hechos juzgados a lo largo de 37 sesiones -celebradas entre el 31 de octubre de 2013 y el 14 de mayo de 2014- se remontan a 1986, cuando la empresa sevillana Industrias Subsidiarias de Aviación (ISA) entró en una crisis que desembocó en la declaración de suspensión de pagos con acuerdo de liquidación.

Atendiendo a la «importancia económica» de la compañía y a su «repercusión laboral» (más de 638 empleos), el Parlamento acordó en abril de 1986 instar al Gobierno andaluz a adoptar las medidas que garantizaran el mantenimiento de la actividad.

Fruto de ese mandato de la Cámara, el Ejecutivo autonómico constituyó la empresa Industria Sevillana de Automoción (ISA-2) a fin de mantener la actividad industrial y gestionar la liquidación ordenada de la sociedad en crisis. Como consejero delegado de ISA-2 fue nombrado Pérez Camacho, que había dirigido numerosas reconversiones industriales.

ISA-2 se comprometía a liquidar la totalidad de las deudas que ISA-1 tuviera contraídas con los trabajadores y a colaborar en el pago de las prejubilaciones de 46 trabajadores.

El coste global del plan de jubilación se cifró en 4,41 millones de euros, correspondiendo la mayor parte -concretamente 2,6 millones- a la Junta. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social e ISA-2 aportaron cada uno 900.000 euros.

La condición de las administraciones públicas para ofrecer los fondos fue que había que suscribir una póliza que cubriera el coste del convenio especial con la Seguridad Social, el complemento mensual a cada trabajador de la prestación por desempleo o de las prestaciones asistenciales hasta los 60 años y el complemento vitalicio a la pensión de los 60 años, de las que también serían beneficiarios los cónyuges viudos o herederos.

Las cantidades que pudieran sobrar

Los 3,5 millones procedentes de las ayudas de la Junta y el Gobierno se ingresaron en una cuenta corriente de la oficinal principal del Banco Hispano Americano en Sevilla que al efecto abrieron Fernando Fernández Montes y José Miguel Cidoncha -como representantes del comité de empresa- y Jesús Mateo Salvatierra, financiero de ISA-2. Ellos fueron quienes «se encargaron de administrar dichos fondos», dice la sentencia.

Censura el tribunal que, en lugar de suscribir el seguro de rentas como estaban obligados, los ahora condenados decidieron administrar «por sí mismos dichos fondos y beneficiarse con las cantidades que pudieran sobrar, bien en su propio beneficio, bien en el de sociedades administradas por alguno de ellos que nada tenían que ver con el proceso de jubilación, o bien de terceros desconocidos».

En esa cuenta también se fueron ingresando las indemnizaciones que los trabajadores fueron cobrando del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) -«en lugar de devolverlo a su titular (ISA-2)», añade el fallo- y los «sustanciosos» réditos que se generaron al ser una cuenta remunerada.

La póliza finalmente se contrató casi cinco meses después de que la Junta desembolsara el dinero y por «un importe muy inferior al inicialmente presupuestado», concretamente 1,41 millones de euros. Según la sentencia, el coste se «había engordado artificialmente con el fin de obtener una subvención superior».

Con el montante contratado sólo se cubrían los complementos de pensiones a partir de los 60 años, sin incluir la cobertura del cónyuge viudo y herederos y otros conceptos indemnizatorios comprometidos.

Debido a «las disposiciones» realizadas por los querellados «ajenas a la prejubilación acordada con los trabajadores» llegó un momento en que ya no había fondos suficientes para garantizar el pago de las prestaciones. En total -según la sentencia- la suma dispuesta ascendió a 6,19 millones, registrándose «desviaciones sucesivas de dinero a fines privados» ajenos a las prejubilaciones.

'Irregular actuación'

El 28 de junio de 1993, un grupo de afectados puso en conocimiento de la Consejería de Trabajo la «irregular actuación» de los ahora condenados y «los gravísimos daños causados a los prejubilados», al tiempo que reclamaban una nueva ayuda para solucionar la situación.

Lejos de exigir responsabilidades por las irregularidades denunciadas, la Consejería de Trabajo acordó el 13 de septiembre de 1993 otorgar otros 872.797 euros para la constitución de una póliza a fin de abonarles a los prejubilados los ingresos mínimos suficientes hasta los 60 años. Esa ayuda se complementó posteriormente con otra de 33.959 euros.

Recuerda la sentencia que la Junta dio vía libre a estas ayudas pese a que la Intervención General, según consta en un informe fechado el 16 de febrero de 1993, era favorable a la reclamación de un reintegro de 1,77 millones. El titular de Empleo entonces era Francisco Oliva.

De hecho, llegó a iniciarse un expediente de reintegro el 13 de noviembre de 1996, acordándose meses después exigir el reintegro parcial de 1,7 millones de euros más 1,8 millones en intereses de demora.

El reintegro nunca llegó a producirse puesto que la directora general de Fomento al Empleo lo revocó el 20 de diciembre de 2004 -ya con Antonio Fernández como consejero de Empleo- tras dar por bueno un acta de manifestación notarial en la que dos trabajadores afirmaban que el plan de jubilación se había cumplido en su totalidad. Y ello pese a que no se había concertado la póliza que garantizara la pensión a los herederos y haberse tenido que ampliar el importe de la subvención.

El tribunal concluye que esas nuevas ayudas «no se debieron producir» y reprocha a los gestores del plan por poner «en riesgo» el cobro de los complementos comprometidos a los ex trabajadores. Si no ocurrió, destaca la Audiencia, fue porque la Administración autonómica salió «en su auxilio».

La Audiencia considera probado que ISA-2 cumplió con la aportación económica comprometida y destaca el comportamiento de Pérez Camacho «denunciando cuantas actuaciones consideraba ilícitas» frente a «la posición oscura y obstruccionista» del condenado Jesús Mateo Salvatierra. Éste, junto con otro directivo llamado Jesús Ramos Santana, también ha sido condenado por un delito continuado de falsedad y a indemnizar a ISA-2 y a otra antigua empresa del grupo (Politecno) con 3,5 millones por otro delito continuado de apropiación indebida.

Los condenados han solicitado una aclaración de sentencia y que se rectifiquen errores materiales, momento en el que el fallo podrá recurrirse ante el Supremo.

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