lunes, 24 de noviembre de 2014

Ayudas públlicas; Y la "trampa" se hizo ley + La policia reúne 4.00 testimonios sobre el fraude de la formación.

  • La Junta aplica desde al menos 2002 y en siete consejerías la excepción que permite seguir pagando ayudas sin justificar el empleo del dinero público.




  • Sobre estas líneas, extractos de los acuerdos de exoneraciones...


    Extractos de los acuerdos de exoneraciones adoptados por el "consejillo" en 2002, 2007 y 2012.

    •  El Consejo de Gobierno lo autorizo; ¿Y las del SAE?; Autorización previa; cuantía indefinida; interés social.



    • La policia reúne 4.00 testimonios sobre el fraude de la formaciónultima en todas las provincias andaluzas la segunda fase de la "operación EDU"

    Las cifras del fraude millonario.



    Y la trampa se hizo ley -aydas sin justificar-+4.000 testimonios sobre el fraude de la formación.


    AYUDAS PÚBLICAS

    Y la 'trampa' se hizo ley


    • La Junta aplica desde al menos 2002 y en siete consejerías la excepción que permite seguir pagando ayudas sin justificar el empleo del dinero público


    Las exoneraciones que en los años 2009, 2010, 2011 y 2012 aplicó la Consejería de Empleo para librar a los perceptores de ayudas para cursos de formación de la obligación de justificarlas no eran ninguna novedad en la Junta de Andalucía. El Gobierno andaluz llevaba al menos desde 2002 haciendo uso de esa excepción que contempla la ley por motivos de interés social y no sólo en Empleo sino en al menos siete consejerías.

    Así se puede comprobar en las actas de los consejillos que ha hecho públicas la Junta de Andalucía a requerimiento de la titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya. Se trata de las reuniones de la comisión general de viceconsejeros que cada semana examinaba los asuntos antes de someterlos a la aprobación del Consejo de Gobierno.
    De la consulta de esas actas se desprende que en la década que va del 13 de febrero de 2002 al 28 de marzo de 2012, los viceconsejeros de la Junta de Andalucía discutieron al menos en 23 ocasiones sobre la posibilidad de exonerar a beneficiarios de ayudas del deber de justificarlas en tiempo y forma.

    En total, se aplicaron 19 exoneraciones sobre ayudas en distintas consejerías. Todos los intentos de «excepciones» o «exceptuaciones», como se denominan en las actas, salieron adelante, si bien se discutieron en 23 ocasiones porque uno de ellos quedó dos veces sobre la mesa y otros dos quedaron una una vez en el aire por falta de acuerdo entre los viceconsejeros.
    En 19 ocasiones se acordó elevar el asunto al Consejo de Gobierno para proceder a aprobar las exoneraciones y, de hecho, en la página web de la Junta de Andalucía existen referencias a 14 de esos acuerdos. No al resto, lo que se debe a que las notas públicas del Consejo de Gobierno desde 2003 a 2012 están incompletas y sólo recogen los asuntos que a la Junta de Andalucía le interesaba destacar.

    371 millones

    Sólo once de esos 14 expedientes de exoneraciones de los que se han hallado referencias en la página web de la Junta de Andalucía están cuantificados y suman 371 millones de euros. Corresponden a la Consejerías de Gobernación y a la de Agricultura y Pesca.

    Gobernación fue el departamento de la Junta que más recurrió a las exoneraciones, puesto que echó mano de esta excepción legal en once ocasiones. Desde 2002 a 2009, ambos incluidos, eximió a las «entidades locales» (ayuntamientos, diputaciones, mancomunidades...) de justificar las ayudas concedidas para «mejorar su infraestructura», para «financiación de gastos corrientes originados por la prestación de servicios obligatorios», «contratar asistencias técnicas» o «para el programa de innovación tecnológica».
    Dichas ayudas eran de una cuantía global elevada. Por ejemplo, 30 millones de euros en 2002; 37 millones en 2003; 46,7 millones de euros en 2005; 64,8 millones de euros en 2006 y 57,5 millones de euros en el año 2007.

    La Consejería de Vivienda utilizó en tres ocasiones esta fórmula en al menos tres ocasiones, en los años 2009, 2010 y 2011, para «excepcionar» de justificar «determinadas subvenciones que se concedan en el marco del plan concertado de vivienda y suelo 2008-2013». Estas exoneraciones se hicieron públicas en las referencias del Consejo de Gobierno pero sin ofrecer una cifra concreta, ya que cada beneficiario de vivienda protegida podría optar a una ayuda de 9.000 euros para la entrada y a subsidios de 250 euros anuales de cuotas por cada 10.000 euros de préstamo.
    La de Agricultura y Pesca recurrió dos veces a las exoneraciones. La primera, la más antigua de las que hay constancia en las actas de los consejillos, data del 13 de febrero de 2002 y con ella se determinó «el abono sin justificación previa del importe total de las subvenciones a la contratación de seguros agrarios». El dinero, unos 5,4 millones de euros, se traspasó a Agroseguro, «entidad que engloba a todas las compañías del sector en España y que actúa como intermediaria entre los agricultores y la Administración», según decía la Junta.
    El objetivo de esas ayudas era promover entre los agricultores la suscripción de seguros de cosechas ante posibles eventualidades o imprevistos. Según la Junta, en aquellas fechas había 43.500 beneficiarios que cultivaban 951.000 hectáreas en la comunidad autónoma.
    En 2005, Agricultura volvió a echar mano de las exoneraciones para pagar de una tacada los 93,4 millones de euros que destinó a agricultores que habían sufrido las heladas de enero de ese año.
    La Consejería de Justicia y Administración Pública -hubo un tiempo en el que estuvo adherida a Gobernación- también recurrió a las excepciones cuando concedió 720.000 euros de ayudas a «proyectos de investigación» para desarrollar bases de datos de sentencias y documentos judiciales para el uso de los juzgados de lo Contencioso Adminsitrativo y la Fiscalía.
    La Consejería de Presidencia exoneró en 2007 una ayuda para el Bicentenario de la Constitución de 1812 y la de Cultura eximió en 2012 las destinadas a las orquestas de la Junta. Pero de ellas no se dieron más noticias.
    El Consejo de Gobierno lo autorizó

    ¿Y las del SAE?








    ¿Es necesaria la aprobación del Consejo de Gobierno para exonerar del deber de justificar ayudas públicas? La Junta de Andalucía había dicho hasta ahora que no. De hecho, ninguna de las exceptuaciones acordadas por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en 2009, 2010, 2011 y 2012 se llevó al 'consejillo' ni al Consejo de Gobierno.

    Autorización previa

    El Consejo de Gobierno acordaba en esas ocasiones «autorizar» a las consejerías a aplicar la excepción legal. La de Empleo, pese a recurrir a las exoneraciones, no las sometió a la consideración del Consejo de Gobierno al menos en ese tiempo.

    Cuantía indefinida

    Once de las 19 exoneraciones en las otras consejerías suman 371 millones de euros, pero la cuantía es muy inferior a la real porque hay que sumar los importes de otras ocho operaciones. De las exoneraciones del SAE que no pasaron por el Consejo de Gobierno tampoco se conoce la cuantía.

    Interés social

    La excepción legal se puede aplicar por «interés social» pero la Junta no analizaba los casos de los beneficiarios de manera individualizada para conocer sus circunstancias sino que adoptaba exoneraciones generales para todas las ayudas de una convocatoria.
















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