jueves, 20 de noviembre de 2014

Máxima difusión. Comunicado para todos. Asociación Defiendo Mi Derecho y la gestión Pública. Y ahora la Agencia IDEA.......

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Estado de Recaudación Recurso IDEA  el pasado viernes 14 -11-2014. la semana anterior se habían ingresado 150 euros mas, Gracias .



La recaudación va como sigue; los ingresos hasta ahora para el recurso de IDEA ascienden a 3.870 euros = 186 personas, hasta los 9.000 presupuestado, queda todavía...... pero hay para la primera instancia judicial....


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Asociación Defiendo Mi Derecho y la Gestión Pública.
20-11-2014.

      Ver margen  derecho del blog . Nueva CUENTA DE INGRESO para nuestra defensa judicial. Contribuye



 


Y   AHORA   LA   AGENCIA   IDEA

                De nuevo la Asociación Defiendo mi Derecho y la Gestión Pública, en representación de un grupo de funcionarios guerreros y comprometidos, ha entablado batalla judicial contra lo que califica, metafóricamente hablando, un “apuñalamiento” más al ya malherido Estado de Derecho, y, por tanto, a todos los que de una u otra manera están sometidos al enorme poderío de las normas de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

                En opinión de la Asociación, aunque el combate sea emprendido por los funcionarios, no son ellos las únicas víctimas del nuevo atropello. Víctimas del abuso de poder de la Junta de Andalucía, manifestado tanto en la insaciable utilización de la técnica del rodillo de los decretos-leyes como en otras fórmulas de gobierno adoptadas sin la participación y transparencia tan “cacareadas” de los principales interesados y afectados, son todas aquellas personas cuyas vidas están necesariamente condicionadas a las decisiones de estos políticos: el cordobés anónimo que quiere montar una empresa, o la comunidad de vecinos de una barrio de Almería que desea recibir una subvención para instalar un ascensor en su edificio antiguo, o quien quiera cambiar las ventanas de su casa para ahorrar energía, o para talar los eucaliptos de su finca…

                Esta vez el ataque viene dado por la aprobación reciente y sibilina de una modificación de los estatutos de la todopoderosa Agencia IDEA, epicentro de muchos de los numerosos casos de corrupción que tristemente estamos conociendo. Diríase, a juzgar por la lectura del BOJA, que la Comunidad ya no tiene Administración ni funcionarios y que todo es Agencia. Si no fuera por la gravedad de la cuestión y se permitiera el recurso al chiste fácil cabría hacerse en tono jocoso la siguiente pregunta: ¿será, quizás, que para los políticos les resulta mucho más llevadero y rentable “agenciar” que administrar?

                Pomposa y pretenciosamente se ha venido anunciando la lucha implacable contra la corrupción y como se van a poner los frenos a tantos desmanes. Paradójicamente, basta leer la nueva norma (como sucedió con la Agencia Andaluza de la Energía) para constatar como, con argumentos abstractos, vacíos, que podrían incluso calificarse (por su función meramente decorativa)  de cartón piedra (o de excusa, tal vez, para ocultar otros más inconfesables), le dan a la famosísima agencia, en contra de cuanta legislación y jurisprudencia existe sobre la materia, más y mayores poderes de los que ya venía de hecho detentando en el pasado.

            Es decir, en el camino hace muchos años iniciado de liquidación y exterminio de la Administración y sus funcionarios se ha dado un paso cualitativamente mayor. Sin el más mínimo rubor se ha utilizado el BOJA para sacar del control de la Administración legítima los mayores poderes que le están reservados en exclusiva, poderes que para que sean ejercidos sin abuso o capricho del político de turno, se someten a las normas y numerosos límites de la Constitución y de todo el Derecho Administrativo Español. Dentro de esa abundancia de normas limitadoras de la actuación de una Administración poderosa, un requisito más, sin ser ni mucho menos el único, es el de la exigencia de que sean funcionarios quienes desempeñen las funciones públicas. Quiere ello decir que, sin negar la trascendencia de dicho requisito, forma parte, junto con otros, de un conjunto de férreos controles del ejercicio del poder ejecutivo.

                Todo lo anterior se dice porque, en este intento de defender ese Estado de Derecho (concepto que, por manido, no puede perder su importancia para mantener un mínimo de libertad del ciudadano), resulta agotador el empeño de frenar y desenmascarar a políticos grandilocuentes y demagógicos que dicen luchar contra la corrupción. Más extenuante aún cuando esa labor de despojar del disfraz requiere el esfuerzo añadido de simplificar y traducir a un lenguaje asequible y sencillo cuestiones de especial complejidad. Sirva de ejemplo el juego que está dando en el asunto de los eres el uso de las famosas transferencias de financiación: algunos interesadamente están desviando el foco verdadero de la investigación de la jueza, que es saber si se utilizaron de forma fraudulenta para fines distintos de los previstos, y no si es legal o no la figura de la transferencia en sí misma. En ese alegato interesado en parecer que se discute lo que en realidad no se cuestiona, muchas de las personas que leen la  prensa o escuchan las noticias quedan enredadas sin saber finalmente qué pasó o qué busca la magistrada, y en esa maraña pueden llegar a creer incluso, si el político es medianamente habilidoso en el lenguaje y en la postura, que la jueza está haciendo una persecución inquisitorial.

                Al cansancio se une la tristeza que produce cuando el conocimiento técnico y profesional que el denunciante de estas prácticas tiene hace que comprenda con bastante claridad la realidad que existe tras el discurso político. Observa como, con la excusa de poner controles (ridículos si se tiene la paciencia de leer la norma para ver en qué van a consistir), aflora de nuevo la evidencia: el “apañado” político hace una atribución exorbitante a favor de esos entes superfluos, de los que se desconoce su verdadera razón de ser (lo que lleva, ya se sabe, a imaginar motivos extraños), atribución que supone el consiguiente vaciamiento total de la Administración legítima. ¡Y para más inri con IDEA! Aquella persona que ingenuamente albergaba la pequeña esperanza de que el conocimiento por parte de la opinión pública de los casos como el bochornoso espectáculo de los eres, o el de invercaria y el “estorbo” que suponía la ética para algunas directivas, o el de pagar sueldos a trabajadores fantasmas, iba a dar lugar a que estos políticos retrocedieran en su desvergüenza (siquiera por disimular algo el presunto “mangoneo”), queda absolutamente desolada.

                Pues bien, en ese esfuerzo de simplificar y no perdernos en tecnicismos legales de difícil exposición, hagamos una vez más un ejercicio de imaginación acudiendo a un símil para comprender la situación padecida en nuestra Comunidad y que va a suponer la nueva norma.

                En un determinado territorio se observa que hay una gran cantidad de complicaciones médicas derivadas de lo que parecen ser intervenciones quirúrgicas, número ostensiblemente mayor que en otras poblaciones. Se va comprobando por denuncias de esas víctimas (no hay estadísticas oficiales ni registros de control) que han sido intervenidas en establecimientos denominados “Bar el Hospital”, “salón de Juegos el Hospital”, “Estanco El Hospital Clínico, S.A.”.

                Ante la alarma producida en los ciudadanos por estas noticias, las autoridades de ese pueblo empiezan a anunciar a bombo y platillo que van a tratar esas complicaciones, que van a indemnizar a las víctimas aunque son casos aislados y demás palabrería. A la vez que se produce ese verborrea política, un grupo de médicos debidamente titulados y que ya venía denunciando la situación desde hace tiempo, le dice en voz alta a esas autoridades que, a pesar de que esos sitios utilicen el término “hospital”, ninguno de ellos es en realidad un centro hospitalario reglado y  que nadie de los que allí hacen las operaciones ha acreditado ser cirujano especialista autorizados; es decir, localizan perfectamente el origen del problema. Ante la vergüenza que tienen que soportar las autoridades porque un humilde grupo de médicos les denuncie una realidad que ellas mismas han creado, amparado y fomentando, eligen al político de turno para que, haciendo alarde de sus dotes teatrales y verborrea, sermonee a la población tratando de tranquilizarla con las medidas que va a tomar para solucionar el problema, caiga quien caiga, con la llegad de nuevos tiempos y demás palabrería al uso.

                Quienes son profanos en la materia los escuchan y se quedan en ese mensaje. Sin embargo, los médicos denunciantes, cuando analizan en silencio esas medidas anunciadas por el político, observan con estupor que las mismas no consiste eb prohibir esas intervenciones y vigilar que ningún “chiringuito” extraño siga funcionando como hospital clandestino disfrazado. Por el contrario comprueban, con el consiguiente aumento de su perplejidad, que ninguno de esos pacientes ha sido devuelto para ser atendido con todas sus garantía (personal sanitario acreditado como tal y quirófanos en hospital reglamentario) a las instituciones sanitarias legales. Ese político rimbombante lo que ha hecho es, aparte de decir que el personal de esos chiringuitos es estupendo y tratar de desprestigiar a los médicos que denunciaron atribuyéndoles intereses corporativos, dejar que esos chiringuitos sigan funcionando como hospitales, anunciando medidas de control que en la práctica son inexistentes por ser de imposible aplicación en un bar, un salón de juegos o un estanco. Ese grupo de médicos denunciantes concluye que si bien tal comportamiento puede deberse a la ignorancia del político concreto, es más que probable también que, dada la contundencia de su denuncia y la exhaustividad de los datos en que se apoya, esa conducta del político se deba a un verdadero interés no confesable en mantener contra viento y marea esa situación. Imposible que cualquier mente no sucumba a pensar que un político no puede ser tan tonto tan tonto si está ahí.

                Si el símil no es muy afortunado, pueden ponerse otros tantos. Imaginemos parques públicos con sus correspondientes toboganes y columpios, puestos de chucherías y pajaritos varios, en los que muchas personas son víctimas de las prácticas de tiro llevadas a cabo por personas profanas en el uso de armas. El Alcalde, en lugar de prohibir dichas prácticas de tiro por menores en esos parques recreativos, y autorizarlas exclusivamente a personas profesionales en campos de tiro reglamentarios, anuncia que ha dictado una ordenanza en la que se recogen instrucciones consistentes en decir a los menores que acuden a esos parques que miren bien antes de disparar,  y a los abuelos que allí conversan que si los hieren vayan a los servicios médicos.

                El ejemplo de lo sucedido en los ERES. Hubiera sido mucho más fácil evitar ese extravío de dinero con la aplicación estricta y rígida del derecho en la vía administrativa que tratar de recuperarlo ahora, a sabe de qué bolsillo, en la vía penal ¡Qué fácil hubiera sido evitar que hubiera llegado a ello!

                Todo está sucediendo con la presunta colaboración de cuantas instituciones contaminadas por el poder político participan en la elaboración de las normas. Ejemplo: según noticia aparecida en ABC, el Presidente del Consejo Consultivo viene a decir que  se observa en el asunto de los ERES comportamietos fraudulentos, sin embargo, en los informes correspondientes, ese órgano se pronuncia con la ambigüedad necesaria para que el político apruebe lo que quiere.

                Por último, cuando se oiga hablar de que la Agencia IDEA es la encargada de conceder subvenciones, o de controlar trámites para la apertura de un negocio, que nadie piense en ella como un ente abstracto, sino como una estructura con un coste económico muy elevado formado por personas de carne y hueso. Y en ese momento, hágase el esfuerzo de recordar en qué Boletín Oficial se convocaron pruebas selectivas o de trabajo para que cualquiera, sin necesidad de pertenecer al PSOE o haber sido concejal o esposa de alguien con vinculaciones políticas o afines, pudiera entrar allí. Al mismo tiempo, vuelve a hacerse el esfuerzo de mirar en el entorno de uno, probablemente afectado por el desempleo, y compruebe si alguna de las personas del mismo ha tenido la suerte de que la hayan llamado en alguna ocasión para desempeñar un trabajo en la referida Agencia.

              Si junto a ese esfuerzo de imaginación y observación se hace un mínimo trabajo de investigación, casi con total seguridad se obtendrán datos para concluir que la inmensa mayoría que las personas que allí trabajan y la totalidad de los directivos pertenecen, o tienen lazos familiares, políticos, sindicales (o inconfesables) con el omnipresente PSOE o la UGT. En ellos  nuevamente parece que la “baronesa” vuelve a confiar (mucho más ampliamente que en el pasado, si observamos las normas aprobadas en su mandato) los asuntos de todos los andaluces.

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