El testigo díscolo que la Junta de Andalucía quiso aniquilar + Recolocan a un imputado de los ERE en una fundación.....lo que es se ve: Los hijos de la Junta de Andalucía (Una peli de bandas)

CORRUPCIÓN Presenció los desmanes cometidos con los cursos para parados

• El calvario de Montes comenzó hace 5 años tras negarse a silenciar el fraude formativo

¿Quien combate el «crimen organizado en sus manifestaciones más graves» por incumplimiento de la legalidad? 

Desde aquí nuestro apoyo, respeto y agradecimiento a la Ilma. Sra. Magistrada Alaya,   un ejemplo a seguir  ..... 

La impunidad premia el delito, induce a su repetición y le hace propaganda: estimula al delincuente y contagia su ejemplo

http://www.elmundo.es/andalucia/2014/10/27/544e0bb522601d050e8b457b.html

CORRUPCIÓN Presenció los desmanes cometidos con los cursos para parados

El testigo díscolo que la Junta de Andalucía quiso aniquilar

• El calvario de Montes comenzó hace 5 años tras negarse a silenciar el fraude formativo

• A lo largo de la última década, el funcionario Teodoro Montes, el testigo clave del fraude de la formación que investiga la juez Alaya, presenció todo tipo de desmanes con los cursos para parados subvencionados por el Gobierno andaluz, en este periodo, con más de 3.000 millones de euros.

  Durante estos años, el funcionario ha sido un testigo díscolo e incómodo para la Junta, hasta el punto de que ha intentado aniquilarlo con el acoso laboral que alentaron sus superiores. Montes fue humillado, vejado, le abrieron expedientes injustificados para amedrentarle e incluso levantaron un tabique para aislarlo del resto de compañeros, hasta dejarlo literalmente emparedado en una oficina, según recoge el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de marzo de 2012 del que viene informando EL MUNDO.

  Sin embargo, en vez de pedir el traslado, el funcionario no ha dejado de reclamar que le dejen trabajar, a pesar de que hasta una veintena de superiores se lo impedía. No sólo no ha mirado hacia otro lado, sino que ha dado el paso de poner en conocimiento de la juez todo el rosario de irregularidades que ha constatado.

  Las más llamativas son el cobro de comisiones de hasta el 20% por parte de UGT y CCOO a las empresas a las que subcontrataban para los cursos, o el trato privilegiado que la Junta le ha dado a los sindicatos y al entramado empresarial del ex consejero de la JuntaÁngel Ojeda, imputado en este caso tras recibir unos 50 millones de euros en ayudas de forma irregular.

  También declaró ante Alaya que el dinero de los cursos para parados ha servido para costear los autobuses desplazados por UGT y CCOO desde Andalucía a Madrid, en la primera huelga general contra el Gobierno de Aznar en 2002, según constató el funcionario en los expedientes que manejó en su etapa en la antigua Consejería de Asuntos Sociales.

  El calvario de Montes, que lleva 44 años como funcionario, se desencadenó a partir del 31 de octubre de 2009, cuando se reincorporó a su puesto de jefe de departamento de Gestión de Formación Profesional Ocupacional (FPO) en la Delegación en Sevilla de la antigua Consejería de Empleo, tras nueve meses trabajando con una ONG en Ecuador.

  «Al regresar, no se le reintegró a sus funciones, que eran las propias del jefe del departamento de gestión de FPO. Al contrario, no se le devolvió a su despacho, que había sido ocupado durante su ausencia por otro funcionario, no asignándole a él función alguna, pese a que lo solicitó en reiteradísimos escritos», explica el fallo del TSJA.

  Tras analizar los testimonios y el material probatorio del acoso, la conclusión de los magistrados del TSJA es demoledora: «Por los superiores jerárquicos del funcionario y con la intención de que éste pidiera su traslado a otro departamento, se le hizo objeto de un trato vejatorio, discriminatorio, alienante y humillante, consistente, fundamentalmente, no ya en no adjudicarle las funciones propias del jefe del departamento de gestión de FPO, sino en apartarle de cualquier función del departamento e, incluso, en ubicarle físicamente en un habitáculo inapropiado para despacho», afirma el fallo.

  Pero, ¿por qué los superiores querían apartar a Montes? El funcionario había denunciado internamente numerosas irregularidades y se había negado a firmar certificados de cursos que no se impartieron. La actual delegada en Sevilla de Economía y Empleo, Aurora Cosano, obligó a Montes a firmar diplomas de 25 cursos fantasma de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), declaró el testigo ante Alaya. Cosano figura entre la veintena de altos cargos y jefes de servicio que impidieron «intencionadamente» desarrollar su trabajo al funcionario, según su testimonio ante la juez.

  Esta alto cargo del Gobierno que preside la socialista Susana Díaz es una de las que han anunciado que se querellarán contra el funcionario, junto a CCOO y la Fundación Andaluza para la Integración Social del Enfermo Mental, Faisem, lo que ha motivado la reacción de Alaya y de la Fiscalía amparando al testigo.

  En la última comparecencia de Montes, la juez dijo que no consentiría «presiones y coacciones» a Montes y el fiscal pidió que se le aplicaran las medidas previstas en la Ley de Protección de Testigos y Peritos, para asegurar la «integridad» del funcionario y su familia. Tras ello, Alaya ha prohibido a los medios de comunicación difundir imágenes del funcionario.

  Fuentes cercanas a Montes admiten que éste siente miedo, aunque ha logrado su objetivo: poner en conocimiento de la autoridad judicial el gigantesco fraude de la formación.

  En el interrogatorio de más de 31 horas repartidas en ocho días, el funcionario ha admitido que, «tras seis o siete años esperando que alguien le oyera, llegó a las puertas de este juzgado para formular denuncia». De ahí fue derivado a la Guardia Civil. Y Alaya empezó a tirar del hilo hasta poner bajo sospecha más de una década de cursos de formación de la Junta. Y el calvario de Montes -con «depresión y sufrimiento moral inmerecido e injustificado», dice el TSJA- se vuelve como un bumerán.

  
  
  
  

  Recolocan a un imputado de los ERE en una fundación

  La Universidad de Málaga (UMA) va a recolocar a Antonio Lozano, el ex viceconsejero de Presidencia de la Junta de Andalucía imputado en el caso ERE, en la Fundación Andalucía Tech, en la que también participa la Universidad de Sevilla, atendiendo a «su trayectoria institucional y a las relaciones que puede tener con empresas andaluzas». Lozano no volverá a sus clases de la Facultad de Económicas de Málaga y, si se aprueba la resolución de la rectora, Adelaida de la Calle, en el Consejo de Gobierno de hoy de la UMA, será parte de Andalucía Tech «para ejecutar el programa de desarrollo de los polos de excelencia del proyecto Campus de Excelencia Internacional». Detrás, no hay un plan de trabajo más allá de las relaciones labradas como viceconsejero. BERTA GONZÁLEZ DE VEGA