FRAUDE EN LOS CURSOS DE FORMACIÓN
La Cámara de Cuentas refleja que el SAE varió el 68% de las resoluciones de concesión iniciales en la etapa en que se dieron gran parte de las ayudas al exconsejero Ojeda (2009-2010)
¿Y todos en Andalucía saben para que se crearon por los junteros los entes instrumentales: SAE, IDEA, INVERCARIA, ,,es vox populi, las razones que justifican la llamada "Administración paralela".....
...para evitar los controles y a los funcionarios públicos que no se doblegan; es simple cuestión de tiempo, paciencia y perseverancia.......
¿Red clientelar con subversión del ordenamiento jurídico para el reparto ilícito de fondos publicos.?
La excepción, hasta la fecha y en Andalucía, en la lucha contra el fraude juntero, sigue siendo la Ilma. jueza Alaya, gracias siempre, que cunda su ejemplo......
ANDALUCÍA / FRAUDE EN LOS CURSOS DE FORMACIÓN
La Junta hizo «trajes a medida» en siete de cada diez expedientes de subvención
La Cámara de Cuentas refleja que el SAE varió el 68% de las resoluciones de concesión iniciales en la etapa en que se dieron gran parte de las ayudas al exconsejero Ojeda (2009-2010)
En el 70% de las subvenciones de formación para el empleo concedidas por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de la Junta de Andalucía durante los años en que se dieron casi todas las ayudas a las empresas del exconsejero Ángel Ojeda, fueron modificados los expedientes de resolución inicial de concesión (los que sirven para argumentar que el dinero público se concede, por qué se concede y cómo se concede). En su contenido o en sus plazos, pero siete de cada diez fueron variadas en su base, según apunta el informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía realizado sobre las subvenciones de 2009 y 2010 y en el que se apuntan numerosas irregularidades en ese proceso. En ciertos casos y subvenciones «podrían derivarse responsabilidades administrativas y contables». Muchas de ellas fueron a las sociedades de Ojeda, al que la Policía Nacional ha estado meses investigando y detuvo hace ahora un mes en Sanlúcar por la fraudulenta gestión de las millonarias ayudas recibidas (en torno a 50 millones).
En dicho informe, la institución cameral refleja que «en el 68% de los expedientes revisados se ha modificado la resolución inicial de concesión, afectando dichas modificaciones en el 75% al contenido o forma de ejecución de la actividad subvencionada, en el 72% al plazo de ejecución (y consecuentemente al de justificación) y en el 15% a la ampliación específica del plazo de justificación de los gastos subvencionados. El plazo de ejecución se ha llegado a demorar hasta 15 meses y 5 meses el de justificación». A esto, la Cámara añade que «estas modificaciones están previstas para circunstancias excepcionales o de fuerza mayor que alteren, dificulten o imposibiliten el desarrollo de la actividad subvencionada tal y como fue aprobada y, en todo caso, si no daña los derechos de terceros». Como se aprecia, no se trató, precisamente, de «circunstancias excepcionales».
Es más, en el 51% de los expedientes modificados, la solicitud «no explica de forma detallada las razones que la originan» y en el 25% ésta no se formula con carácter inmediato a la aparición de las circunstancias que la justifican, «tal como establece la orden reguladora». Especialmente ocurre en las solicitudes de ampliación de plazo que se tramitan en fechas muy cercanas a la finalización del periodo de ejecución o bien el de justificación.
Según se indica, en el 28% de los casos, las modificaciones de las acciones formativas subvencionadas fueron acordadas por la Comisión Mixta, sin que fueran aprobadas por el órgano competente(quien dictó la resolución de concesión) mediante la emisión de la correspondiente resolución de modificación. «Las funciones de las comisiones mixtas son de preparación, seguimiento y evaluación de las actuaciones derivadas de la resolución de concesión o del convenio; en ningún caso pueden acordar modificaciones, tan solo proponerlas», se destaca al respecto, agregando que «de este hecho pudieran derivarse responsabilidades administrativas».
Por si eso fuera poco, el informe de fiscalización de la Cámara subraya que «de las resoluciones de modificación no siempre se desprenden de forma clara los motivos que justifican los cambios, los cursos cuyo importe disminuye por gasto no realizado, la identificación de las nuevas acciones programadas y la valoración económica. Por otro lado, en 31 expedientes, dicha resolución se emite incumpliendo el plazo de un mes previsto». Toda una amalgama de vericuetos y lagunas en la que resultaba relativamente sencillo, por tanto, «pescar» subvenciones. Como hizo el que fuera alto cargo de la Junta entre 1987 y 1990. Se perfila, de hecho, un sistema de concesión de ayudas «a la carta», con «trajes a medida» en función de cuál fuera el destinatario de la ayuda. Es la línea que sigue la Policía en sus pesquisas.
En 2009, el consejero de Empleo era Antonio Fernández, imputado en la causa de los ERE por la juez Mercedes Alaya, que también ha imputado al que fuera consejero por las ayudas de formación para el empleo en la rama del caso que su juzgado tiene abierta y que deben servir, según su criterio, para centralizar todos los procesos en una sola sala; la suya, claro.
En el 70% de las subvenciones de formación para el empleo concedidas por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de la Junta de Andalucía durante los años en que se dieron casi todas las ayudas a las empresas del exconsejero Ángel Ojeda, fueron modificados los expedientes de resolución inicial de concesión (los que sirven para argumentar que el dinero público se concede, por qué se concede y cómo se concede). En su contenido o en sus plazos, pero siete de cada diez fueron variadas en su base, según apunta el informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía realizado sobre las subvenciones de 2009 y 2010 y en el que se apuntan numerosas irregularidades en ese proceso. En ciertos casos y subvenciones «podrían derivarse responsabilidades administrativas y contables». Muchas de ellas fueron a las sociedades de Ojeda, al que la Policía Nacional ha estado meses investigando y detuvo hace ahora un mes en Sanlúcar por la fraudulenta gestión de las millonarias ayudas recibidas (en torno a 50 millones).
En dicho informe, la institución cameral refleja que «en el 68% de los expedientes revisados se ha modificado la resolución inicial de concesión, afectando dichas modificaciones en el 75% al contenido o forma de ejecución de la actividad subvencionada, en el 72% al plazo de ejecución (y consecuentemente al de justificación) y en el 15% a la ampliación específica del plazo de justificación de los gastos subvencionados. El plazo de ejecución se ha llegado a demorar hasta 15 meses y 5 meses el de justificación». A esto, la Cámara añade que «estas modificaciones están previstas para circunstancias excepcionales o de fuerza mayor que alteren, dificulten o imposibiliten el desarrollo de la actividad subvencionada tal y como fue aprobada y, en todo caso, si no daña los derechos de terceros». Como se aprecia, no se trató, precisamente, de «circunstancias excepcionales».
Es más, en el 51% de los expedientes modificados, la solicitud «no explica de forma detallada las razones que la originan» y en el 25% ésta no se formula con carácter inmediato a la aparición de las circunstancias que la justifican, «tal como establece la orden reguladora». Especialmente ocurre en las solicitudes de ampliación de plazo que se tramitan en fechas muy cercanas a la finalización del periodo de ejecución o bien el de justificación.
Según se indica, en el 28% de los casos, las modificaciones de las acciones formativas subvencionadas fueron acordadas por la Comisión Mixta, sin que fueran aprobadas por el órgano competente(quien dictó la resolución de concesión) mediante la emisión de la correspondiente resolución de modificación. «Las funciones de las comisiones mixtas son de preparación, seguimiento y evaluación de las actuaciones derivadas de la resolución de concesión o del convenio; en ningún caso pueden acordar modificaciones, tan solo proponerlas», se destaca al respecto, agregando que «de este hecho pudieran derivarse responsabilidades administrativas».
Por si eso fuera poco, el informe de fiscalización de la Cámara subraya que «de las resoluciones de modificación no siempre se desprenden de forma clara los motivos que justifican los cambios, los cursos cuyo importe disminuye por gasto no realizado, la identificación de las nuevas acciones programadas y la valoración económica. Por otro lado, en 31 expedientes, dicha resolución se emite incumpliendo el plazo de un mes previsto». Toda una amalgama de vericuetos y lagunas en la que resultaba relativamente sencillo, por tanto, «pescar» subvenciones. Como hizo el que fuera alto cargo de la Junta entre 1987 y 1990. Se perfila, de hecho, un sistema de concesión de ayudas «a la carta», con «trajes a medida» en función de cuál fuera el destinatario de la ayuda. Es la línea que sigue la Policía en sus pesquisas.
En 2009, el consejero de Empleo era Antonio Fernández, imputado en la causa de los ERE por la juez Mercedes Alaya, que también ha imputado al que fuera consejero por las ayudas de formación para el empleo en la rama del caso que su juzgado tiene abierta y que deben servir, según su criterio, para centralizar todos los procesos en una sola sala; la suya, claro.
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