TAMBIÉN A LA CONSEJERA MAR MORENO
La juez Mercedes Alaya a su llegada hoy al Juzgado de Sevilla
Y por otro.....Ojo al dato o ¿un letrado de la Junta, siguiendo instrucciones politicas en sus informes?
La juez incluye cuatro expedientes más y eleva el número de acusados hasta los 227. a en noviembre de 2011, cuando el diputado socialista Manuel Recio era consejero de Empleo. La juez achaca al abogado que actuó siguiendo “de manera indiciaria las instrucciones políticas” del viceconsejero dAlaya acusa al jefe de la asesoría jurídica de la antigua Consejería de Empleo Antonio Lamela de malversación y prevaricación por haber redactado un informe que sustentó una subvención a los Astilleros de Huelve entonces Justo Mañas, para sustentar una ayuda concedida al margen de la orden de la Junta que regulaba “la concesión de subvenciones sociolaborales”, según el auto de Alaya del pasado jueves.
La instructora critica con dureza al abogado por utilizar el “peregrino argumento” de que las subvenciones sólo podían pedirlas los trabajadores y no las empresas, como sucedía en el caso de Astilleros, para que pudiera indemnizar los despidos que estaba ejecutando. Alaya insiste en su censura y acusa a Empleo a través de una ayuda “que fue aprobada por el Consejo de Gobierno”: “El razonamiento era cuanto menos paradójico, pues resultaba que la Consejería de Empleo había estado más de diez años negando que la beneficiaria de las ayudas fuera la empresa, y ahora se esgrimía ese argumento para negar la aplicación de la normativa reguladora”, concluye la instructora. “Se omitió deliberadamente el procedimiento aplicable”, añade.
.jpg)
http://www.elconfidencial.com/espana/2014-09-08/alaya-comunica-al-intocable-zarrias-que-le-imputa-por-malversacion-en-los-ere_187371/#
Por un lado una funcionaria pública, defendiendo con profesionalidad el interés general de todos los ciudadanos.
Y por otro.....Ojo al dato o ¿un letrado de la Junta, siguiendo instrucciones politicas en sus informes?
Alaya imputa a un abogado de la Junta y a 19 nuevos intrusos en el ‘caso ERE’.
La juez incluye cuatro expedientes más y eleva el número de acusados hasta los 227. a en noviembre de 2011, cuando el diputado socialista Manuel Recio era consejero de Empleo. La juez achaca al abogado que actuó siguiendo “de manera indiciaria las instrucciones políticas” del viceconsejero dAlaya acusa al jefe de la asesoría jurídica de la antigua Consejería de Empleo Antonio Lamela de malversación y prevaricación por haber redactado un informe que sustentó una subvención a los Astilleros de Huelve entonces Justo Mañas, para sustentar una ayuda concedida al margen de la orden de la Junta que regulaba “la concesión de subvenciones sociolaborales”, según el auto de Alaya del pasado jueves.
La instructora critica con dureza al abogado por utilizar el “peregrino argumento” de que las subvenciones sólo podían pedirlas los trabajadores y no las empresas, como sucedía en el caso de Astilleros, para que pudiera indemnizar los despidos que estaba ejecutando. Alaya insiste en su censura y acusa a Empleo a través de una ayuda “que fue aprobada por el Consejo de Gobierno”: “El razonamiento era cuanto menos paradójico, pues resultaba que la Consejería de Empleo había estado más de diez años negando que la beneficiaria de las ayudas fuera la empresa, y ahora se esgrimía ese argumento para negar la aplicación de la normativa reguladora”, concluye la instructora. “Se omitió deliberadamente el procedimiento aplicable”, añade.
TAMBIÉN A LA CONSEJERA MAR MORENO
Alaya comunica al 'intocable' Zarrías que le imputa por malversación en los ERE
La juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo(ERE) irregulares ha comunicado la existencia del procedimiento "en calidad de imputados" a los exconsejeros de Presidencia de la Junta de AndalucíaGaspar Zarrías y Mar Moreno en un auto en el que considera que existen indicios "de cierta consistencia o solidez sobre la posible responsabilidad de ambas señorías" en presuntos delitos continuados de malversación y prevaricación.
En un auto dictado el pasado 4 de septiembre pero notificado este lunes a las partes, al que ha tenido acceso Ep, la juez Mercedes Alaya recuerda que el pasado mes de agosto elevó una exposición razonada al Tribunal Supremo por lo indicios existentes contra los expresidentes de la Junta, Manuel Chaves y José Antonio Griñán y siete exconsejeros, entre ellos los mencionados Gaspar Zarrías y Mar Moreno, todos los cuales son aforados.
La magistrada, no obstante, ha acordado continuar con la instrucción de la causa "hasta tanto no resuelva el Tribunal Supremo lo procedente sobre su competencia y atendiendo al tiempo que puede transcurrir hasta dicha decisión", y en ese marco decide comunicar a Zarrías y Moreno la existencia del procedimiento, "en calidad de imputados", a tenor del artículo 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, así como el contenido de la exposición razonada.
Según añade la juez, el párrafo segundo del artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dispone que "la admisión de denuncia o querella y cualquier actuación procesal de la que resulte la imputación de un delito contra persona o personas determinadas, será puesta inmediatamente en conocimiento de los presuntos inculpados...", añadiendo que el artículo 118 bis de la misma Ley "obliga a actuar con las mismas cautelas cuando se trate de aforados sin perjuicio de la posible competencia del Tribunal Supremo".
Conferencia susana díaz 'un nuevo tiempo para andalucía'
La juez relata que, en la exposición razonada elevada al Supremo, "se exponen indicios que pudieran incriminar a dos aforados a los que por la evolución de la investigación llevada a cabo en este Juzgado de Instrucción no se le comunicó la existencia del procedimiento", lo que sí hizo con el resto de aforados señalados por medio de un auto dictado el 18 de diciembre de 2013. "Nos referimos a Gaspar Zarrías, diputado por la provincia de Jaén, y a María del Mar Moreno, parlamentaria andaluza por la provincia de Almería", dice la magistrada.
Seguidamente, agrega que "siendo la mencionada exposición, actuación procesal en la que se han objetivado indicios de cierta consistencia o solidez sobre la posible responsabilidad de ambas señorías por presuntos delitos continuados de malversación y prevaricación, y pudiendo el Tribunal Supremo tardar algún tiempo en resolver lo procedente sobre su competencia, resulta procedente comunicar a ambos la existencia de la presente investigación y el contenido de la citada exposición".
Y ello "por dos razones fundamentales: la primera, porque pudieran resultar en el futuro inculpados por el tribunal superior, y la segunda, para otorgarles expresamente ahora, mediante la presente resolución, 'la facultad de asumir la condición de parte', posibilitándoles el traslado de las actuaciones y la participación en las diligencias que se practiquen, así como la petición de todas aquéllas que consideren convenientes para sus intereses, inclusive las que hayan tenido lugar y guarden relación con ellos".
La juez, por último, libra exhortos al Tribunal Supremo y al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) "para que a través de los mismos se dé cumplimiento a la presente resolución"
Alaya imputa a un abogado de la Junta y a 19 nuevos intrusos en el ‘caso ERE’
La juez incluye cuatro expedientes más y eleva el número de acusados hasta los 227
La juez Mercedes Alaya ha imputado en el caso ERE a un abogado de la Junta de Andalucía y a 19 intrusos incluidos en cuatro expedientes de las empresas Hitemasa, Samec, Primayor e Inverjaén. De este modo, la magistrada eleva el número de imputados a las 227 personas y prosigue con la instrucción del sumario a pesar de que elevó el caso al Tribunal Supremo para que se pronuncie sobre la supuesta implicación de nueve aforados, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
Alaya acusa al jefe de la asesoría jurídica de la antigua Consejería de Empleo Antonio Lamela de malversación y prevaricación por haber redactado un informe que sustentó una subvención a los Astilleros de Huelva en noviembre de 2011, cuando el diputado socialista Manuel Recio era consejero de Empleo. La juez achaca al abogado que actuó siguiendo “de manera indiciaria las instrucciones políticas” del viceconsejero de entonces Justo Mañas, para sustentar una ayuda concedida al margen de la orden de la Junta que regulaba “la concesión de subvenciones sociolaborales”, según el auto de Alaya del pasado jueves.
La instructora critica con dureza al abogado por utilizar el “peregrino argumento” de que las subvenciones sólo podían pedirlas los trabajadores y no las empresas, como sucedía en el caso de Astilleros, para que pudiera indemnizar los despidos que estaba ejecutando. Alaya insiste en su censura y acusa a Empleo a través de una ayuda “que fue aprobada por el Consejo de Gobierno”: “El razonamiento era cuanto menos paradójico, pues resultaba que la Consejería de Empleo había estado más de diez años negando que la beneficiaria de las ayudas fuera la empresa, y ahora se esgrimía ese argumento para negar la aplicación de la normativa reguladora”, concluye la instructora. “Se omitió deliberadamente el procedimiento aplicable”, añade.
Mientras, después de que la Guardia Civil entregara hace una semana los atestados de cuatro empresas, Alaya ha imputado a 19 intrusos en función de los indicios recabados por los agentes.
Por el ERE de Hitemasa de 2004 para 191 trabajadores y que costó 32 millones, Alaya ha imputado a cinco personas, entre ellas los presidentes del Consejo de Administración Manuel Márquez y Antonio Moreno. Además, la juez acusa a los consejeros Francisco Naranjo del Río, Juan González González, Amparo Alarcón López y Guillermo Valderrama, además de cuatro intrusos que elevaron de manera supuestamente artificial el ERE hasta las 195 personas. Alaya subraya que como presidente, Márquez recibiera “un trato especial y diferenciado” junto a sus consejeros respecto al colectivo de trabajadores de la firma por una suma de 167.398 euros. La juez destaca cómo los directivos fueron los más beneficiados por las indemnizaciones del ERE. Asimismo, la juez amplía la imputación que recae sobre cinco ex altos cargos de las consejerías de Empleo, Innovación y la agencia Idea, además de la consultora Vitalia, que recibió seis millones por su gestión en el ERE. Alaya ha imputado asimismo a los directivos de la empresa Samec, Marcos Guerra y Rodolfo Verginella, y a los tres exdirectivos de Primayor Luis Sobrino, Felipe Monforte, Ramón Portal.
Por último, en otro auto la instructora ha comunicado a los parlamentarios y exconsejeros Gaspar Zarrías y Mar Moreno su señalamiento en el caso y les comunica el artículo 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El auto dictado el pasado jueves llega tres semanas después de la exposición razonada que Alaya remitió al Supremo, en el que ya ambos cargos estaban señalados.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Identifícate para poner comentarios.
Los comentarios solo se podrán poner durante unos días...