lunes, 6 de octubre de 2014

Caso Matsa; con el tiempo todo se descubre. La verdad siempre sale a flote, como la gota de aceite en el vaso de agua........igual ocurrirá con la Reordenación del sector público, una Ley para consolidar una Administración instrumental y paralela = la Administración del Régimen.

Matsa-landia.


Viñeta. Martínez
Con la Reordenación el Sector Público y la designación laboral digital y juntera, pasará igual; y en sede judicial se verá que estos Sres. de la Administración paralela e instrumental,  no pueden ni deben hacer potestades ni funciones públicas.......¿Un presunto delito de usurpación de funciones públicas que permite la Junta.... ?




CASO MATSA La Junta evidencia que Chaves mintió dos veces en el Congreso 

  • Afirmó que «se comprobó» que Matsa no había iniciado en 2007 la obra subvencionada.
  • La Junta reclama ahora el dinero porque la planta se construía antes de pedir la ayuda

Manuel Chaves, durante una reciente reunión del Grupo Parlamentario...
Manuel Chaves, durante una reciente reunión del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso. BERNARDO DÍAZ



CORRUPCIÓN POLÍTICA Las subvenciones de la Junta Caso Matsa: Los avisos que la Junta desoyó.
  •  El Gobierno andaluz descubre la irregularidad en la subvención a la empresa en la que trabaja la hija de Chaves cinco años después de que EL MUNDO destapara el caso


http://www.elmundo.es/andalucia/2014/10/06/54324f56e2704ea81e8b4571.html

http://www.elmundo.es/andalucia/2014/10/06/543249bb22601da51d8b456d.html

http://www.elmundo.es/andalucia/2014/10/05/54310578e2704e065f8b456c.html

CASO MATSA

La Junta evidencia que Chaves mintió dos veces en el Congreso


  • Afirmó que «se comprobó» que Matsa no había iniciado en 2007 la obra subvencionada

  • La Junta reclama ahora el dinero porque la planta se construía antes de pedir la ayuda

Manuel Chaves, durante una reciente reunión del Grupo Parlamentario...
Manuel Chaves, durante una reciente reunión del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso. BERNARDO DÍAZ



El actual diputado socialista por Cádiz y ex presidente de la Junta, Manuel Chaves, no dijo la verdad al pleno del Congreso en al menos dos ocasiones durante la pasada legislatura cuando defendió la plena legalidad del polémico incentivo de casi 10,1 millones de euros que aprobó a favor de la empresa minera en la que trabajaba como apoderada su hija, a la que ahora el Gobierno andaluz de Susana Díaz le reclama la devolución íntegra de la ayuda multimillonaria por irregularidades corroboradas por la Intervención General y que fueron conocidas y despreciadas desde un principio por los sucesivos ejecutivos autonómicos de Chaves y José Antonio Griñán.
En concreto, y a través de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), la Junta exige ahora a la sociedad anónima Minas de Aguas Teñidas (Matsa) el reintegro de 11.832.868,40 euros a las arcas autonómicas, que se corresponden con la totalidad de la subvención para construir una planta transformadora de mineral en la pedanía andevaleña de Valdelamusa más los intereses acumulados desde su concesión. El motivo de la reclamación es que, como ya advirtiera el Ministerio de Industria en 2008, se ha corroborado que la empresa había empezado las obras antes de solicitar el 11 de octubre de 2007 el incentivo, lo que deja a Chaves a los pies de los caballos.
En su calidad de vicepresidente tercero del último Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, el ex presidente andaluz negó expresamente ante el Congreso de los Diputados -durante la sesión de control celebrada el 10 de junio de 2009, donde fue interpelado por el actual líder del PP andaluz, Juan Manuel Moreno- que Matsa se hubiera beneficiado de trato de favor alguno porque «el proyecto se declaró incentivable en octubre del año 2007 y previamente se comprobó que no se había iniciado».
La palabra de Chaves queda desmentida por partida doble: ahora, con los motivos esgrimidos por la Agencia IDEA para reclamar la devolución íntegra del incentivo; y hace cinco años, por un compañero de gabinete como el ex ministro Miguel Sebastián, quien el 17 de junio de 2009 reconoció en el Congreso -también a preguntas del hoy líder del PP-A, Moreno Bonilla- que denegó en 2008 la ayuda a Matsa para la planta subvencionada por la Junta porque la normativa imponía que «en el momento de solicitar la ayuda [que Aguas Teñidas formalizó ante el Ministerio el 20 de julio de 2007] el proyecto no se encuentre aún iniciado».
Chaves faltó además a la verdad en el Congreso cuando afirmó que «es rotundamente falso que mi hija haya tenido participación en el procedimiento de solicitud y aprobación de ese incentivo, ni como apoderada ni como nada». El antiguo apoderado de Matsa Francisco Javier López Rubio ya admitió a EL MUNDO que ponía a la hija de Chaves «en copia de los expedientes» para su supervisión y validación. «Evidentemente, siendo abogado como soy y trabajando en tramitación de ayudas en confección de expedientes, se ha trabajado con ella, porque era la responsable jurídica de Matsa», declaró López Rubio.
Descubierto aquel primer engaño, el ex presidente de la Junta optó por enrocarse. Al ser interpelado otra vez por Juan Manuel Moreno el 2 de diciembre de 2012, Chaves se mantuvo en sus trece alegando que el ex apoderado de Matsa había rectificado a este diario negando haber hecho declaraciones a ningún periodista de EL MUNDO, algo que quedó desmentido en cuanto se colgaron los audios de la conversación en la web del diario.

El líder del PP-A replicó, casi a modo de maldición: «Señor Chaves, se lo digo con el máximo respeto y sin ninguna acritud: ¿hasta cuándo va a sostener esta gran mentira? El tiempo se le acaba. Y o dice la verdad o tendrá que dedicar el resto de su carrera política a inventar nuevas falsedades para tapar la gran mentira que ha dicho en esta Cámara».

CORRUPCIÓN POLÍTICA Las subvenciones de la Junta

Caso Matsa: Los avisos que la Junta desoyó


  • El Gobierno andaluz descubre la irregularidad en la subvención a la empresa en la que trabaja la hija de Chaves cinco años después de que EL MUNDO destapara el caso

  • Contra toda evidencia, la Junta de Andalucía pretende convencer ahora a la opinión pública de que acaba de reparar, durante una revisión técnica rutinaria, en que la compañía minera Matsa -donde trabaja como máxima responsable del departamento jurídico Paula Chaves Iborra, la hija del ex presidente andaluz Manuel Chaves- no tenía derecho a recibir el incentivo de 10,1 millones de euros que le otorgó en 2009 para la construcción de una planta de tratamiento de mineral en la pedanía andevaleña de Valdelamusa, por la sencilla razón de que pidió la ayuda a la Administración autonómica con las obras del proyecto ya iniciadas, un dato que desveló EL MUNDO al destapar el caso Matsa hace cinco años.
    El bipartito que preside Susana Díaz justifica la reclamación de la devolución íntegra de la subvención al súbito descubrimiento, por parte de los verificadores de las ayudas europeas adscritos a la Intervención General de la Junta, de que Matsa estaba construyendo su planta transformadora antes de solicitar el incentivo al último Ejecutivo presidido por Manuel Chaves. La explicación sería plausible si no hubieran desoído, una tras otra, todas las alertas sobre la existencia de esta irregularidad flagrante. Alertas que, además, procedían tanto de propios como de extraños, porque no sólo desde el PP se previno al Gobierno andaluz de las fallas del procedimiento de concesión de la controvertida ayuda.

    BOLETÍN OFICIAL.

    El primer y principal aviso apareció publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 7 de mayo de 2008, cuando el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio -que dirigía entonces el socialista Miguel Sebastián- publicaba la denegación definitiva de la subvención a Matsa para su planta de Valdelamusa por «no cumplir con el requisito de no iniciar las inversiones antes de la presentación de la solicitud de la ayuda», explícitamente. ¿Cuándo había formalizado su petición la sociedad Minas de Aguas Teñidas ante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero? El 20 de julio de 2007. ¿Y ante la Junta de Andalucía? Tres meses más tarde, concretamente el 11 de octubre de 2007. Puede sonar a perogrullada advertir que unas obras que el Ministerio certifica que están iniciadas antes de julio, en ningún caso puede mantenerse que arrancaron después de octubre. Sin embargo, y pese a la complejidad técnica que comporta cualquier proyecto minero, la Junta tardó tan sólo siete días naturales en autorizar a Matsa el inicio de la inversión que acabaría incentivando. «Esto no es celeridad administrativa: esto es Fernando Alonso en recta de tribunas», describió irónicamente el ex parlamentario onubense del PP José Luis Rodríguez.

    DENUNCIA PERIODÍSTICA.

    El 26 de mayo de 2009, EL MUNDO destapaba la ayuda multimillonaria otorgada por el Gobierno andaluz a Aguas Teñidas, resaltando el hecho de que Manuel Chaves no se hubiera inhibido en el Consejo de Gobierno que ratificó la concesión de la ayuda pese a que, estando ejerciendo ya su hija de apoderada de Matsa, la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos de Administración de la Junta obligaba al presidente andaluz a no intervenir en el asunto
    Al día siguiente, el 27 de mayo, este diario detallaba que el Ministerio de Industria -en concreto, a través del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras- había denegado el incentivo a la planta porque las obras de construcción estaban ya iniciadas, contraviniendo el apartado sexto de la orden ministerial de 12 de abril de 2007.
    La orden autonómica de 19 de abril de 2007, donde se regulaban los incentivos a la minería andaluza, calcaba la normativa estatal. Por lo tanto, prohibía también incentivar proyectos ya iniciados como el de Matsa.
    Sin embargo, la historia es por todos conocida: el 4 de junio de 2010, prácticamente un año después de que EL MUNDO desvelara la irregularidad, la Junta ingresaba en la cuenta corriente de la compañía minera los casi 10,1 millones de euros cuyo reingreso reclama ahora con intereses.

    PALABRA DEL MINISTRO.

    Por si quedaba alguna duda de que la ayuda debió abortarse en un primer momento, el propio ex ministro Miguel Sebastián la terminaba de disipar cuando el 17 de junio de 2009 confirmó de viva voz en el Congreso de los Diputados que, primero, Matsa había solicitado una ayuda para «continuar con la construcción» de la planta de tratamiento de mineral que levantaba en la pedanía onubense de Almonaster la Real; y, segundo, que la normativa estatal exigía que «en el momento de solicitar la ayuda el proyecto no se encuentre aún iniciado». Negro sobre blanco: antes del 20 de julio de 2007 tenía que estar la obra en marcha, aunque Matsa basa el recurso contencioso administrativo que interpuso el pasado 1 de julio contra la resolución de reintegro de la Agencia IDEA en que «no queda acreditado que se hayan iniciado los trabajos antes de la fecha debida».

    AVISOS PARLAMENTARIOS.

    En tres ocasiones el PP alertó al Gobierno andaluz en el pleno del Parlamento de la contradicción de las resoluciones del Ministerio de Industria y la Consejería de Economía. En concreto, fue en las sesiones del 14 de mayo, 10 de junio y 25 de junio de 2009, en las que el entonces consejero Martín Soler obvió por completo las referencias a que la planta de tratamiento se estaba construyendo antes de que Matsa solicitara el incentivo a la Junta. «Parece que aquí hay algo raro», le recriminó el antes ya citado José Luis Rodríguez en mayo. A finales de junio, tanto el PP como IU -por boca del hoy vicepresidente del bipartito, Diego Valderas- pidieron una comisión de investigación sobre el caso Matsa, pero el PSOE la vetó con su mayoría absoluta. La séptima razón esgrimida por los populares, que «el Gobierno de la nación, al mismo proyecto sí le deniega la ayuda, argumentando el inicio de la actividad. Sin embargo, aquí en Andalucía lo que se hace es mirar para otro lado», denunció Antonio Sanz. Y la Junta ahora se quiere hacer la nueva


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