Nuevo bombazo en el caso ERE: Guerra enre técnicos (PLD) y políticos....¿Si colaboras con ellos, pasa lo que pasa?

TRAMA DE LOS ERE Habría documentación anterior a 2005 que la Junta aseguró que estaba destruida.  

El ex interventor de la Junta denuncia el 'saqueo' de documentos negados a la juez Alaya Culpa del "pillaje" a un ex alto cargo imputado con la autorización de "ciertas instancias" 

 En un escrito registrado el pasado 10 de julio ante la Consejería, Gómez Martínez evidencia la guerra abierta entre técnicos y políticos de la Junta para echarse mutuamente las culpas de las irregularidades acumuladas en la gestión del 'fondo de reptiles' durante la pasada década.

http://www.elmundo.es/andalucia/2014/10/09/54366b09ca4741cb438b457a.html

TRAMA DE LOS ERE Habría documentación anterior a 2005 que la Junta aseguró que estaba destruida

El ex interventor de la Junta denuncia el 'saqueo' de documentos negados a la juez Alaya

• Culpa del "pillaje" a un ex alto cargo imputado con la autorización de "ciertas instancias"

• Nuevo bombazo en el caso ERE: el ex interventor general de la Junta Manuel Gómez Martínez ha instado a la consejera de Hacienda y Administración Pública, la socialista María Jesús Montero, a abrir una información reservada para aclarar si se desprende una «infracción penal» por lo que define como «saqueo documental» o «pillaje» en el seno de la Administración autonómica a favor de algunos ex altos cargos imputados por la juez Mercedes Alaya, que habrían contado con todas las facilidades para acceder incluso a documentos que el Gobierno andaluz aseguró a la magistrada que habían sido destruidos.
  En un escrito registrado el pasado 10 de julio ante la Consejería, Gómez Martínez evidencia la guerra abierta entre técnicos y políticos de la Junta para echarse mutuamente las culpas de las irregularidades acumuladas en la gestión del 'fondo de reptiles' durante la pasada década. El ex interventor señala con el dedo al antiguo viceconsejero de Susana Díaz, Antonio Lozano, y al ex secretario general de Hacienda Buenaventura Aguilera, cuya representación legal ha reclamado a través del juzgado una documentación oficial a la que el último alto cargo citado ya habría tenido acceso en los intramuros de la Junta valiéndose de «salvoconductos y autorizaciones que sólo ciertas instancias pueden facilitar», una suerte de carta blanca con la que logró «copia escaneada» de documentación oficial de los últimos 15 años con la que se intentaría incriminar a Gómez Martínez.
  Éste advierte a la consejera Montero de que «debiera tomar medidas para impedir que se siga produciendo este pillaje de los fondos documentales oficiales y para castigar a los responsables de tales conductas». Y añade esta observación, que podría interpretarse como irónica o como amenazante: «La facilidad con que determinadas personas disponen de los archivos resulta, en sí misma, sorprendente. Pero aún lo es más si se tiene en cuenta qué mal se compadece este desparpajo con la declaración realizada ante el Juzgado por su Consejería, certificando que toda la documentación anterior a 2005 ha sido destruida. En este sentido, estoy seguro de que el Juzgado estará interesado en conocer las razones por las que no puede disponer de documentos de los que, en cambio, algunos parecen disfrutar con inusitada desenvoltura».
  Gómez Martínez lo circunscribe todo a una estrategia impulsada por los cargos políticos de la Junta cuyo punto de partida sería la «inefable» comparecencia del ex presidente José Antonio Griñán ante la comisión de investigación parlamentaria sobre los ERE, «en la que pretendió eludir sus responsabilidades en el asunto tratando de endosárselas, de modo insensato, a la Intervención General». El técnico rememora también el «infame acuerdo final» de la comisión que prácticamente le acusaba -junto al ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero- del fraude, y po último el «bufo estrambote» del recurso del abogado defensor de Aguilera y Lozano.
  «Sostienen la delirante teoría de que la elaboración del presupuesto de gastos de la Junta de Andalucía y la gestión de las modificaciones presupuestarias no son los principales cometidos de la Dirección General de Presupuestos [de la que ambos ex altos cargos fueron titulares], sino que la verdadera responsable de todo ello es... la Intervención General de la Junta», ironiza Gómez Martínez, quien añade esta pregunta: «Por cierto, ¿no le parece, señora consejera, que esta ignara concepción de las funciones y competencias de la Dirección General de Presupuestos que sostienen los susodichos explicaría algunas calamidades?».
  El ex interventor general solicita expresamente a Montero «que acuerde la apertura de una información reservada con el fin de determinar si el saqueo documental que se deduce de los hechos descritos constituye infracción disciplinaria o penal de sus autores y actuar en consecuencia con el resultado de aquélla». Además, aprovecha el escrito para reclamar documentación desde el año 2000 de la Dirección de Presupuestos para preparar su defensa. La guerra entre quienes eran una piña al inicio del caso ERE no ha hecho más que comenzar.