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Estado de Recaudación Recurso IDEA el pasado viernes 14 -11-2014. la semana anterior se habían ingresado 150 euros mas, Gracias .
La recaudación va como sigue; los ingresos hasta ahora para el recurso de IDEA ascienden a 3.870 euros = 186 personas, hasta los 9.000 presupuestado, queda todavía...... pero hay para la primera instancia judicial....
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Asociación
Defiendo Mi Derecho y la Gestión Pública.
20-11-2014.
Ver margen derecho del blog . Nueva CUENTA DE INGRESO para nuestra
defensa judicial. Contribuye
Y
AHORA LA AGENCIA
IDEA
De nuevo la
Asociación Defiendo mi Derecho y la Gestión Pública, en representación de un
grupo de funcionarios guerreros y comprometidos, ha entablado batalla judicial
contra lo que califica, metafóricamente hablando, un “apuñalamiento” más al ya
malherido Estado de Derecho, y, por tanto, a todos los que de una u otra manera
están sometidos al enorme poderío de las normas de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
En opinión de la
Asociación, aunque el combate sea emprendido por los funcionarios, no son ellos
las únicas víctimas del nuevo atropello. Víctimas del abuso de poder de la
Junta de Andalucía, manifestado tanto en la insaciable utilización de la
técnica del rodillo de los
decretos-leyes como en otras fórmulas de gobierno adoptadas sin la
participación y transparencia tan “cacareadas” de los principales interesados y
afectados, son todas aquellas personas cuyas vidas están necesariamente
condicionadas a las decisiones de estos políticos: el cordobés anónimo que
quiere montar una empresa, o la comunidad de vecinos de una barrio de Almería
que desea recibir una subvención para instalar un ascensor en su edificio
antiguo, o quien quiera cambiar las ventanas de su casa para ahorrar energía, o
para talar los eucaliptos de su finca…
Esta vez el ataque
viene dado por la aprobación reciente y sibilina de una modificación de los
estatutos de la todopoderosa Agencia
IDEA, epicentro de muchos de los numerosos casos de corrupción que
tristemente estamos conociendo. Diríase, a juzgar por la lectura del BOJA, que
la Comunidad ya no tiene Administración ni funcionarios y que todo es Agencia.
Si no fuera por la gravedad de la cuestión y se permitiera el recurso al chiste
fácil cabría hacerse en tono jocoso la siguiente pregunta: ¿será, quizás, que
para los políticos les resulta mucho más llevadero y rentable “agenciar” que administrar?
Pomposa y
pretenciosamente se ha venido anunciando la lucha implacable contra la
corrupción y como se van a poner los frenos a tantos desmanes. Paradójicamente,
basta leer la nueva norma (como sucedió con la Agencia Andaluza de la Energía)
para constatar como, con argumentos abstractos, vacíos, que podrían incluso
calificarse (por su función meramente decorativa) de cartón piedra (o de excusa, tal vez, para
ocultar otros más inconfesables), le dan a la famosísima agencia, en contra de cuanta legislación y
jurisprudencia existe sobre la materia, más y mayores poderes de los que ya
venía de hecho detentando en el pasado.
Es decir, en el
camino hace muchos años iniciado de liquidación y exterminio de la Administración
y sus funcionarios se ha dado un paso cualitativamente mayor. Sin el más mínimo
rubor se ha utilizado el BOJA para sacar
del control de la Administración legítima los mayores poderes que le están
reservados en exclusiva, poderes que para que sean ejercidos sin abuso o
capricho del político de turno, se someten a las normas y numerosos límites de
la Constitución y de todo el Derecho Administrativo Español. Dentro de esa
abundancia de normas limitadoras de la actuación de una Administración poderosa,
un requisito más, sin ser ni mucho menos el único, es el de la exigencia de que
sean funcionarios quienes desempeñen las funciones públicas. Quiere ello decir
que, sin negar la trascendencia de dicho requisito, forma parte, junto con
otros, de un conjunto de férreos controles del ejercicio del poder ejecutivo.
Todo lo anterior
se dice porque, en este intento de defender ese Estado de Derecho (concepto
que, por manido, no puede perder su importancia para mantener un mínimo de
libertad del ciudadano), resulta agotador el empeño de frenar y desenmascarar a
políticos grandilocuentes y demagógicos que dicen luchar contra la corrupción.
Más extenuante aún cuando esa labor de despojar del disfraz requiere el esfuerzo
añadido de simplificar y traducir a un lenguaje asequible y sencillo cuestiones
de especial complejidad. Sirva de ejemplo el juego que está dando en el asunto
de los eres el uso de las famosas transferencias de financiación: algunos
interesadamente están desviando el foco verdadero de la investigación de la
jueza, que es saber si se utilizaron de forma fraudulenta para fines distintos
de los previstos, y no si es legal o no la figura de la transferencia en sí
misma. En ese alegato interesado en parecer que se discute lo que en realidad
no se cuestiona, muchas de las personas que leen la prensa o escuchan las noticias quedan
enredadas sin saber finalmente qué pasó o qué busca la magistrada, y en esa
maraña pueden llegar a creer incluso, si el político es medianamente habilidoso
en el lenguaje y en la postura, que la jueza está haciendo una persecución
inquisitorial.
Al cansancio se
une la tristeza que produce cuando el conocimiento técnico y profesional que el
denunciante de estas prácticas tiene hace que comprenda con bastante claridad
la realidad que existe tras el discurso político. Observa como, con la excusa
de poner controles (ridículos si se tiene la paciencia de leer la norma para
ver en qué van a consistir), aflora de nuevo la evidencia: el “apañado” político
hace una atribución exorbitante a favor
de esos entes superfluos, de los que se desconoce su verdadera razón de ser
(lo que lleva, ya se sabe, a imaginar motivos extraños), atribución que supone
el consiguiente vaciamiento total de la
Administración legítima. ¡Y para más inri con IDEA! Aquella persona que
ingenuamente albergaba la pequeña esperanza de que el conocimiento por parte de
la opinión pública de los casos como el bochornoso espectáculo de los eres, o
el de invercaria y el “estorbo” que suponía la ética para algunas directivas, o
el de pagar sueldos a trabajadores fantasmas, iba a dar lugar a que estos
políticos retrocedieran en su desvergüenza (siquiera por disimular algo el
presunto “mangoneo”), queda absolutamente desolada.
Pues bien, en ese
esfuerzo de simplificar y no perdernos en tecnicismos legales de difícil
exposición, hagamos una vez más un ejercicio de imaginación acudiendo a un
símil para comprender la situación padecida en nuestra Comunidad y que va a
suponer la nueva norma.
En un determinado
territorio se observa que hay una gran cantidad de complicaciones médicas
derivadas de lo que parecen ser intervenciones quirúrgicas, número
ostensiblemente mayor que en otras poblaciones. Se va comprobando por denuncias
de esas víctimas (no hay estadísticas oficiales ni registros de control) que
han sido intervenidas en establecimientos denominados “Bar el Hospital”, “salón
de Juegos el Hospital”, “Estanco El Hospital Clínico, S.A.”.
Ante la alarma
producida en los ciudadanos por estas noticias, las autoridades de ese pueblo
empiezan a anunciar a bombo y platillo que van a tratar esas complicaciones,
que van a indemnizar a las víctimas aunque son casos aislados y demás
palabrería. A la vez que se produce ese verborrea política, un grupo de médicos
debidamente titulados y que ya venía denunciando la situación desde hace
tiempo, le dice en voz alta a esas autoridades que, a pesar de que esos sitios
utilicen el término “hospital”, ninguno de ellos es en realidad un centro
hospitalario reglado y que nadie de los
que allí hacen las operaciones ha acreditado ser cirujano especialista
autorizados; es decir, localizan perfectamente el origen del problema. Ante la
vergüenza que tienen que soportar las autoridades porque un humilde grupo de
médicos les denuncie una realidad que ellas mismas han creado, amparado y
fomentando, eligen al político de turno para que, haciendo alarde de sus dotes
teatrales y verborrea, sermonee a la población tratando de tranquilizarla con
las medidas que va a tomar para solucionar el problema, caiga quien caiga, con
la llegad de nuevos tiempos y demás palabrería al uso.
Quienes son
profanos en la materia los escuchan y se quedan en ese mensaje. Sin embargo,
los médicos denunciantes, cuando analizan en silencio esas medidas anunciadas
por el político, observan con estupor que las mismas no consiste eb prohibir
esas intervenciones y vigilar que ningún “chiringuito” extraño siga funcionando
como hospital clandestino disfrazado. Por el contrario comprueban, con el
consiguiente aumento de su perplejidad, que ninguno de esos pacientes ha sido
devuelto para ser atendido con todas sus garantía (personal sanitario
acreditado como tal y quirófanos en hospital reglamentario) a las instituciones
sanitarias legales. Ese político rimbombante lo que ha hecho es, aparte de
decir que el personal de esos chiringuitos es estupendo y tratar de
desprestigiar a los médicos que denunciaron atribuyéndoles intereses
corporativos, dejar que esos chiringuitos sigan funcionando como hospitales,
anunciando medidas de control que en la práctica son inexistentes por ser de
imposible aplicación en un bar, un salón de juegos o un estanco. Ese grupo de
médicos denunciantes concluye que si bien tal comportamiento puede deberse a la
ignorancia del político concreto, es más que probable también que, dada la
contundencia de su denuncia y la exhaustividad de los datos en que se apoya,
esa conducta del político se deba a un verdadero interés no confesable en
mantener contra viento y marea esa situación. Imposible que cualquier mente no
sucumba a pensar que un político no puede ser tan tonto tan tonto si está ahí.
Si el símil no es
muy afortunado, pueden ponerse otros tantos. Imaginemos parques públicos con
sus correspondientes toboganes y columpios, puestos de chucherías y pajaritos
varios, en los que muchas personas son víctimas de las prácticas de tiro
llevadas a cabo por personas profanas en el uso de armas. El Alcalde, en lugar
de prohibir dichas prácticas de tiro por menores en esos parques recreativos, y
autorizarlas exclusivamente a personas profesionales en campos de tiro
reglamentarios, anuncia que ha dictado una ordenanza en la que se recogen
instrucciones consistentes en decir a los menores que acuden a esos parques que
miren bien antes de disparar, y a los
abuelos que allí conversan que si los hieren vayan a los servicios médicos.
El ejemplo de lo
sucedido en los ERES. Hubiera sido mucho más fácil evitar ese extravío de
dinero con la aplicación estricta y rígida del derecho en la vía administrativa
que tratar de recuperarlo ahora, a sabe de qué bolsillo, en la vía penal ¡Qué
fácil hubiera sido evitar que hubiera llegado a ello!
Todo está
sucediendo con la presunta colaboración de cuantas instituciones contaminadas
por el poder político participan en la elaboración de las normas. Ejemplo:
según noticia aparecida en ABC, el Presidente del Consejo Consultivo viene a
decir que se observa en el asunto de los
ERES comportamietos fraudulentos, sin embargo, en los informes
correspondientes, ese órgano se pronuncia con la ambigüedad necesaria para que
el político apruebe lo que quiere.
Por último, cuando
se oiga hablar de que la Agencia IDEA es la encargada de conceder subvenciones,
o de controlar trámites para la apertura de un negocio, que nadie piense en
ella como un ente abstracto, sino como una estructura con un coste económico
muy elevado formado por personas de carne y hueso. Y en ese momento, hágase el
esfuerzo de recordar en qué Boletín Oficial se convocaron pruebas selectivas o
de trabajo para que cualquiera, sin necesidad de pertenecer al PSOE o haber
sido concejal o esposa de alguien con vinculaciones políticas o afines, pudiera
entrar allí. Al mismo tiempo, vuelve a hacerse el esfuerzo de mirar en el
entorno de uno, probablemente afectado por el desempleo, y compruebe si alguna
de las personas del mismo ha tenido la suerte de que la hayan llamado en alguna
ocasión para desempeñar un trabajo en la referida Agencia.
Si junto a ese
esfuerzo de imaginación y observación se hace un mínimo trabajo de
investigación, casi con total seguridad se obtendrán datos para concluir que la
inmensa mayoría que las personas que allí trabajan y la totalidad de los
directivos pertenecen, o tienen lazos familiares, políticos, sindicales (o
inconfesables) con el omnipresente PSOE o la UGT. En ellos nuevamente parece que la “baronesa” vuelve a
confiar (mucho más ampliamente que en el pasado, si observamos las normas
aprobadas en su mandato) los asuntos de todos los andaluces.
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