Las practicas junteras: Antonio Rivas 'falsificó' documentos oficiales para burlar los controles de las subvenciones.

INVESTIGACIÓN JUDICIAL. Descontrol en la gestión de los fondos públicos 

• La Guardia Civil sitúa al imputado por los ERE en el centro de la trama de ayudas ilegales.
• El ex delegado de Empleo y director general del SAE falseaba certificados

¿Quien combate, hasta la fecha,  el «crimen organizado en sus manifestaciones más graves» por incumplimiento de la legalidad?

Y como las cosas no pasan  por casualidad; todo esto ocurre en el SAE = Administración instrumental y paralalela = Administración del Régimen.

 ¿¿el fraude que pagamos todos...???

http://www.elmundo.es/andalucia/2014/09/23/542076bfe2704e2e2f8b457c.html

IINVESTIGACIÓN JUDICIAL Descontrol en la gestión de los fondos públicos

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  Antonio Rivas 'falsificó' documentos oficiales para burlar los controles de las subvenciones

  • La Guardia Civil sitúa al imputado por los ERE en el centro de la trama de ayudas ilegales

  • El ex delegado de Empleo y director general del SAE falseaba certificados

  
  

  Antonio Rivas, en los juzgados acompañado de su abogado, Jon Ander Sánchez JESÚS MORÓN

  
  

• La Junta de Andalucía no se limitó a desactivar los controles internos para dar ayudas ilegales a discreción a entidades como la Asociación San Juan Grande de Carmona. La investigación de la Guardia Civil, a raíz de la cual se han destapado nuevas prácticas irregulares en la Consejería de Empleo, ha revelado que llegaban a falsificarse documentos oficiales al objeto de dar apariencia de legalidad a los expedientes administrativos. Y en el centro de la trama los investigadores del instituto armado han situado a uno de los protagonistas principales del mayor escándalo de corrupción de la historia de la comunidad andaluza, el de los ERE: Antonio Rivas, ex delegado de Empleo en Sevilla y ex director general del Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

  Los expertos del Equipo de Delincuencia Económica de la Guardia Civil acusan a Rivas de expedir certificados falsos de justificación de subvenciones ya concedidas. Por medio de estos documentos, entidades como San Juan Grande -que no justificaba sistemáticamente las ayudas que recibía- podían seguir recibiendo dinero público, ya que certificaban que el dinero se había empleado en el destino previsto aunque no fuera cierto.

  El nombre de Antonio Rivas aparece en el informe remitido por el instituto armado el pasado mes de julio al Juzgado de Instrucción número 5 de Sevilla en el que constata algo más que una dejación de funciones en el control de las ayudas concedidas (cuatro) a San Juan Grande y desvela un modus operandi destinado a desactivar los controles de las subvenciones para otorgarlas discrecionalmente. En concreto, como adelantó EL MUNDO de Andalucía, se trataba dedejar pasar los plazos en los expedientes de reintegro que se iniciaban cada vez que no se justificaba una subvención para que, de esta forman, nunca se llegase a reclamar el dinero y la entidad afectada no perdiese la consideración de «subvencionable» a pesar de que no lo era en virtud de la Ley General de Subvenciones de 2003.

  Sin justificar

  Los investigadores, al analizar las ayudas concedidas por la Consejería de Empleo a la Asociación San Juan Grande, han hallado al menos una certificación en la que se acreditaba que una de las subvenciones recibidas por la ONG había sido aplicada a la finalidad para la que se concedió cuando la realidad es que, señala literalmente el informe de la Guardia Civil, «nunca se justificó ni un solo euro». De hecho, cuentan, se llegó a abrir un procedimiento administrativo para exigir el reintegro del dinero que, como en el resto de los casos, no llegó a exigir la devolución de la ayuda porque se dejaron pasar los plazos legales y caducó, lo que obligó a reiniciar todos los trámites.

  Todo ello, subrayan, podría constituir un delito de falsedad en documento público, castigado por el Código Penal con penas de entre tres y seis años de cárcel, además de la inhabilitación.

  El firmante de esta certificación, según detallan los agentes del Equipo de Delincuencia Económica, no fue otro que Antonio Rivas. Su rúbrica aparece en un documento fechado el 9 de abril de 2008 vinculado al expediente de subvención SE/IG/0106/2007, uno de los cuatro en los que la Guardia Civil encontró irregularidades mientras investigaba una macro estafa cometida supuestamente por los responsables de la Asociación San Juan Grande con más de un centenar de afectados en Carmona.

  De esta subvención, como han podido comprobar los agentes, la ONG no presentó ni una sola factura que acreditase que había destinado el dinero público recibido de la Consejería de Empleo al fin para el que estaba previsto, la construcción de un centro para enfermos mentales que quedó sin concluir y sin que, hasta el momento al menos, se sepa el destino del dinero que recibió la entidad.

  En el informe en el que el instituto armado señala a Rivas confirma las sospechas que ya había apuntado anteriormente acerca del descontrol de las subvenciones otorgadas por Empleo y respecto a quien fuera delegado en Sevilla, señalan los investigadores que habría cometido, «cuando menos», un delito de falsedad en documento público en calidad de director general del SAE.

  Tw: @Chemarrodriguez

  
  
  
  
  

  Otro ex alto cargo en el punto de mira

  Antonio Rivas no es el único ex alto cargo de la Junta señalado por la Guardia Civil por el descontrol en las ayudas de la Consejería de Empleo. El instituto armado señala especialmente a Javier Aguado, ex secretario general de Empleo, puesto que él tenía capacidad de decidir sobre la tramitación de los expedientes de reintegro que, sucesivamente, se abrieron contra la Asociación San Juan Grande para que devolviese las ayudas que no justificó y que nunca llegaban a ejecutarse porque se dejaban pasar los plazos y caducaban. El ex secretario general de Empleo podría ser, de acuerdo con las conclusiones de los investigadores, uno de los principales responsables de esta práctica irregular que permitió a la Consejería de Empleo seguir dando dinero público a esta ONG a pesar de que no justificaba el gasto. Sin embargo, San Juan Grande nunca tuvo la consideración oficial de «no subvencionable», precisamente porque ninguno de los expedientes de reintegro llegó a término.