El Supremo investigará si los aforados idearón el sistema ilegal de subvenciones....
- El Supremo abre una investigación Así operaba la trama de los ERE
- Todas las conexiones del sistema que permitió repartir de manera ilegal 855 millones de euros
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo investigará qué papel desempeñaron los cinco aforados en la ideación, el mantenimiento y alguno de ellos también en la ejecución de un sistema ilegal de reparto de fondos públicos que permitió a la Junta de Andalucía disponer de 855 millones de euros eludiendo los controles internos.
Conclusión: Susanita tiene un marrón....
Al tiempo...la Administración paralela y juntera, sera lo siguiente....
CASO ERE El Supremo abre una investigación
Se busca al autor intelectual del fraude millonario de los ERE
El Supremo investigará si los aforados idearon el sistema ilegal de subvenciones
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo investigará qué papel desempeñaron los cinco aforados en la ideación, el mantenimiento y alguno de ellos también en la ejecución de un sistema ilegal de reparto de fondos públicos que permitió a la Junta de Andalucía disponer de 855 millones de euros eludiendo los controles internos.
Ésa es la cantidad que, según la juez Mercedes Alaya, fue a parar a empresarios bien relacionados con el poder socialista que gobierna Andalucía desde 1982 y con los sindicatos CCOO y UGT. El dinero, procedente de la partida presupuestaria 31.L, denominada fondo de reptiles por el ex alto cargo que la tenía a su cargo, sirvió para pagarel precio de la paz social. De camino, hubo una parte del dinero, al menos 141 millones de euros, que se esfumó entre comisiones a conseguidores y mediadores, fiestas, cocaína y premios a modo de prejubilaciones para amigos del poder que fueron incluidos en los planes sociales pagados con fondos públicos de empresas en las que nunca habían trabajado.
En el auto por el que abre una causa contra los ex presidentesManuel Chaves y José Antonio Griñán, el ex vicepresidente Gaspar Zarrías y los ex consejeros José Antonio Viera y Mar Moreno, la Sala de lo Penal del Supremo señala que los indicios que la juez Alaya ha encontrado contra esos cinco aforados «derivan de la posición social alta y especial responsabilidad política de aquellos, dados los cargos que desempeñaban, y de su intervención en las decisiones de creación o de mantenimiento del sistema que facilitaba esa forma de proceder e incluso, respecto de alguno de ellos, en la ejecución de actuaciones concretas de aplicación del referido sistema».
El Supremo debe esclarecer si el 17 de julio de 2001, cuando el aforado José Antonio Viera, en su calidad de consejero de Empleo, se sentó a firmar con su viceconsejero Antonio Fernández, hoy imputado y en libertad bajo fianza, el convenio que instauró el sistema ilegal en el reparto de subvenciones, actuaban por iniciativa propia o siguiendo instrucciones superiores.
En aquellos momentos, el presidente de la Junta era Chaves y su hombre fuerte, Gaspar Zarrías, consejero de la Presidencia y quien le prestaba «asistencia técnica», según refiere la juez Mercedes Alaya en su exposición razonada. Griñán era diputado por Córdoba en el Congreso y Mar Moreno, vicesecretaria general del PSOE andaluz, la número dos del partido.
Los magistrados aluden no sólo a la ideación del sistema sino a las decisiones para su «mantenimiento» en el tiempo. Y es ahí donde podrían verse implicados además otros aforados como el propio Griñán que, en su etapa de consejero de Economía y Hacienda, debió recibir hasta 15 advertencias de la Intervención General de la Junta sobre el reparto ilegal de subvenciones instaurado en la Junta. Nada se hizo y cuando estalló el escándalo, ya con Griñán de presidente, su consejera de Hacienda y Administración Pública,Carmen Martínez Aguayo, decidió autoinmolarse al declarar que fue ella la que recibió las advertencias de la Intervención en su etapa de viceconsejera de Griñán y que nunca se las hizo llegar al jefe.
Al ex presidente Griñán también atribuye a Alaya responsabilidad alaprobar las modificaciones presupuestarias que alimentaron el fondo de reptiles y haber intentado, ya siendo presidente en el año 2012, regular la concesión de las ayudas mediante una orden que la magistrada considera ilegal porque usurpaba competencias propias del Estado. Para esa operación, Griñán habría contado con la «asistencia técnica» de su consejera de la Presidencia, Mar Moreno, que hoy se sienta junto a él en el Senado.
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