"A pesar de las promesas del Gobierno andaluz, los expertos denuncian que una burocracia desmesurada sigue lastrando la actividad económica."
La Junta de Andalucía traba el crecimiento económico andaluz
ABC indaga en el asunto y concluye lo siguiente: "A pesar de las promesas del Gobierno andaluz, los expertos denuncian que una burocracia desmesurada sigue lastrando la actividad económica."
El último estudio del Observatorio Económico de Andalucía ( OEA) vuelve a censurar el peso asfixiante de la burocracia sobre la actividad económica. Sin embargo, frente a los conocidos pecados capitales de la administración española —maraña legal, absurdos requisitos administrativos, insoportables plazos de espera, costes innecesarios para el cumplimiento de la regulación— lo más desalentador del informe es la denuncia de que no existe propósito de enmienda en la Junta de Andalucía para mitigar este problema.
El Estado autonómico ha creado un complejo ovillo legal
« Las medidas de simplificación que se han puesto en marcha hasta el momento son claramente insuficientes ante el exceso de burocracia que padecemos», afirma Eduardo Gamero, profesor de Derecho Administrativo de la UPO y consejero de Montero & Aramburu, quien cree que no existe una voluntad política real para solucionar el sobredimensionamiento que ha adquirido la regulación.
«Es urgente impulsar soluciones efectivas que reduzcan el peso atosigante que tienen las cargas administrativas en Andalucía». El análisis de OEA pone el acento en aspectos que cualquier emprendedor ha sufrido en primera persona y que implican un coste económico sobreañadido. Y todo ello, en una comunidad donde la tasa de paro supera el 35% de la población activa.
Confusión normativa
El primer problema es la confusión normativa. «El ordenamiento jurídico autonómico y local crece exponencialmente y se añade al estatal, lo que genera un ovillo regulatorio difícil de identificar y entender». Y esto se agrava a medida que las normas se van modificando. OEA reclama, al menos, que se publiquen las normas vigentes en una plataforma sencilla de consultar y, además, hacer una depuración suprimiendo las que sean ineficaces. Ignacio Valduérteles, director del Instituto de Investigación Aplicada a la Pyme, señala por su parte que se trata de un coste económico para el emprendedor porque « ante tal complejidad tiene que recurrir a un profesional capaz de recopilar todas las normas que afectan a su negocio». Como no existe una plataforma clara donde los ciudadanos puedan consultar toda la regulación, hay que acudir a costosos programas de empresas privadas que sí recopilan y actualizan la legislación vigente.
Papeleo
Si es difícil conocer la normativa, más complejo (y caro) es cumplirla. Es el momento de la certificación del nombre de la sociedad, el otorgamiento de la Escritura Pública y Estatutos, la inscripción en el Registro Mercantil, la legalización de los libros, la licencia para abrir un local, la redacción del proyecto técnico, el informe y las autorizaciones medioambientales, la solicitud de la licencia de obras, el estudio prevención de riesgos laborales, los documentos de seguridad de protección de datos, el registro de marcas o nombre comercial, auditorías, verificaciones industriales...
Todo ello con un coste nunca inferior a 6.000 euros, según los cálculos de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA). Esto implica tratar con más de una decena de funcionarios y con varios departamentos de todas las administraciones. «Es uno de los componentes más perniciosos de la burocracia», denuncia OEA, que cree que se pude reducir drásticamente la documentación requerida (muchos de los documentos exigidos son superfluos) o sustituirse por declaraciones responsables.
«Todo se agrava notablemente si además el empresario presta sus servicios de cara al público», recuerda además Ignacio Valduérteles. El OEA también resalta «un aspecto muy peculiar de nuestro sistema» como es el hecho de que para tramitar un procedimiento el funcionario en cuestión pueda requerir un documento que no aparece exigido en ninguna parte. «Es inadmisible, eso hay que prohibirlo de forma expresa», clama Eduardo Gamero.
Golpe a las pymes
La simplificación administrativa es fundamental sobre todo para las pymes, ya que estas compañías hacen un esfuerzo económico proporcional diez veces mayor que una gran empresa para luchar contra la burocracia. «Según el Banco de España, un 74% de las cargas administrativas la soporta pymes», apunta Eduardo Gamero.
Tiempos de espera
El cribado de la legislación debe servir, además, para agilizar procedimientos. Gamero cree que «es intolerable que se tarde más de tres meses —cuando no seis meses o un año— en recibir una respuesta porque hemos heredado prácticas del siglo XIX». Para ello hay que integrar varios procedimientos en uno solo (vincular, por ejemplo, la calificación ambiental en el otorgamiento de la licencia municipal). Valduérteles, por su parte, cree que promesas como la ventanilla única suele ser un brindis al sol. « El sistema actual es contraproducente porque los emprendedores ocupan su cabeza en solventar los problemas burocráticos en vez de en su negocio y, además, hay muchos empresarios que al final prefieren arriesgarse y abren su establecimiento sin cumplir normas».
En este sentido, OEA pide medidas tan sencillas como simplificar los formularios que hay que rellenar. «Se trata solo de que cueste menos tiempo cumplimentarlos y su estructura y contenidos sean idóneos para agilizar el posterior procesamiento de la información».
Sin soluciones a la vista
Aunque los expertos proponen soluciones para detener el peso creciente de la burocracia, lo cierto es que hay pocas esperanzas de que este problema se solucione. La Junta de Andalucía ha aprobado una ley para reducir las trabas que sufren las empresas. Sin embargo, esta norma es insuficiente. «El exceso de burocracia que sufre nuestra región requiere iniciativas más profundas y efectivas » , recuerda Gamero. El principal defecto de la ley andaluza radica en el hecho de que el encargado de simplificar las trabas de la Junta es la Agencia de Defensa de la Competencia. «Es una entidad inadecuada, ya que tiene carácter sectorial, no transversal, y carece de preeminencia jerárquica sobre la organización respecto de la cual ejerce sus funciones». A esto se le suma que «es un órgano con funciones de control, pero que no puede actuar como motor ni revulsivo de las políticas de simplificación administrativa; carece de poderes ejecutivos y de los medios humanos necesarios». Así que quienes piensen que se puede reducir la burocracia ya saben la respuesta: «Vuelva usted mañana».s
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