martes, 9 de septiembre de 2014

Monteseirín dio una VPO en alquiler a la mujer de un alto cargo municipal = ¿La familia lo primero?

Firmó el alquiler Luis Vargas, ahora director general de la Junta 


 Es asesor jurídico del partido y miembro del Comité de Ética El alto cargo socialista firmó el 22 de enero con Emviesa y su mujer el contrato de arrendamiento del piso de protección oficial por 364 euros al mes, que entre 2010 y 2014 se le rebajó a 267,15 euros. Como asesor municipal ganaba cuando se le adjudicó el piso unos 60.000 euros. En su declaración de bienes como alto cargo de la Junta de Andalucía sólo figura un saldo en cuentas corrientes de 2.500 euros y un turismo por valor de 7.000.



POLÍTICA
Monteseirín dio una VPO en alquiler a la mujer de un alto cargo municipal
Firmó el alquiler Luis Vargas, ahora director general de la Junta
Es asesor jurídico del partido y miembro del Comité de Ética
El Ayuntamiento de Sevilla otorgó en 2006 una VPO en régimen de alquiler con opción a compra en Pino Montano a la mujer de Luis Vargas, un dirigente socialista que entonces era director general de Medio Ambiente.
La empresa municipal de la Vivienda, Emvisesa, celebró un sorteo en noviembre de 2006 en el que resultó seleccionada la mujer del entonces asesor municipal, que desde 2012 es director general de Coordinación de Políticas Migratorias de la Junta de Andalucía, gracias a su vinculación política con la presidenta de la Junta, Susana Díaz.
Vargas ha ejercido de asesor jurídico del PSOE de Sevilla cuando Díaz lo dirigía e incluso se ha encargado de supervisar casos como el de las facturas falsas del distrito Macarena, Mercasevilla los ERE. Además, es miembro del Comité de Ética y Garantías del PSOE-A.
Trabajó como consejero técnico en la Delegación del Gobierno de Andalucía (1995) y fue técnico en el Gabinete de Análisis y Relaciones Institucionales de la Presidencia de la Junta de Andalucía (1996-99). Luego pasó al Ayuntamiento de Sevilla, primero como jefe del gabinete del grupo socialista (1999-2003) -coincidiendo con Susana Díaz como concejal y Alfredo Sánchez Monteseirín como alcalde- después como director municipal de Medio Ambiente (2003-2006), para luego ocuparse de la dirección técnica de la presidencia del pleno. El 1 de agosto de 2007 cesó para empezar a trabajar en la Diputación de Sevilla, como asesor de Fernando Rodríguez Villalobos, hombre de confianza de Susana Díaz en la provincia.
Se da la circunstancia de que Vargas es, además, padrastro de María Charpín, militante socialista imputada en el caso de las facturas falsas de UGT que no ha sido expulsada del partido. Según los atestados de la Guardia Civil, Charpín tuvo un grado de implicación muy importante en la presunta contabilidad irregular de UGT-A, ya que fue «conocedora y valedora» de la instalación del programa informático Spyro que sistematizó tanto el polémico bote con el que el sindicato rebañaba las subvenciones de la Junta como las comisiones o rápeles que se les exigían a los proveedores habituales en las facturas costeadas con ayudas públicas.
A pesar de las graves acusaciones que pesan sobre ella y las promesas de medidas contra la corrupción de Susana Díaz, Charpín continúa en en partido bajo la 'protección' de Vargas.
El alto cargo socialista firmó el 22 de enero con Emviesa y su mujer el contrato de arrendamiento del piso de protección oficial por 364 euros al mes, que entre 2010 y 2014 se le rebajó a 267,15 euros. Como asesor municipal ganaba cuando se le adjudicó el piso unos 60.000 euros.
En su declaración de bienes como alto cargo de la Junta de Andalucía sólo figura un saldo en cuentas corrientes de 2.500 euros y un turismo por valor de 7.000.
La vivienda consta de 68,39 metros cuadrados y tiene garaje y trastero. Forma parte de los 220 pisos protegidos construidos por Emvisesa en los sectores de Pino Montano y Aeropuerto Viejo.
En principio, en el Ayuntamiento de Sevilla descartan que haya algún tipo de incompatibilidad legal en que un alto cargo municipal firme el alquiler de una vivienda de promoción oficial durante su ejercicio.


Por su parte, el director general de Políticas Migratorias se ha negado a atender los requerimientos de este periódico para recoger su versión.

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