Gracias compañero; seguimos sumando...
Lo dejarón sólo, sin expedientes y ordenador; acudió al juzgado.
- Denunció ante la Guardia Civil 'graves irregularidades' Teodoro Montes ha declarado ante la juez Mercedes Alaya como testigo, Asegura que aún hay más de 60.000 certificados de profesionalidad pendientes de emitir
Teodoro Montes, a su salida de los juzgados sevillanos tras prestar declaración ante Alaya.
- Solo un funcionario para controlar miles de cursos de formación Teodoro Montes ratifica ante la juez Alaya el descontrol que había en la Junta sobre los cursos de formación
CASO UGT-A Denunció ante la Guardia Civil 'graves irregularidades'
Un funcionario ratifica el descontrol en los cursos de formación
Teodoro Montes ha declarado ante la juez Mercedes Alaya como testigo
Asegura que aún hay más de 60.000 certificados de profesionalidad pendientes de emitir.
Teodoro Montes, a su salida de los juzgados sevillanos tras prestar declaración ante Alaya. CARLOS MÁRQUEZ
Cinco horas duró ayer la declaración del que fuera jefe de servicio de Formación Profesional de la Junta, Teodoro Montes, que se alargó hasta casi las cuatro de la tarde. Una larga sesión que seguirá el próximo martes ya que la juez no terminó su cuestionario y también falta el fiscal y las defensas y durante la cual Montes, hoy jubilado de su trabajo como funcionario en la Junta de Andalucía, ratificó las declaraciones que hizo ante la Guardia Civil denunciando numerosas irregularidades en los cursos. Y puso de manifiesto el enorme descontrol que había sobre los citados cursos además de apuntar como responsables de esas irregularidades a los últimos delegados provinciales de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas y su sucesora en el cargo, Aurora Cosano.
Al parecer, durante su declaración Montes insistió en la falta de control que había y en el hecho de que «desde arriba» le obstaculizaban su labor de supervisión de los cursos hasta el punto de que le desmantelaron el departamento en abril de 2013. De hecho, según dijo, desde esa fecha hasta el pasado mes de enero, le dejaron solo en ese departamento para controlar miles de cursos. Es más, según reveló, lo dejaron solo sin ordenadores y sin expedientes. Por tanto había una falta de control absoluto sobre los cursos que ahora está investigando la juez Mercedes Alaya.
En sentido, cuando la juez preguntó al testigo por sus superiores, Montes dio los nombres de los dos últimos delegados provinciales de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas, (condenado por el Caso Mercasevilla e imputado en los ERE) y la actual delegada Aurora Cosano. Según fuentes judiciales, el testimonio del funcionario fue muy profuso y refuerza las tesis de la acusación. Sin embargo, sólo se quedó en el nivel de los delegados provinciales porque la juez no pudo terminar el interrogatorio y no empezó a preguntarle por la Dirección General de Empleo algo que, con toda probabilidad, hará la próxima semana. Eso significa que todavía queda una gran parte. De hecho, al parecer Montes pidió en varias ocasiones a Alaya «hablar de la Faffe», a lo que la instructora le contestó que ya llegará ese momento.
En cualquier caso, las mismas fuentes judiciales insistieron en que Montes ratificó sus anteriores declaraciones ante la Guardia Civil asegurando que la asignación de las acciones formativas en la Junta de Andalucía se hizo sin que correspondiera con los informes técnicos emitidos por el departamento de gestión de formación. Y que existen entidades a las que se asignan muchos más cursos de los que pueden asumir.
ANDALUCÍA / FRAUDE EN LOS CURSOS DE FORMACIÓN
Teodoro Montes, a su salida de los juzgados sevillanos tras prestar declaración ante Alaya. CARLOS MÁRQUEZ
Cinco horas duró ayer la declaración del que fuera jefe de servicio de Formación Profesional de la Junta, Teodoro Montes, que se alargó hasta casi las cuatro de la tarde. Una larga sesión que seguirá el próximo martes ya que la juez no terminó su cuestionario y también falta el fiscal y las defensas y durante la cual Montes, hoy jubilado de su trabajo como funcionario en la Junta de Andalucía, ratificó las declaraciones que hizo ante la Guardia Civil denunciando numerosas irregularidades en los cursos. Y puso de manifiesto el enorme descontrol que había sobre los citados cursos además de apuntar como responsables de esas irregularidades a los últimos delegados provinciales de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas y su sucesora en el cargo, Aurora Cosano.
Al parecer, durante su declaración Montes insistió en la falta de control que había y en el hecho de que «desde arriba» le obstaculizaban su labor de supervisión de los cursos hasta el punto de que le desmantelaron el departamento en abril de 2013. De hecho, según dijo, desde esa fecha hasta el pasado mes de enero, le dejaron solo en ese departamento para controlar miles de cursos. Es más, según reveló, lo dejaron solo sin ordenadores y sin expedientes. Por tanto había una falta de control absoluto sobre los cursos que ahora está investigando la juez Mercedes Alaya.
En sentido, cuando la juez preguntó al testigo por sus superiores, Montes dio los nombres de los dos últimos delegados provinciales de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas, (condenado por el Caso Mercasevilla e imputado en los ERE) y la actual delegada Aurora Cosano. Según fuentes judiciales, el testimonio del funcionario fue muy profuso y refuerza las tesis de la acusación. Sin embargo, sólo se quedó en el nivel de los delegados provinciales porque la juez no pudo terminar el interrogatorio y no empezó a preguntarle por la Dirección General de Empleo algo que, con toda probabilidad, hará la próxima semana. Eso significa que todavía queda una gran parte. De hecho, al parecer Montes pidió en varias ocasiones a Alaya «hablar de la Faffe», a lo que la instructora le contestó que ya llegará ese momento.
En cualquier caso, las mismas fuentes judiciales insistieron en que Montes ratificó sus anteriores declaraciones ante la Guardia Civil asegurando que la asignación de las acciones formativas en la Junta de Andalucía se hizo sin que correspondiera con los informes técnicos emitidos por el departamento de gestión de formación. Y que existen entidades a las que se asignan muchos más cursos de los que pueden asumir.
ANDALUCÍA / FRAUDE EN LOS CURSOS DE FORMACIÓN
Solo un funcionario para controlar miles de cursos de formación
Teodoro Montes ratifica ante la juez Alaya el descontrol que había en la Junta sobre los cursos de formación
- Cinco horas duró ayer la declaración del que fuera jefe de servicio de Formación Profesional de la Junta, Teodoro Montes, que se alargó hasta casi las cuatro de la tarde. Una larga sesión que seguirá el próximo martes ya que la juez no terminó su cuestionario y también falta el fiscal y las defensas y durante la cual Montes, hoy jubilado de su trabajo como funcionario en la Junta de Andalucía, ratificó las declaraciones que hizo ante la Guardia Civil denunciando numerosas irregularidades en los cursos. Y puso de manifiesto el enorme descontrol que había sobre los citados cursos además de apuntar como responsables de esas irregularidades a los últimos delegados provinciales de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas y su sucesora en el cargo, Aurora Cosano.Al parecer, durante su declaración Montes insistió en la falta de control que había y en el hecho de que «desde arriba» le obstaculizaban su labor de supervisión de los cursos hasta el punto de que le desmantelaron el departamento en abril de 2013. De hecho, según dijo, desde esa fecha hasta el pasado mes de enero, le dejaron solo en ese departamento para controlar miles de cursos. Es más, según reveló, lo dejaron solo sin ordenadores y sin expedientes. Por tanto había una falta de control absoluto sobre los cursos que ahora está investigando la juez Mercedes Alaya.En sentido, cuando la juez preguntó al testigo por sus superiores, Montes dio los nombres de los dos últimos delegados provinciales de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas, (condenado por el Caso Mercasevilla e imputado en los ERE) y la actual delegada Aurora Cosano. Según fuentes judiciales, el testimonio del funcionario fue muy profuso y refuerza las tesis de la acusación. Sin embargo, sólo se quedó en el nivel de los delegados provinciales porque la juez no pudo terminar el interrogatorio y no empezó a preguntarle por la Dirección General de Empleo algo que, con toda probabilidad, hará la próxima semana. Eso significa que todavía queda una gran parte. De hecho, al parecer Montes pidió en varias ocasiones a Alaya «hablar de la Faffe», a lo que la instructora le contestó que ya llegará ese momento.En cualquier caso, las mismas fuentes judiciales insistieron en que Montes ratificó sus anteriores declaraciones ante la Guardia Civil asegurando que la asignación de las acciones formativas en la Junta de Andalucía se hizo sin que correspondiera con los informes técnicos emitidos por el departamento de gestión de formación. Y que existen entidades a las que se asignan muchos más cursos de los que pueden asumir.
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